La Criminalización de las personas en tránsito

1 Introducción

Este informe retrata y denuncia las múltiples formas de criminalización de las personas en tránsito en la región del Mediterráneo occidental y el Atlántico, así como los efectos perniciosos que tiene dicha criminalización sobre las vidas de la gente.  No obstante, tenemos que empezar expresando nuestro dolor y nuestra rabia por los acontecimientos del 24 de junio, cuándo docenas de personas -aunque al en un principio se habló de 29 muertes, el número estimado de personas fallecidas y /o  desaparecidas suman más de 100- fueron asesinadas por las fuerzas marroquíes y españolas en la valla fronteriza de Melilla. Alarm Phone entre otros colectivos y organizaciones suscriben el comunicado de AMDH (ir a la sección 3.1).

La masacre del 24 de junio muestra claramente lo que subyace a  detrás de todas las formas de criminalización descritas en este informe: la deshumanización a través de la legitimación del uso de la violencia exacerbada que acaba con numerosas vidas de manera cruel y deliberada.​​​​​ Los acontecimientos del 24 de junio son, como es bien sabido por  las personas exiliadas, parte de una guerra directa contra aquellas que quieren ejercer su derecho  la libertad de circulación en las regiones del Mediterráneo occidental y del Atlántico. Para ello, si eres una persona racializada, te toca resistir a la discriminación, ilegalización, deportación, detención, encarcelamiento y violencia impuestas por el Estado. Este informe demuestra que la implementación de estas prácticas creció tras que el gobierno español respaldara en marzo la ocupación marroquí del Sahara Occidental.

Señalamos varios medios y estrategias que se usan para instrumentalizar, explotar y brutalizar a las personas exiliadas o en movimiento tras ser tachadas de criminales. Nombramos algunas de estas prácticas:

En primer lugar, existen leyes que sirven para castigar toda entrada o salida irregular desde o hacia otro país, como el artículo 25 de la Ley de Extranjería española, que define los requisitos de un ingreso “regular” en el territorio español, o la ley argelina de 2009 que castiga la “salida ilegal” del territorio argelino con una sentencia de dos a seis meses y una multa de 20.000 a 60.000 dinares (ir a la sección 3.5). En segundo lugar, la criminalización de los patrones de barco, cuyas acusaciones están basadas en pruebas de dudosa índole. En cada situación, el patrón no es más que un alma valiente que toma la responsabilidad de  dirigir la embarcación durante la travesía. Estas persecuciones espurias  tratan de ser ejemplos disuasorios. Se hace responsables a las personas que guían la embarcación por rutas que ponen en peligro sus vidas a las que son empujadas por los mismos Estados que tienen la verdadera responsabilidad de destruir esas vidas (ir a la sección 3.2).

En tercer lugar, una vez dentro de la jurisdicción de un estado, hay estrategias para denegar o permitir el acceso a las infraestructuras públicas, para considerar a una persona “legal” o “ilegal”. Uno ejemplo de ello es la tarjeta de residencia marroquí (carte de séjour) (ir a la sección 3.3).

Estas prácticas sirven para dar legitimidad a la violencia de Estado, como por ejemplo la masacre del pasado 24 de junio, o los asesinatos de las personas a las que se presume haber estado involucradas en organizar salidas desde Argelia (ir a la sección 3.5). Pero también los traslados forzados desde las costas limítrofes con la fortaleza Europa hacia la zona fronteriza argelino – marroquí (ir a la sección 3.4), o los encarcelamientos en prisiones controladas por Marruecos donde se mantiene en aislamiento, apartadas completamente del contacto con el mundo de afuera a personas en tránsito, a quienes se les deniegan las visitas incluso de sus familiares más cercanos (ir a la sección 3.1). Dichas prácticas impiden que las necesidades humanas más básicas sean cubiertas, forzando a situaciones de precariedad y exponiendo a las personas en tránsito a ser posteriormente brutalizadas y explotadas por terceros (ver sección 3.3).

Estas modalidades de criminalización y las formas de aplicarlas por parte de los agentes estatales son arbitrarias. Las personas exiliadas son objeto de instrumentalización para sostener un negocio político con objetivos que distan de la protección de la vida. La interconexión entre el giro de 180 grados en la política española con respecto al Sahara Occidental y las políticas de “migración” marroquí y argelina lo pone de manifiesto. El deseo de las personas de trasladarse a otro país se utiliza para ejercer “presión” sobre los Estados vecinos permitiendo, durante un breve periodo de tiempo, o impidiendo, si es posible, el cruce de fronteras. Las personas que se desplazan se presentan como un “arma”, deshumanizando así aún más a las personas reales con el deseo humano de rehacer su vida en un nuevo lugar.

Seguiremos documentando, denunciando y organizándonos contra todas estas formas innecesarias y mortíferas de criminalización.

Nuestro informe está elaborado basándose en distintas fuentes. Recopilamos información a medida que la gente se pone en contacto con nosotres a través del número de Alarm Phone. Varios grupos locales de Alarm Phone (AP) se encargan de documentar en la región sus observaciones e información en el terreno. Somos conscientes de que no tenemos una visión completa de lo que sucede en las rutas del Mediterráneo occidental y del Atlántico. Siempre que podemos, enlazamos nuestras informaciones con fuentes de periódicos y otros artículos. Pero no toda la información que aportamos está documentada en los medios. Toda la información sin referencias proviene de activistas de las regiones.

2 Travesías marítimas y estadísticas

En el periodo de marzo a junio de 2022, Alarm Phone estuvo en contacto con al menos 1.675 personas a bordo de 43 embarcaciones en la ruta del Mediterráneo Occidental y del Atlántico. Según cifras de ACNUR, se registraron 6.666 llegadas a España durante el mismo periodo, lo cual indicaría que aproximadamente el 25% de las personas que transitaron por esa ruta estuvieron en contacto con Alarm Phone.

