(In)seguridad en la frontera: tecnologías para controlar y reprimir la libertad de movimiento en el Mediterráneo occidental y el Atlántico

1. Introducción  

El concepto de inseguridad, estrechamente vinculado a la instrumentalización política del miedo, ha sido utilizado por instituciones y políticos durante décadas para establecer políticas de control de las poblaciones consideradas como indeseables y criminales. Desde la década de 1990, se estableció un espacio europeo de «libertad, seguridad y justicia» que se basa en realidad en un proyecto político de inseguridad, en el que las personas consideradas como una amenaza se ven expuestas a riesgos a través de una serie de mecanismos de control y una creciente militarización. El nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo (véase el informe), adoptado el 10 de abril de 2024, refuerza esta lógica con un conjunto de reformas que amplían la criminalización y la vigilancia digital de los migrantes.

En respuesta a esta narrativa racista que vincula la inseguridad con la migración, los conceptos de seguridad y protección se vinculan a políticas de militarización y aumento de la vigilancia en las fronteras.

La seguridad abarca más que las armas y las tecnologías de control y vigilancia. Se trata de todo un sistema que incluye normas y herramientas jurídicas (acuerdos bilaterales de readmisión, sistema de visados): las denominadas políticas de cooperación al «desarrollo» —que en realidad encubren una cooperación policial destinada a controlar la movilidad—, prácticas represivas como las deportaciones masivas al desierto, la elaboración generalizada de perfiles y numerosos lugares de detención a lo largo de las rutas migratorias.

Sin embargo, en este informe nos centraremos en la materialización de las fronteras a través de las tecnologías utilizadas para detectar, rastrear, localizar, herir e incluso matar a las personas en movimiento, así como en el financiamiento de estas tecnologías. Algunas de estas tecnologías hacen visible la frontera: vehículos, drones, armas, radares, alambre de púas. Pero la creciente externalización del control de la migración, con la transferencia de la gestión de las fronteras a terceros países y el establecimiento de fronteras inteligentes, también puede crear la ilusión, desde dentro de Europa, de que las fronteras son parcialmente invisibles.

Cualquier debate sobre la «seguridad» de las rutas migratorias debe formar parte de un análisis más amplio de la expansión del militarismo en el mundo y en la región. La confusión entre guerra/terrorismo y migración permite a los Estados utilizar instituciones y herramientas diseñadas para la guerra con el fin de controlar la movilidad. Así es como se justifica, en una continuidad colonial, la cooperación militar y policial entre la UE y los Estados africanos, cómplices de violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Tras la independencia, las fronteras heredadas de la colonización estaban mal controladas. Durante los años 80 y 2000, el conflicto sobre el Sáhara y la crisis senegalés-mauritana condujeron a una militarización inicial de las fronteras. Desde los años 2000, la amenaza yihadista ha justificado un refuerzo de las fronteras con ayuda internacional (Francia, UE, EE. UU.). Durante 20 años, «la lucha contra la trata de seres humanos» ha desempeñado un papel importante en la justificación de la militarización de las fronteras. Y ahora vemos que la UE y los Estados de la región agrupan la «trata de seres humanos» y el «terrorismo» bajo el título de «delincuencia transnacional» (2012 delincuencia transnacional = terrorismo) (2025 acuerdo con Senegal delincuencia transfronteriza = trata de seres humanos). La Unión Europea y algunos de sus Estados miembros están gastando miles de millones de euros para transferir a países extranjeros capacidades de vigilancia y control de fronteras con el fin de impedir la migración hacia sus países. Frontex y los guardacostas están desempeñando un papel cada vez más importante en estos proyectos, ya que pueden decidir qué áreas y tecnologías estudiar y financiar si identifican una deficiencia operativa. La industria del control de la migración se está convirtiendo así no solo en un negocio mortal para las personas que se desplazan, sino también en un negocio floreciente para las empresas europeas y la industria imperialista que sacan provecho de este mercado mortal en constante expansión.