En general hubo muchas bozas (‘boza’ es una palabra bambara que significa ‘victoria’; ha pasado al argot de las rutas occidentales para describir una llegada exitosa). Aunque en total, se realizaron 1.329 cruces menos este año comparados con el periodo de marzo a junio del año anterior. Eso representa una reducción del 17% de las travesías durante ese periodo. (véase el cuadro).

Fuente: Alarm Phone, basado en estadísticas del ACNUR

 

Entre marzo y abril, Alarm Phone estuvo involucrada en 14 casos. En mayo, fueron 20 embarcaciones (cinco de ellas el 31 de mayo). En junio, 9 embarcaciones contactaron con Alarm Phone. Este aumento de los casos de Alarm Phone refleja un incremento general de las travesías en mayo (véase el gráfico).

                Total de llegadas a España. Fuente: Alarm Phone, a partir de las estadísticas del ACNUR

 

Como muestra el gráfico, la mayoría de las travesías se realizaron vía noroeste africano hacia las Islas Canarias, indicator de un cambio general hacia esa ruta más peligrosa por el aumento de la vigilancia fronteriza en el norte de la región. Esta evolución ya ha sido analizada en informes anteriores. Hubo también, sin embargo, tres semanas en las que el Atlántico estuvo más tranquilo que otras rutas.

La travesía marítima del Mediterráneo occidental fue la ruta más frecuentada para entrar en Europa en la última semana de abril, con 421 entradas exitosas. Durante esa semana se registraron más bozas en esa ruta (421) y un número ligeramente inferior al habitual en la travesía del noroeste africano (235).

De las11 embarcaciones que nos llamaron desde el Estrecho de Gibraltar y el Mar de Alborán, siete llegaron a la España peninsular, en su mayoría a Motril y Tarifa. Otra embarcación que había partido de Argelia llegó también por sus propios medios a la península.

La mayoría de las llamadas que recibimos procedían de la región atlántica, lo que refleja tanto el uso más frecuente de esta ruta como su carácter más peligroso. De las 31 embarcaciones que nos llamaron, 17 llegaron a las Islas Canarias, nueve fueron interceptadas y se supo que dos regresaron solas. Muy tristemente, se nos informó también de tres trágicos naufragios que se cobraron al menos 100 vidas entre personas muertas y/o desaparecidas (véase también el capítulo 4: Naufragios y personas desaparecidas). Estas tragedias no sólo nos entristecen, sino que también nos enfadadan. Queremos expresar nuestras condolencias y solidaridad con todas las familias y amigues de quienes ya no están con nosotres debido al despiadado y mortífero régimen fronterizo.

En la primera semana de marzo de 2022 se produjo la mayor oleada humana coordinada en las vallas fronterizas de Melilla, con 871 entradas.

En la última semana de junio, 133 personas en tránsito, muchas de las cuales viajaban desde Sudán o Sudán del Sur, lograron saltar las vallas fronterizas de Melilla en un intento que tuvo como respuesta una desmesurada violencia policial, una violencia que, según las estadísticas oficiales marroquíes, dejó al menos 23 muertos. Caminado Fronteras calcula que al menos 37 personas perdieron la vida, pero dado el enorme número de desaparecidos, la cifra podría ascender a cientos. (ver sección 3.1)

3 Noticias de la región

3.1 Nador

La última semana que abarca este informe sobre la evolución de la región de Nador estuvo marcada por una violencia sin precedentes en la zona fronteriza y en los bosques de los alrededores. A partir del 20 de junio, las fuerzas marroquíes intensificaron la violencia en sus ataques a las comunidades de personas en movimiento en los bosques. Dejó un gran número de personas heridas en los bosques. Las incursiones en los bosques se extienden a campamentos muy alejados de la valla fronteriza en el monte Gourougou. Parece que la estrategia marroquí es intentar despejar la zona de una vez por todas para frustrar los saltos a la valla. Las personas que se albergaban en estos bosques no sólo fueron perseguidas y tuvieron que soportar muchos días sin dormir, sino que también se vieron obligadas a defenderse.

El 24 de junio, otro intento colectivo masivo de saltar la valla se saldó con ataques extremadamente violentos contra aquellos que osaron intentarlo. Fueron de un nivel de violencia sin precedentes, incluso para esta región tan brutalizada. Durante el intento, murieron un número desconocido de personas en movimiento y dos agentes marroquíes. Las cifras comunicadas oficialmente comienzan con 18 muertos, pero las estimaciones realizadas por nuestros contactos en los bosques sugieren que al menos 130 personas murieron durante los enfrentamientos.

Alrededor de 2.500 personas habían intentado llegar a la valla luchando contra las fuerzas marroquíes que intentaban impedirles el acceso a esta. Según los medios de comunicación españoles, un grupo de más de 500 personas consiguió finalmente romper la puerta de acceso del puesto de control fronterizo del Barrio Chino con una cizalla. Comenzaron a entrar en Melilla saltando por el techo del puesto de control. 133 personas consiguieron entrar con éxito en el enclave español.

Muchas personas del resto del grupo que intentó el salto fueron detenidas por las fuerzas marroquíes, quedaron gravemente heridas y se las abandonó amontonadas sin asistencia médica hasta 9 horas. Incluso para esta zona fronteriza, que ha sido testigo de una violencia brutal que se remonta a décadas atrás, el alcance de la violencia del 24 de junio y el abandono bien atestiguado de las personas gravemente heridas es extremadamente estremecedor.

Personas retenidas y heridas en Nador tras el salto de la valla. Fuente: AMDH Nador

 

Publicamos un comunicado de prensa junto con la asociación AMDH y otras organizaciones locales e internacionales. Juntas realizamos una serie de demandas, entre las cuales figuran, la apertura de una investigación judicial independiente tanto en el lado marroquí como en el español, así como a nivel internacional. También exigimos la identificación y repatriación de los cuerpos que las autoridades marroquíes se han apresurado a enterrar de manera precipitada y en el anonimato. Es gracias a la labor de la AMDH que la comunidad internacional ha tenido conocimiento de estos hechos. La AMDH ha hecho un seguimiento de la situación e informa de que el 26 de junio se cavaron 21 tumbas en el cementerio local.

Fosas en Nador. Fuente: AMDH Nador

 

El 26 de junio, varios directivos del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Ministerio del Interior celebraron una reunión con los embajadores de varios Estados africanos para tratar el incidente. Fue muy decepcionante para las comunidades afectadas. Los embajadores condenaron principalmente el intento de salto y aceptaron la legitimidad de la violencia desplegada por las fuerzas marroquíes. No se presionó para que se identificara a los fallecidos ni para que se realizara una investigación independiente de sus muertes.

Cientos de personas fueron detenidas durante los enfrentamientos y, en general, llevadas a un campamento militar cerrado en Selouane. Una vez allí, esperan a ser juzgadas, deportadas a su país de origen o reubicadas a la fuerza en el sur del país. Nuestro equipo local en Oujda nos informó de que el 27 de junio se iniciaron los juicios de 69 migrantes detenidos tras la masacre de Nador. Los juicios se están llevando a cabo en dos grupos. Uno de ellos se celebrará contra 33 personas que están siendo procesadas en el Tribunal de Apelación (aplazado al 13 de julio). El otro es un grupo de 36 personas que están siendo procesadas por delitos en primera instancia (aplazado al 4 de julio). Todas ellas están en prisión preventiva. El primer grupo está siendo procesado por cargos graves, “desobediencia, violencia contra las fuerzas de seguridad, incendio forestal, privación de libertad de un funcionario público, violencia armada, participación en una banda organizada con el objetivo de la inmigración irregular”. Seguiremos el resultado de estos juicios e informaremos sobre ellos en nuestro próximo informe.

Al final de nuestro último informe, fuimos testigos de saltos colectivos masivos sobre las barreras que rodean el enclave español de Melilla. Se produjeron los días 2 y 3 de marzo, afortunadamente con un resultado menos letal:

El 2 de marzo, unas 2.500 personas, principalmente nacionales de países del sur del Sáhara que vivían en campamentos improvisados en el bosque de Gourougou, se organizaron colectivamente y corrieron hacia las vallas. Unas 500 personas consiguieron cruzar y fueron acogidos en el CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes) de Melilla. Según las observaciones de la AMDH de Nador, otras 50 que consiguieron saltar la valla fueron deportadas ilegalmente por la Guardia Civil española. Unas 200 fueron detenidas por las fuerzas marroquíes y llevadas al centro de detención de Arekmane.

Al día siguiente se produjo otro intento masivo. Esto cogió desprevenidas a las autoridades. Las estimaciones sobre el número de personas que realizaron el intento alcanzan las 1.200. Alrededor de 350 lograron llegar al CETI de Melilla. Durante este intento, RTVE Melilla pudo filmar a un joven que era bajado violentamente de la valla por la Guardia Civil. Finalmente fue devuelto en caliente y detenido por la policía marroquí. La AMDH consiguió llegar hasta él y dio su testimonio:

“Me golpearon fuertemente y me rociaron con gases lacrimógenos. Los golpes de 5 guardias civiles venían hacia mí desde todas las direcciones. Herido, no recibí ninguna atención en Melilla. Me entregaron a los militares marroquíes, que me llevaron al centro de Arekmane en lugar de al hospital de Nador. (…).”

“J’ai été gravement battu et pulvérisé par du gaz lacrymogène. Les coups de 5 guardias civiles me venaient de tous les sens. Blessé, je n’ai eu aucun soin à Melilla. Ils m’ont donné aux militaires marocains qui m’ont embarqué vers le centre d’arekmane au lieu de l’hôpital de Nador.(..)”.

Tras estos saltos masivos, en los días siguientes se llevaron a cabo redadas a gran escala en Nador y sus alrededores para detener y expulsar a muchos africanos negros de la zona fronteriza. Los que fueron perseguidos pero escaparon están agotados. Los detenidos fueron llevados al extremo sur, incluso hasta la frontera argelina.

Las vallas de Melilla (y Ceuta) están siendo reforzadas una vez más. Esta vez con un coste de 4,1 millones de euros. Eulen, la empresa designada, revisará y reparará espacios como los centros de mando y control y los puestos de patrulla. También trabajarán en la red de alumbrado, las vallas y el equipamiento del terreno.

El resto no pudo saber cuáles de sus compañeros detenidos fueron finalmente obligados a ir al sur de Marruecos, cuáles fueron deportados a sus respectivos países de origen y cuáles permanecen, aparentemente olvidados, en prisión.

No es fácil visitar y apoyar a los detenidos. Algunos de los detenidos han sido acusados de ser los organizadores de los grandes saltos colectivos de principios de marzo. Nuestres camaradas locales intentan hacer un seguimiento de los casos. Están en contacto con los detenidos de Malí y Guinea que fueron arrestados durante las redadas de abril.

Siguen sin esclarecerse las acusaciones de la fiscalía sobre quién está detrás de los saltos. Los contactos locales suponen que, como siempre, un número aleatorio de personas fueron elegidas como chivos expiatorios tras ser perfiladas con criterios como rastas o barbas más largas. Se supone que el vello facial o los mechones indican que alguien lleva mucho tiempo en los bosques.

En general, las personas exiliadas han sido tratadas como delincuentes durante mucho tiempo en la región de Nador. Esto se ha acentuado recientemente. Según el grupo local de Alarm Phone, ahora la gente teme sufrir años de cárcel por cada intento frustrado de superar las fronteras marítimas o terrestres españolas.