Este enfoque de la seguridad de las rutas migratorias pone a las personas en movimiento en un riesgo cada vez mayor. En este informe, criticamos fuertemente este uso del concepto de seguridad y aspiramos a darle la vuelta: debemos reconocer la inseguridad que las tecnologías de control y vigilancia crean para las personas en movimiento y pedir que se garantice la seguridad de las rutas migratorias para permitir la libertad de movimiento de todxs aquellxs que deseen ejercerla.

En este informe, documentamos cómo las fronteras se vuelven cada vez más inseguras debido a las tecnologías de control y represión en el Mediterráneo occidental y la ruta atlántica.

En el capítulo sobre estadísticas (2.) se hace evidente que el aumento del número de travesías marítimas y de muertes en el mar es una consecuencia mortal directa de la militarización de las fronteras y de las políticas de seguridad de la UE, que obligan a las personas a emprender rutas cada vez más peligrosas. Los diferentes contextos regionales de Marruecos (3.1), Senegal (3.3), El Estado español y las Islas Canarias (3.4), con una visión detallada sobre Mauritania (3.2), muestran cómo la securitización de la migración ha sido una prioridad política durante varios años, a menudo impulsada por la financiación de la UE. La última parte, sobre naufragios y personas desaparecidas (4.), trata sobre el recuerdo y el dolor en nuestra lucha contra los mortíferos regímenes fronterizos.

Aviso sobre nuestra terminología Nuestro informe se basa en diferentes fuentes. Recopilamos información a medida que las personas se ponen en contacto con nosotrxs a través del número de Alarm Phone. Varios grupos locales de Alarm Phone (AP) de la región documentan sus observaciones e informaciones en el sitio web. Somos conscientes de que no tenemos una visión completa de lo que está sucediendo en las rutas del Mediterráneo occidental y del Atlántico. Siempre que hemos podido, hemos incluido enlaces a fuentes en medios y otros artículos. Pero no todo lo que reportamos está documentado en los medios de comunicación. Toda la información sin referencia proviene de activistas regionales. Alarm Phone es una red de activistas voluntarixs. La mayor parte de los miembros de Alarm Phone en la región del Mediterráneo occidental y el Atlántico son de origen africano occidental o europeo. Como consecuencia, estamos mucho más integradxs en las comunidades de personas que se desplazan desde los países de África Occidental que en las comunidades harraga del Magreb. Esto conduce inevitablemente a una infrarrepresentación de las experiencias de este último grupo. La única forma de rectificar este problema es ampliar lo que hacemos y trabajar para construir una comunidad de resistencia verdaderamente transnacional. Es un trabajo lento y laborioso, pero estamos comprometidxs a hacerlo. El lenguaje que utilizamos es importante. Las palabras que utilizamos también tienen el peso de su historia, y esa es una historia de poder. Luchamos constantemente por ver el mundo correctamente y encontrar la descripción adecuada de lo que vemos. No existe un único punto de vista que lo abarque todo. Para ver el mundo correctamente, necesitamos una visión caleidoscópica. Este informe es un esfuerzo colectivo. Muchxs de lxs autores no escriben en su lengua materna, y la mayoría de los testimonios de lxs testigos también se dan en una segunda o tercera lengua. Consideramos que esto es una fortaleza. No queremos reglamentar el lenguaje utilizado en nuestras descripciones de las personas y sus antecedentes. Mientras que alguien puede rechazar el término «subsaharianx» por implicar inferioridad y preferir «negrx» o «africanx negrx», otro puede rechazar la racialización implícita en estos últimos términos. Del mismo modo, algunxs de nosotrxs evitamos hablar de «migrantes» y preferimos enfatizar la personalidad con «personas en movimiento», pero para otrxs este lenguaje es quisquilloso y antinatural, y estamos orgullosxs de ser migrantes. Hemos dejado, en la medida de lo posible, las diferentes opciones de descripción de lxs autorxs, especialmente cuando lx autorx es ellx mismx una persona en movimiento.

2. Travesías marítimas y estadísticas

Las consecuencias mortales del régimen fronterizo militarizado de Europa se reflejan claramente en las cifras y estadísticas de las travesías marítimas. Las tecnologías de vigilancia de la UE, la financiación de Frontex o de los guardacostas, la externalización de la violencia a terceros Estados… Todo ello obliga a las personas a emprender rutas cada vez más peligrosas. El resultado no es una disminución de las salidas, sino un aumento de las interceptaciones, las desapariciones y las muertes en el mar.