Muchos de los detenidos no tienen abogades ni ninguna otra forma de asistencia. No saben de qué se les acusa. Ni siquiera se les permite hacer llamadas telefónicas. Nuestres compañeres locales han intentado ponerse en contacto con las respectivas embajadas muchas veces, pero no se comprometen. Algunos de los detenidos están traumatizados hasta el punto de perder la memoria y sufren traumas como consecuencia de lo que han vivido una vez que ya liberados. Las familias que creían que sus seres queridos habían muerto se vuelven a traumatizar cuando descubren que, en realidad, sus familiares habían estado detenidos pero simplemente no se les había permitido comunicarse.

Es muy difícil visitar a las personas encarceladas incluso para sus familiares. La administración penitenciaria marroquí exige que un familiar tenga un permiso de residencia válido para poder visitar a un inmigrante detenido en una prisión marroquí. Este requisito hace a menudo imposible la visita, pues las personas africanas negras tienen muchas dificultades para obtener o renovar un permiso de residencia en Marruecos.

Para las nacionales marroquíes que intentan huir del país, la criminalización es también una amenaza. El 6 de junio, siete pescadores marroquíes fueron detenidos por la Guardia Civil española mientras pescaban en su zona habitual frente a Béni Chiker. Sus dos barcos fueron llevados a la fuerza al puerto de Melilla, y los pescadores siguen detenidos. Se les acusa de tráfico de personas, ya que la Guardia Civil supuso que uno de ellos, que había caído al mar, quería llegar a Melilla.

Desgraciadamente no podemos profundizar en la criminalización de los nacionales marroquíes, pero estamos trabajando para ampliar nuestra red y conocimientos para informar más desde la perspectiva del harraga marroquí en el futuro.

3.2 La ruta atlántica

Cruces y cambios políticos

En los últimos meses, hablar o escribir sobre la ruta atlántica y las cifras de salidas y llegadas a las Islas Canarias ha sacado a relucir inevitablemente un acontecimiento político importante: el giro de la política española respecto al Sáhara Occidental. Hasta mediados de marzo, las relaciones entre los gobiernos de Marruecos y España eran bastante tensas (especialmente después de que el líder del Polisario, Brahim Ghali, recibiera tratamiento médico en el Estado español en 2021; (cubrimos el evento en un informe anterior). Todo cambió cuando el gobierno español anunció el 18 de marzo que ahora apoyaría el “plan de autonomía” marroquí para las “provincias saharauis”. Eso significa nada menos que un reconocimiento de facto de la ocupación marroquí del Sáhara Occidental. Desde entonces, los gobiernos de España y Marruecos han mostrado su entusiasmo por la nueva relación cordial, ya que ambos esperan obtener una serie de beneficios económicos, por ejemplo, intentando legalizar así la explotación de la minería, la pesca, la agricultura y otros recursos naturales (por ejemplo, la arena) en territorio saharaui. Sin embargo, España también espera frenar la migración mediante la aplicación de una serie de medidas en cooperación con el Estado marroquí.

El 22 de marzo, sólo unos días después de que se anunciara el giro político, se reanudaron las deportaciones a Marruecos. El ministro del Interior español está elaborando planes para desplegar personal español en las patrulleras marroquíes. Esto ya ocurre en Mauritania y Senegal. El objetivo es, por supuesto, interceptar más personas en tránsito. En el momento de escribir estas líneas, las negociaciones bilaterales entre los gobiernos marroquí y español giran en torno a los espacios marítimos entre el Sáhara Occidental y Canarias. Desde Alarm Phone, creemos que esto se traducirá en una gran extensión de la zona SAR (Search and Rescue Zone) marroquí frente a las costas del Sáhara Occidental, añadiendo otro enorme obstáculo a la libertad de movimiento en el Atlántico. Esto sería especialmente preocupante, ya que las autoridades marroquíes han demostrado repetidas veces su falta de voluntad para llevar a cabo un rescate seguro y rápido, muy a menudo, a costa de vidas humanas.

Sobre el terreno, el giro de la política española ya ha tenido efectos muy concretos. Como informa el miembro de Alarm Phone B., las redadas y detenciones han aumentado desde mediados de marzo, especialmente cuando una buena previsión meteorológica hace más probable las salidas. En particular, en El Aaiún, las autoridades marroquíes parecen tener un interés inusitado en impedir las salidas, llevando a cabo lo que denominan “Operación Saneamiento” (“opération assainissement”), deteniendo a las personas negras en sus casas y alejándolas cientos de kilómetros.

Agentes de policía marroquíes en el transcurso de una operación denominada “de saneamiento” en El Aaiún, de la que fue víctima un deportado sentado en un autobús. Fuente: Alarm Phone

 

Las autoridades marroquíes han aumentado sus esfuerzos para interceptar a las personas exiliadas en los lugares de salida. También se han encargado de dar a conocer estos esfuerzos a los medios de comunicación. Por ejemplo, se impidió la salida de 236 personas los días 25 y 26 de marzo, se bloqueó a 231 personas los días 29 y 30 de marzo en los alrededores de El Aaiún y se frustró a 133 personas los días 1 y 2 de abril cerca de Dajla.

Según el periódico español La Vanguardia, fuentes gubernamentales informan de que el elevado número de llegadas a lo largo del invierno ha sido un ejemplo de cómo Rabat ha instrumentalizado los flujos migratorios y los ha utilizado como punto clave de presión para obtener el apoyo español a la ocupación del Sáhara Occidental por parte de Marruecos. En consecuencia, los funcionarios españoles reconocieron entonces el importante papel que estaba desempeñando Marruecos en la reducción de las salidas, que algunos medios de comunicación de derechas y nacionalistas enmarcaron como un hecho positivo: El jefe de la policía nacional en Canarias admitió que Marruecos estaba controlando las zonas de salida de forma más meticulosa, ya que sólo se registraron 375 llegadas en marzo de 2022. El ministro de Asuntos Exteriores citó una disminución del 45% de las llegadas gracias a la cooperación marroquí.