Según el ACNUR, 24 447 personas llegaron al Estado español entre enero y finales de agosto de 2025. En comparación con el mismo periodo del año pasado, esto representa una disminución significativa de las llegadas al Estado español. Pero menos llegadas no significa menos viajes. Al contrario: los datos de Alarm Phone muestran que este año han salido casi el mismo número de embarcaciones que el año pasado. Las embarcaciones siguen saliendo en cantidades similares, pero son sistemáticamente interceptadas, rechazadas o desaparecen sin dejar rastro. La UE presenta la disminución de las cifras de llegadas como un éxito, cuando en realidad son una señal de la brutal eficacia de un sistema diseñado para detener a las personas a cualquier precio, incluso a costa de muertes masivas.

 

Entre principios de marzo y finales de agosto de 2025, Alarm Phone participó directamente en 55 casos de emergencia a lo largo de las rutas del Mediterráneo occidental y el Atlántico, prestando asistencia al menos a 1941 personas. El aumento registrado en las salidas de embarcaciones desde Argelia (según Alarm Phone) continuó, y las salidas desde Argelia se dispararon: salieron 29 embarcaciones, más que desde cualquier otra región. Por el contrario, solo se registraron 20 casos en la ruta atlántica, lo que confirma la observación del ACNUR de que hay menos llegadas a través de las Islas Canarias en comparación con los máximos históricos del año pasado.

AP también documentó dos casos en el mar de Alborán, dos en el estrecho de Gibraltar y dos casos terrestres hacia Ceuta o Melilla. En dos casos, los familiares buscaron a sus seres queridos desaparecidos; sin embargo, sigue sin conocerse el punto de partida.

Lamentablemente, con demasiada frecuencia tenemos que cerrar un caso sin saber la suerte de las personas. En el período que abarca este análisis, tuvimos que hacerlo en 22 casos de Alarm Phone, en su mayoría los que partieron de Argelia (véase, por ejemplo, uno de los siete casos de Argelia que Alarm Phone recibió en mayo). En total, esto se refiere a un mínimo de 364 personas. Sin embargo, en la mayoría de los casos sí conocemos el resultado: En los últimos siete meses, nueve embarcaciones fueron interceptadas por la Marina Real marroquí u otros guardacostas. En ocasiones, estas violaciones de la libertad de circulación contaron con el apoyo de buques mercantes. Dos embarcaciones regresaron por sus propios medios o con la ayuda de pescadores. Y aunque nos alegre confirmar que doce embarcaciones fueron rescatadas por Salvamento Marítimo y tres llegaron de forma autónoma a las costas europeas, nos entristece mucho informar de que una embarcación naufragó por completo en el Atlántico. El barco, que llevaba entre 140 y 150 pasajerxs, volcó frente a la costa de Mauritania, cerca de Mhaijratt. Solo 16 personas sobrevivieron.

Incluyendo este caso catastrófico, la violencia de las fronteras europeas en el Mediterráneo occidental y el Atlántico causó la muerte de al menos 135 personas durante la primavera y el verano de 2025, entre ellas una mujer embarazada cuyo bebé no sobrevivió. Al menos 46 personas siguen desaparecidas en su camino hacia España. Estas cifras provienen de nuestras propias estadísticas, pero, por supuesto, muchas más personas murieron y desaparecieron en casos en los que Alarm Phone no estuvó directamente implicado (véase el capítulo 4 de este análisis).

3. Regímenes fronterizos en las diferentes regiones

3.1. Marruecos

Actor central en la externalización de las fronteras de la Unión Europea, Marruecos desarrolla una gestión securitaria de las migraciones mediante una vigilancia tecnológica reforzada y una cooperación militar y policial, en particular con el Estado español. Las violaciones de derechos humanos cometidas por este país «socio» contra las personas migrantes gozan de total impunidad por parte de las instituciones europeas.