Sin embargo, creemos que la situación es más compleja. Las salidas en marzo ya habían bajado significativamente antes de que se anunciara el cambio de política y volvieron a subir en mayo. Nosotres, desde Alarm Phone, pensamos que el aumento de la seguridad marroquí ha empeorado las condiciones de las personas exiliadas, pero no impide los cruces; la gente busca ahora otros puntos de salida que no sean el Sáhara Occidental. Además, las condiciones meteorológicas adversas y el encarcelamiento de algunos contrabandistas también han contribuido a las fluctuaciones del número de llegadas.

Llegadas a las Islas Canarias hasta finales de junio, mostrando un ascenso y descenso de las travesías. Fuente: Alarm Phone, basado en las estadísticas del ACNUR

 

Desde Alarm Phone, condenamos enérgicamente que el gobierno español contribuya a la instrumentalización de los flujos migratorios y se rinda a los deseos económicos de Marruecos intercambiando el Sáhara Occidental y reprimiendo a la población saharaui de una forma neocolonial. Más controles y mayor represión no impedirán que la población haga uso de su derecho a buscar seguridad y un futuro en otro lugar. Intentar cerrar una ruta para emigrar a España o Europa sólo abrirá o reforzará las rutas en otros lugares. Ya hay muchas personas que no parten de Marruecos o del Sáhara Occidental para llegar a las Islas Canarias. Empiezan mucho más al sur, en Mauritania o Senegal. Los naufragios o embarcaciones a la deriva en estos largos viajes son frecuentes, como el naufragio con 55 personas reportado por un buque de guerra mauritano a 74 km de la costa de Mauritania a principios de mayo, o el naufragio mortal ocurrido en el sur de Senegal a finales de junio, con 91 supervivientes, 13 muertos confirmados y unas 40 personas desaparecidas.

Operación de rescate cerca de Kafoutine (Senegal), donde naufragó un barco con casi 150 pasajeres que se dirigía a las Islas Canarias tras un incendio a bordo. Fuente: Alarm Phone

 

Criminalización en Marruecos y el Sáhara Occidental

A ambos lados del Atlántico, las personas que se desplazan son tratadas como terribles delincuentes, mediante leyes que prohíben la salida o entrada “irregular” y la criminalización de quienes organizan viajes no autorizados. Como se ha visto, las autoridades marroquíes intentan actualmente impedir las interceptaciones y detener a las personas en tránsito en el lugar de salida. Activistas de Alarm Phone explican:

“Cuando esto ocurre, se acusa a ciertos migrantes de ser responsables del viaje y de ser patrones […]. Se les lleva a una comisaría y se investiga el asunto sin la presencia de abogades y sin traductores que les expliquen sus derechos, porque sus derechos son una broma. Luego se les lleva ante el juez y se les acusa de ser contrabandistas o de formar parte de una red de traficantes. Se les imponen fuertes condenas de 10 a 15 años de prisión”.

Activistas de Alarm Phone documentan las violaciones de los derechos humanos e intentan facilitar apoyo legal y médico a las personas encarceladas:

“En las provincias del sur, hay ahora unas 50 personas en prisión acusadas de haber conducido una embarcación o de haber organizado la migración ilegal. Desde Alarm Phone, hemos tratado de apoyar a tres migrantes que fueron detenidos sólo porque llevaban una pulsera con el número de Alarm Phone. […] También hay siete personas exiliadas subsaharianas que recibieron fuertes penas de prisión: cuatro senegaleses fueron condenados a 10 años, un marfileño a 15 años y dos guineanos, uno recibió 20 años al ser acusado de ser un traficante que había sido investigado durante años, el otro 10 años. […] ¡Están viviendo una situación muy difícil! Pedimos a los gobiernos africanos que hagan extraditar a sus propios ciudadanos. Todos están enfermos y reciben comida de baja calidad en la cárcel”.

El giro de la política española en la cuestión del Sáhara Occidental también parece haber dado luz verde a la justicia marroquí para aplicar sentencias más duras:

“Antes, podías conseguir que te redujeran la condena de la primera instancia en la apelación. Desgraciadamente, ahora los condenados ya ni siquiera llevan un abogado a la apelación porque saben que el juez ni siquiera les va a escuchar”. Desde el comienzo de la pandemia, las sentencias también se dictan por videoconferencia”.

Criminalización en las Islas Canarias

La criminalización (a menudo arbitraria) contra quien maneja las embarcaciones, es también un problema importante una vez que las personas en tránsito llegan a las Islas Canarias. Si un dron capta a alguien tocando o manejando el motor, esa persona será acusada de ser patrón de barco y, por tanto, responsable de la operación de tráfico de personas. Según el artículo 318 bis 1 y 3b del código penal español, las penas de prisión varían en función de las circunstancias del viaje. Esto significa que cualquier lesión, daño corporal o muerte se considera un agravante del “delito” y alarga la pena. En este último caso, los tripulantes pueden ser acusados de homicidio. Se trata de una reversión absoluta de quién es el culpable de las múltiples muertes en el mar.

Es frecuente que se pida a les pasajeres que no tienen dinero suficiente para comprar el viaje que conduzcan la embarcación, sobre todo cuando está al alcance de las autoridades españolas. Si les pasajeros llevan dinero consigo, esto también puede utilizarse como “prueba” de que han participado en la organización del viaje. Además, la policía española llega a decir a otres pasajeres que delatar al patrón aumentará sus posibilidades de permanecer en territorio español. Esto no es más que una estrategia descarada y sucia de las autoridades para manipular a la gente y criminalizar a sus compañeros de viaje.