En el marco del Programa de Cooperación UE-Marruecos iniciado en 2023, se destinan 152 millones de euros específicamente a la migración:

«refuerzo de la gestión de las fronteras, lucha contra las redes de tráfico de migrantes, estrategia nacional de inmigración y asilo, retornos voluntarios y reintegración en el respeto de los derechos humanos».

El refuerzo de la denominada «lucha contra la inmigración irregular» es un componente central de esta cooperación.

El dispositivo de control migratorio marroquí, elaborado con el apoyo financiero, logístico y político de la UE y de algunos Estados miembros, incluye videovigilancia, radares, drones y sensores terrestres, especialmente en los alrededores de Ceuta y Melilla, así como la integración de tecnologías de detección por infrarrojos y térmica en zonas consideradas «sensibles», como el Sáhara.

Las bases de datos biométricas (toma de huellas dactilares y reconocimiento facial) son otro elemento importante del control migratorio. Las fronteras terrestres entre Marruecos y el Estado español en Ceuta y Melilla han sido objeto de importantes reestructuraciones que han supuesto importantes inversiones tecnológicas en el marco del proyecto «Smart borders» de la Unión Europea, en particular mediante la introducción del EES (Entry/Exit System), que registra los datos de entrada y salida de no nacionales de la UE en estas bases de datos.

El Estado español es el país de la UE que más invierte en externalizar el control de sus fronteras a Marruecos. En diciembre de 2024, suministró 20 sistemas de videovigilancia, por un valor de 4,1 millones de euros, para la gestión de las fronteras marroquíes. En enero de 2025, entregó a Marruecos vehículos y equipos (motocicletas, camiones, vehículos todoterreno, cámaras térmicas, visión nocturna) por valor de 2,5 millones de euros.

Por otro lado, Marruecos tiene el proyecto de convertirse en productor de drones militares en colaboración con Israel (BlueBird Aero Systems). Paralelamente, se están llevando a cabo negociaciones para adquirir drones estadounidenses «Sea Guardian» (MQ-9B). La vigilancia de las fronteras no es el único objetivo del uso de drones. El conflicto en el Sáhara también es un factor importante en la voluntad de Marruecos de desarrollar esta tecnología a escala militar (véase la sección Sur).

3.1.1. Norte

En el norte de Marruecos, las manifestaciones más visibles de la frontera son las barreras físicas que separan los enclaves españoles de Marruecos. En cada playa de Tánger y en el bosque, que es la última parada para las personas que intentan llegar a Europa en barco, hay patrullas policiales muy estrictas. Los activistas de Alarm Phone en Tánger se enteraron recientemente de que un joven senegalés fue asesinado por un perro utilizado por las fuerzas de seguridad marroquíes en el bosque. Esta presencia de seguridad ha hecho casi imposible llegar a Europa desde Tánger, ya que las fuerzas de seguridad de la región están muy bien equipadas, con tecnología sofisticada, gracias a la enorme financiación de la UE.

Los actores implicados en la seguridad de la frontera son diversos y de gran alcance. Las fuerzas auxiliares marroquíes, los guardacostas, los guardias de trenes y carreteras e incluso actores más insidiosos, como los servicios secretos, cooperan para vigilar y controlar los movimientos de las personas. También están el Ministerio del Interior, el Departamento de Aduanas, la Guardia Civil, actores internacionales como la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y el sector privado, que colaboran para vigilar y proteger la seguridad.

Se utilizan muchas herramientas para apoyar la infraestructura fronteriza, desde drones y cámaras para la vigilancia de las playas y la detención de los sospechosos de conducir embarcaciones, hasta sistemas de vigilancia digital menos visibles para mejorar la seguridad fronteriza. Existen, por ejemplo, programas informáticos para supervisar datos, dispositivos de interceptación de comunicaciones, inteligencia artificial que analiza el tráfico de datos y rastrea las comunicaciones a través de diferentes aplicaciones, como WhatsApp, con el fin de rastrear y vigilar a las personas. Uno de nuestros compañeros de Alarm Phone refleja esta evolución en el uso de la vigilancia digital:

«Recuerdo aquella época en la que hubo una afluencia masiva de migrantes, marroquíes. Se enviaron mensajes en las redes sociales diciendo que las fronteras del norte, entre Tánger y Nador, estaban abiertas, que la gente podía cruzar. Así que hubo muchos jóvenes, menores marroquíes, que fueron a probar suerte. Entonces, las personas que estaban detrás de esos mensajes fueron detenidas. Las autoridades lograron identificarlas en las redes sociales. Porque en Marruecos hay un servicio de vigilancia informática formado por personas muy cualificadas, jóvenes que trabajan exclusivamente para ese fin. […] Hay un servicio de vigilancia muy potente. Y eso también es nuevo. Hace unos años no era muy importante, se utilizaba mucho más en la lucha contra el terrorismo, para detectar personas. Ahora lo han vuelto a utilizar en el contexto de la migración».

Aunque las empresas privadas no participan oficialmente en la vigilancia fronteriza, se sospecha que su papel se oculta en contratos indirectos para la seguridad fronteriza de los Estados. En cuanto al financiamiento de las infraestructuras fronterizas en el norte de Marruecos, este proviene en gran medida de la UE y Estado español. Con el aumento de la financiación de Frontex por parte de los Estados de la UE desde su creación en 2004, también ha aumentado su capacidad para apoyar la militarización de las fronteras.

El cierre y el control de la frontera tienen un impacto catastrófico para las personas que se desplazan por el norte de Marruecos, en particular para lxs africanxs subsaharianxs. La mayoría de las personas que se desplazan llegan a Marruecos con el objetivo de llegar a Europa y encontrar una vida mejor para ellos y sus familias, pero desde 2018 es prácticamente imposible lograrlo. Muchos tienen dificultades para encontrar trabajo en Tánger y recurren a la mendicidad para sobrevivir, lo que es tratado con dureza por la policía, o al trabajo doméstico informal y explotador. En consecuencia, en los últimos años se han producido muchos «retornos voluntarios» a través de la OIM. Aquellxs que se quedan o no pueden regresar a sus países de origen, solo pueden ahorrar dinero e intentarlo de nuevo. Las detenciones violentas y las experiencias traumáticas con la policía provocan una grave depresión y muchxs jóvenes desarrollan adicciones a las drogas y al alcohol.

A pesar de la seguridad fronteriza, la gente sigue intentando llegar a Europa. Hay muy pocas salidas exitosas en el norte debido al enorme nivel de seguridad y, en consecuencia, es muy evidente que las salidas se están desplazando hacia el sur, desde lugares tan lejanos como Guinea o Gambia. Estos viajes son muy peligrosos y largos, quizás semanas en el mar. La creciente presencia de Frontex en África Occidental es una prueba más de la externalización de las fronteras europeas hacia el sur.

La frontera de Tánger se ha militarizado cada vez más desde principios de la década de 2000, a medida que Europa ha tratado de externalizar y reforzar su régimen fronterizo. La barrera de Ceuta, construida inicialmente en 1995, se ha reforzado continuamente a nivel físico y se ha ampliado con tecnologías como cámaras infrarrojas. Con la financiación y los materiales enviados por la UE y el estado español, Marruecos ha fortificado su frontera e intensificado la represión hacia lxs subsaharianxs de la región.

3.1.2. Noreste: Nador y Oujda

Región de Nador

En el contexto de las estrategias de seguridad en las zonas fronterizas del noreste de Marruecos, la primera imagen que viene a la mente son las infames vallas de alambre de púas de 7 metros de altura que rodean la colonia española de Melilla. Probablemente, en ningún otro lugar la «fortaleza Europa» sea tan evidente como en Melilla (y Ceuta).

Las vallas de siete metros de altura tienen tres partes: una en el lado español, otra internacional y otra marroquí. Cada una de ellas está coronada por alambre de púas afilado, así como por un foso de cinco metros que sirve de obstáculo y una amplia vigilancia por parte de las autoridades. La frontera física que rodea Melilla irradia violencia y peligro, con el fin de impedir las incursiones o, más bien, los saltos al territorio español. Se han producido cientos de «masacres de Melilla», como la que tuvo lugar el 24 de junio de 2022, en la que al menos 40 personas fueron asesinadas mientras intentaban cruzar la frontera hacia Melilla. AMDH Nador sitúa acertadamente el violento incidente en un contexto más amplio, afirmando:

«Nos quedó claro que la violencia no era circunstancial ni individual, sino estructural y organizada. Forma parte de una política pública basada en la criminalización […], que convierte a las poblaciones vulnerables en objetos de seguridad […]».