Aparte de condenar a quien maneja las embarcaciones, el gobierno español tiene una tendencia general a tratar a las personas exiliadas o refugiadas como delincuentes; una costumbre que comparte con muchos otros países europeos. Algunas personas exiliadas son llevados a las prisiones de deportación (como el CATE, Centro de Atención Temporal de Extranjeros, en Barranco Seco, Gran Canaria) nada más llegar, sin ninguna asistencia legal adecuada, sin traductores ni acceso a los procedimientos necesarios para pedir protección internacional. Es mucho más difícil pedir asilo una vez en prisión. A principios de mayo, los internos del CIE ( Centro de Internamiento de Extranjeros) de Gran Canaria organizaron una huelga de hambre por los malos tratos físicos y psicológicos que sufren allí. Esta huelga fue acompañada de varios intentos de fuga a principios y mediados de mayo.

También ha habido muchas intervenciones por parte de las autoridades cuando la gente intentaba autoorganizarse, planificar manifestaciones y realizar actos de solidaridad. Ya en 2021, en un comunicado interno, les compañeres de Tenerife denunciaron el acoso policial durante las manifestaciones en la ciudad de La Laguna, no muy lejos de los campamentos de Las Raíces y Las Canteras. También denunciaron medidas de detención, registro y persecución por perfil racial contra quienes se presume que son inmigrantes. Además, la represiva “ley mordaza” (véase también un informe anterior de AP), que niega los derechos, se utilizó repetidamente para imponer multas a activistas que trabajan en solidaridad con las personas desplazadas o a les periodistas o observadores de derechos humanos: Recientemente, la ley mordaza se utilizó para imponer una multa de 800 euros a un fotoperiodista ganador del premio Pulitzer por tomar fotos en el puerto de Arguineguín en diciembre de 2020.

 3.3 Tánger

El férreo control es una constante en la vida de las personas señaladas por perfil racial como “negras”, criminalizadas como “migrantes ilegales” en Tánger. No obstante, en marzo de 2022 activistas locales de Alarm Phone reportaron un aumento de las patrullas policiales, arrestos en la calle y las expulsiones forzosas desde la ciudad, una vez que los gobiernos de Marruecos y España retomaran las negociaciones sobre cooperación en el refuerzo de la frontera.

Los grupos de migrantes que viven en bosques a las afueras de la ciudad han notado un repunte de hasta tres diarias (mañana, tarde y noche) en el número redadas policiales, empujando a varias personas a dejar los lugares donde duermen por la mañana temprano llevándose sus pertenencias importantes, y volver tarde por la noche, para minimizar la posibilidad de ser arrestadas.

Mientras tanto, grupos y particulares sin permiso de residencia, que intentan integrarse en la vida de la ciudad de Tánger, registraron también un aumento de rondas policiales y deportaciones masivas al sur del país, incluyendo mujeres y niñes, algo que previamente era menos común.

Nadie sabe el número total de arrestos porque el ala paramilitar de la policía marroquí, las Fuerzas Auxiliares (forces auxiliaries), opera sin ninguna supervisión o escrutinio público significativo.

De hecho, durante su propia deportación en marzo, un activista local puso de manifiesto que las personas migrantes eran ‘separadas’ en un centro informal antes de ser embarcadas en autobuses para ser desplazadas forzosamente a Casablanca, Tiznit o Beni Mellal sin identificación oficial alguna:

“No se nos pregunta nuestra identidad, nos sacan una foto con el teléfono. Si alguna persona migrante se niega puede ser golpeada. No sabemos a dónde van esas fotos ni porqué se hacen.”

Después de que España reconociera el reclamo del Sahara Occidental por parte de Marruecos el 18 de marzo de 2022, los arrestos policiales se establecieron  aparentemente a un nivel menor pero manteniéndose elevado. Estes causaron el abandono de Tánger por parte de muchas personas en busca de lugares algo más seguros más al sur del país.

Acto seguido a los asesinatos masivos a las fronteras de Nador el 24 de junio, han habido varios episodios de represión policial: la policía está estacionada habitualmente en las zonas centrales de tránsito para prevenir que personas africanas negras sin permiso de residencia vuelvan a Tánger, como parte de un programa policial, según se ha informado los últimos dos meses.

La constante amenaza de la de la violencia policial financiada por Europa institucionaliza condiciones por las cuales las personas africanas negras sin permiso de residencia resultan especialmente vulnerables a abusos y ataques. Por ejemplo, el 7 de marzo un hombre joven de Guinea que huyó de las Fuerzas Auxiliares se encontró en las manos de bandas locales que le golpearon fuertemente y le cortaron la cara con machetes (informes de activistas locales de AP). El 8 de marzo, un camerunés que intentaba escapar de las mismas Fuerzas Auxiliares se cayó entre las rocas y perdió tres dientes (informes de activistas locales de AP).

A un hombre camerunés le robaron su teléfono y otras pertenencias tras ser capturado por una banda y atacado con cuchillos al haber escapado de las Fuerzas Auxiliares (informe de activistas locales de AP). Fuimos informades que al no poder asumir el coste de una operación, la persona no pudo ingerir comida sólida durante dos meses.

Han habido varias noticias de personas sin papeles siendo objetivo del tráfico de órganos en la ciudad. Muchas sienten que sus respectivas embajadas no apoyan a la gente migrante sin papeles en Tánger, y están interesadas tan solo en los estudiantes más ricos inscritos en la universidad de la ciudad. La amenaza constante de arresto por parte de los agentes estatales marroquíes financiados por Europa son un instrumento para crear las condiciones que hacen posibles estos ataques.

Al mismo tiempo, las personas que desean regularizar o renovar su permiso de residencia tienen que luchar para lograrlo. Las restricciones en el acceso a la tarjeta de residencia “Carte de Sejour” han crecido tras los cambios legales anunciados por el nuevo gobierno de Aziz Akhannouch y que han entrado en vigor al inicio de este año.