Se han invertido millones de euros en varios periodos de refuerzo de estas barreras, por no hablar de los elevados costes de mantenimiento. Sin embargo, de vez en cuando, grupos de personas y, a veces, individuos logran superar todas estas barreras, aunque, por supuesto, siguen sufriendo lesiones causadas por la valla y los violentos guardias fronterizos. El intento más infame de saltar las vallas terminó en la llamada masacre de Melilla mencionada anteriormente. Pero, a pesar de estas fortificaciones masivas, la gente sigue intentando saltar las vallas, tanto ciudadanxs no marroquíes como marroquíes, últimamente con mujeres entre ellos.

Sin embargo, las estrategias de seguridad en la zona son mucho más variadas que las barreras físicas y la violencia de los guardias fronterizos: redadas violentas en los campamentos improvisados de ciudadanxs no marroquíes en los bosques alrededor de Nador, así como entre las comunidades harraga que se concentran principalmente alrededor de Beni Ansar ; detenciones arbitrarias y deportaciones al sur de Marruecos ; zonas «prohibidas» en las playas de los alrededores de Nador, donde se prohíbe el acceso al público para controlar mejor las salidas por mar ; devoluciones en caliente de personas que logran llegar a Melilla ; violencia y devoluciones en el mar ; criminalización de la migración. Todo un paquete.

Aparte de lo conocido, ¿qué hay de nuevo? Para seguir fortificando la ciudad colonial española de Melilla y «protegerla» aún más contra la inmigración ilegal, desde hace año y medio se está llevando a cabo un proyecto para desarrollar una «frontera inteligente» entre Melilla y Nador. Este proyecto incluye la implementación de tecnologías avanzadas con sensores biométricos, cámaras de alta resolución, sistemas automáticos de reconocimiento de matrículas y torres de vigilancia. La inteligencia artificial ha sido clave para el desarrollo de esta «frontera inteligente», que agiliza y automatiza un porcentaje muy elevado de los procesos en los pasos fronterizos. La adaptación del puesto fronterizo ha requerido una inversión de alrededor de 11 millones de euros, además de reinversiones en el perímetro vallado de la frontera por un importe adicional de 27 millones de euros en el marco de la misma «ola» de fortificación fronteriza. Además de invertir en nuevas tecnologías, se ha aumentado la presencia de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la frontera, con 12 cabinas de control en funcionamiento permanente en las seis líneas que existen para entrar y salir de Melilla.

Al observar la frontera actual, cuesta creer que a principios de los años setenta existía una línea de autobúses que operaba desde Nador a Melilla por solo 1 MAD (dirham marroquí/moneda), sin barreras, sin controles policiales, con controles aduaneros muy ligeros, sin pasaportes, sin visados, sin personal militar a lo largo de las barreras…

Oujda: la frontera entre Marruecos y Argelia

La frontera entre Marruecos y Argelia está completamente cerrada desde 1994. Argelia cerró sus fronteras con Marruecos en 1994 después de que este país decidiera aplicar restricciones de visado a los argelinos tras un violento atentado en el que murieron tres turistas españoles en Marrakech. Las relaciones con Argelia siguen siendo complejas hasta hoy debido a las tensiones diplomáticas, ya que Argelia apoya al Frente Polisario, que resiste a la anexión del Sáhara Occidental por parte de Marruecos desde 1975. Pero a pesar del cierre total, la zona fronteriza entre Maghnia y Oujda era y sigue siendo uno de los principales puntos de entrada al territorio marroquí para las personas en movimiento procedentes de Argelia.