Como consecuencia, crece la cantidad de gente criminalizada o al borde de serlo. Esto incluye a quienes tenían anteriormente permiso de residencia y lo quieren renovar. “Si varias personas en situación de migrar están indocumentadas no es solo por su responsabilidad”, un grupo de artistas migrantes explican a través de una alerta pública. “Mucha gente quiere vivir en Marruecos y se les deniegan los papeles”

La combinación de las restricciones legales y la violencia policial han creado una situación en la que, como dice el activista de Alarm Phone K.: “¡Lo que nos pasa nos hace vivir con miedo! Desgraciadamente, nuestro nivel de estrés se ha multiplicado.” La naturaleza aparentemente arbitraria de las detenciones hace preguntarse a mucha gente si se les quiere/ se les busca o no en la ciudad. Algunas personas simplemente quieren claridad para poder planificar sus vidas consecuentemente.

“¡El gobernador de la región y otras autoridades legítimas deben darnos un ultimatum con un plazo determinado para evacuarnos y llevarnos nuestras pocas  pertenencias de la ciudad de Tánger, fuera de la región norte! ¡Y quizás fuera del Reino de Marruecos en general, si fuera este el caso!” Reclama K.

En un comunicado público que denuncia los arrestos habituales, el artista Salvador Tomnyuy hace referencia a la “hipocresía extrema” en la que “las autoridades hablan de nosotres de  forma íntegra delante de las cámaras y luego nos maltratan detrás de las cámaras”.

Son objetivo de ello incluso residentes a largo plazo cuyas contribuciones a la vida cultural de Tánger son bien conocidas, como el músico Moussa del grupo Farafina, actualmente residente del Institute Français.

Otro artista y activista de Alarm Phone explica en un vídeo publicado durante su propia deportación como las Fuerzas Auxiliares detienen a personas negras migrantes sin motivos: “Vivimos, trabajamos, solicitamos residencia y nos la deniegan. Nos sacan de nuestras casas, nos atacan… Nos tratan como animales, sin ningún respeto, sin ninguna consideración”.

3.4 Oujda y la zona fronteriza con Argelia

Alarm Phone Oujda informa de que recientemente ha habido más gente cruzando hacia Marruecos por la frontera terrestre con Argelia. Como señalamos en nuestro último informe, estos cruces son muy peligrosos y existe una gran criminalización debido al tráfico de drogas que se saña a menudo en las personas exiliadas que cruzan este paso a falta de vías seguras. No es por tanto de extrañar que el tráfico de drogas haya crecido, dado que ambos fenómenos están relacionados. Como bajo el sistema actual hay mucha gente que jamás obtendría un permiso para entrar a Marruecos, deben confiar en quienes tienen el poder de ayudarles al margen de la ley. Sus necesidades les hacen vulnerables a la explotación como “mulas” transportando drogas. En particular menores y mujeres son los grupos de personas más afectadas, ya que deben pagar más para cruzar la frontera (mira nuestro informe anterior) y tienen menos opciones. Por supuesto, llevar drogas incrementa el riesgo de criminalización y expone después a una de las partes más peligrosas de la sociedad.

Ha crecido también la criminalización de las personas en tránsito. Según Alarm Phone en Oujda, la policía marroquí acusó a un hombre nigeriano de ser el cabecilla de una red de tráfico para ayudar a la gente a cruzar la frontera. Además ocho personas, incluyendo una persona nacionalizada en Argelia con residencia irregular en Marruecos, fueron acusadas de tráfico de drogas en la frontera entre Argelia y Marruecos.

Además, se siguen reportando las devoluciones en caliente a la zona fronteriza. Desde Laayoune, se fletaron buses con gente que fue luego transportada a través de la frontera entre Argelia y Marruecos en la región de Oujda.

Las autoridades de la ciudad de Nador desplazaron a Oujda por la fuerza a cerca de 40 personas de varias nacionalidades el 17 de junio de 2022. Lo que tenían en común era su situación administrativa de residencia irregular. Según la información de AP Oujda, ocho personas huyeron del autobús tras romper las ventanas del vehículo. El incidente ocurrió en Garbouz, cerca de 30 km al norte de la ciudad de Oujda. La búsqueda de las personas que lograron escapar sigue operativa.

Desde el 18 de junio, varios grupos de solicitantes de asilo de Sudán y Sudán del Sur han sido desplazados de sus puntos de reunión en la ciudad de Oujda. Durante la semana del 20 de junio, siete personas exiliadas sudanesas fueron arrestadas por la policía, y hay una campaña generalizada de detención de migrantes irregulares. Desde mediados de junio, los arrestos han aumentado y las personas migrantes están escondiéndose para escapar de la policía. Viven en una situación realmente precaria y son forzadas a tener sus pocas pertenencias preparadas todo el tiempo para poder escapar de la policía. Une de les testigos sudaneses nos dijo que hay todo el tiempo desplazamientos forzados a la frontera con Argelia y a otras ciudades como Casablanca. AP Oujda está en contacto directo con AMDH Oujda y Nador para tener más información sobre migrantes retornades a Layoune.

AP Oujda informa que en el periodo entre abril y junio de 2022, llegaron a Oujda aproximadamente 1500 nuevas personas exiliadas a través de la frontera entre Argelia y Marruecos, incluyendo 25 mujeres y 146 menores de diferentes nacionalidades. Seis personas resultaron heridas en la frontera.

Tras los asesinatos en Nador, las personas gravemente heridas fueron llevadas al hospitar CHU de Oujda. Las personas migrantes están bajo vigilancia policial, y nadie tiene acceso a contactar con aquelles que resultaron herides. Varias organizaciones intentaron supervisar su estado, pero en el momento de escribir este informe no ha sido posible acceder a elles en el hospital.

3.5 Argelia

Nota: En Argelia no hay equipos de Alarm Phone ni activistas, sólo contactos y amigues de amigues, por lo que la información de esta sección se basa en una pequeña red local y en artículos fiables de medios de comunicación.

Estallido diplomático y criminalización en Argelia

El contexto político y migratorio de Argelia en los últimos meses ha estado marcado por el estallido de una crisis diplomática sin precedentes con España respecto al territorio del Sáhara Occidental. En marzo, cuando España hizo público su apoyo al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental, se suspendieron inmediatamente las deportaciones de ciudadanos argelinos que entraban en territorio español sin autorización. Más recientemente, el 8 de junio, Argelia decidió suspender el tratado de cooperación (“traité d’amitié”) con España que unía a ambos países desde hacía 20 años. De este modo, se pone fin a la cooperación en materia de “gestión de los flujos migratorios”. Esta ruptura diplomática tiene importantes consecuencias políticas y económicas. Tiene ramificaciones no sólo en España, sino también en la UE (para más detalles, véase este artículo del medio Algeria-watch). Ya está afectando a muchas personas argelinas que utilizan la ruta marítima hacia la España peninsular.

El año pasado, Argelia aceptó la deportación de miles de nacionales del Estado español. Con la suspensión del tratado de cooperación, las autoridades argelinas pueden ahora negarse a expedir los miles de “laissez-passer”, el documento necesario para enviar a personas sin pasaporte válido a un tercer país. En este caso, es el documento que la administración española necesita para enviar a los harragas a Argelia. De hecho, según Eurostat (la oficina estadística de la Unión Europea), en 2021 los argelinos representaron la mayor nacionalidad extracomunitaria requerida para salir de cualquiera de los estados miembros, con 26.400 casos registrados.

Sin embargo, el periodo cubierto por este informe no mostró ningún signo de desánimo entre los harraga. Y ello a pesar del riesgo cada vez mayor de las rutas hacia España, de la fuerza de la represión de los harraga y de la criminalización a la que están sometidos. Estos dos últimos temas, abordados específicamente en este informe, están profundamente interconectados con el crecimiento de las organizaciones empresariales fronterizas en Argelia, como se detalla en nuestro anterior análisis regional. Nunca se dirá lo suficiente que, en Argelia, una ley de 2009 castiga la “salida ilegal” del territorio nacional con una pena de dos a seis meses y una multa de 20.000 a 60.000 dinares. Salir de Argelia sin la aprobación del Estado se ha convertido a su vez en un delito.

En los últimos cuatro meses, el gobierno argelino ha desarrollado nuevos medios para gestionar la frontera. Uno de ellos es la edificación de una serie de muros de cuatro metros de largo. Construidos en marzo en varias playas cerca de Wahran (Orán), tienen como objetivo impedir que la gente lleve equipos al borde del agua y salga en grupo. Otro es el reciente asesinato por parte de los guardacostas argelinos de varios “guías”, que es el nombre que reciben los conductores de embarcaciones que hacen los viajes de ida y vuelta desde Wahran (Argelia) a Almería (España). Los muros y las balas, lejos de disminuir el número de travesías, fomentan las salidas en pequeñas embarcaciones, al dificultar mucho las de las motorizadas. Por lo tanto, no hacen más que aumentar la peligrosidad y la mortalidad de estas travesías.

Cruces

Desde hace dos años, las principales rutas marítimas argelinas son las de Alicante, Almería, Murcia y Baleares. Esto ha seguido siendo así durante los últimos cuatro meses. El número de embarcaciones que salen de Argelia sigue siendo muy elevado (aunque el número global de llegadas a España en los últimos meses es ligeramente inferior al del año pasado en el mismo periodo – Fuente: ACNUR).

En abril de 2022, un artículo del sitio web Algérie Part describe el gran número de salidas durante el mes sagrado del Islam, el Ramadán. Más de 270 personas argelinas fueron rescatadas por Salvamento Marítimo en 72 horas en abril.

De hecho, el número de harragas aumentó en las últimas semanas, ya que las condiciones climáticas se volvieron más favorables. Como se señala en este artículo de El Watan, los guardacostas argelinos afirman haber interceptado no menos de 1.200 personas desde enero de 2022.

Las rutas marítimas siguen siendo muy arriesgadas para los viajeros. En mayo, 19 personas perdieron la vida frente a Tipaza, cuando se dirigían a las Islas Baleares. Varios cuerpos siguen perdidos en el mar. Nuestros corazones y pensamientos están con los fallecidos y sus seres queridos.

En los últimos meses, Alarm phone recibió un pequeño número de llamadas por casos de peligro directo en el mar. La mayoría de las llamadas que recibimos desde Argelia son de familiares de personas en movimiento, que se quedan durante meses sin noticias de sus amigos o familiares. En los últimos cuatro meses, los equipos de turno de AP recibieron más de 15 llamadas de personas que buscaban a personas desaparecidas provenientes de Argelia. Para demasiadas personas, la búsqueda de desaparecides supone un largo e intenso periodo de búsqueda a través de organizaciones y redes sociales, mientras se oscila entre la esperanza y la desesperación.

En algunos casos, las personas desaparecen tras su llegada a las infraestructuras españolas de detención y deportación. Las próximas semanas mostrarán los efectos de la decisión de las autoridades argelinas de poner fin al tratado de cooperación con España. Mucho nos tememos que estos cínicos juegos políticos afectarán, como de costumbre, principalmente a la vida de los miles de personas en movimiento y a su lucha por la circulación.

Seguimiento y deportaciones masivas de personas del sur del Sáhara

La criminalización de las personas en movimiento en Argelia adquiere dimensiones aterradoras cuando afecta a los viajeros del sur del Sáhara. Varias organizaciones, entre ellas Alarm Phone Sahara, han denunciado la deportación de más de 14.000 personas desde principios de año.