En primer lugar, tras el cierre de 1994, el contrabando a través de la frontera seguía prosperando (principalmente de productos agrícolas, gasolina y tabaco) y, en la década del 2000, muchas personas en movimiento se reunieron en Magnia, en el lado argelino, para finalmente cruzar a Oujda. En la década del 2000 también se produjeron duras represiones en los campamentos y deportaciones a gran escala, pero fueron finalmente las revueltas árabes de 2011 y la consiguiente agitación política que se apoderó de Libia y Túnez lo que llevó tanto a Argelia como a Marruecos a reforzar los controles fronterizos, lo que obviamente también afectó a las comunidades migrantes.

Ambos gobiernos comenzaron a reforzar su arquitectura de gestión fronteriza, aumentando el número de puestos de observación, patrullas móviles regulares y sistemas de vigilancia. En el verano de 2013, el régimen argelino comenzó a reprimir con fuerza el contrabando de combustible, con la esperanza de que la recuperación de los ingresos estatales perdidos ayudase a pagar sus inversiones en la gestión fronteriza (entre otras cosas). Ese mismo año, Marruecos comenzó a levantar vallas fronterizas. Por su parte, Argelia excavó una zanja a lo largo de su frontera con Marruecos, que se completó en 2016, con un gran terraplén detrás. Así, la frontera se fue reforzando gradualmente.

Ahora, la frontera entre Marruecos y Argelia alrededor de Oujda está protegida por vallas metálicas y alambre de púas, combinadas con zanjas anchas y profundas diseñadas para ralentizar o impedir los cruces ilegales. Las zanjas suelen estar secas, pero algunas secciones pueden contener agua en invierno, lo que las hace más peligrosas de cruzar. Las vallas, de entre 2 y 4 metros de altura, se colocan antes o después de la zanja, dependiendo de la zona. Las personas que vienen de Argelia deben trepar por la valla antes de descender a la zanja. La frontera está constantemente vigilada por cámaras, radares y patrullas militares, en las que participan la Agencia de Seguridad Nacional, la Gendarmería Real y las Fuerzas Auxiliares. El presupuesto exacto de esta infraestructura no es público, pero según activistas locales, en 2022 la Agencia de Seguridad Nacional disponía de aproximadamente 13 000 millones de MAD (unos 1 200 millones de euros) para sus misiones, incluida la vigilancia fronteriza, y Argelia ha invertido varios miles de millones de dólares en su infraestructura fronteriza.

El refuerzo de la frontera tiene un impacto directo en Oujda: el cierre prolongado y la militarización han reducido el comercio transfronterizo, agravado la precariedad y el desempleo, y concentrado los flujos migratorios en la ciudad. Las zanjas y las vallas, combinadas con la vigilancia y las patrullas, crean una barrera física y psicológica que empuja a las personas en movimiento hacia rutas más peligrosas y a recurrir a redes de tráfico ilegal, lo que aumenta el riesgo de accidentes o muerte. Las devoluciones, la violencia fronteriza y las deportaciones forzadas son una realidad cotidiana que completa la estrategia de «seguridad» de la frontera.

3.1.3. Sur

Entre 2018 y 2024, más de 100 000 personas llegaron a las Islas Canarias por la ruta atlántica. Esta tendencia ha ido disminuyendo desde principios de 2025. El aumento de la vigilancia costera por parte de Marruecos y, más al sur, de Mauritania, así como la violenta represión que sufren las personas que atraviesan este vasto desierto, en particular las personas negras, han provocado un desplazamiento de los movimientos migratorios hacia Argelia (véase la sección 3.4 sobre El Estado español).

Entre las principales inversiones tecnológicas, el uso de drones es especialmente frecuente en el Sáhara. El control de la migración no es la única cuestión en esta región, como lo describe C., militante de Alarm Phone que conoce bien la zona:

«Creo que, en lo que respecta al control de las fronteras, lo que más destaca es el uso de drones. Se utilizan drones porque, por ejemplo, en el sur de Marruecos, las zonas son bastante extensas. Por eso, a veces, en términos de operatividad sobre el terreno, a los guardias les cuesta mucho «asegurar» todo. Por eso utilizan mucho más los drones para vigilar y detectar movimientos, especialmente en el sur de Marruecos. Eso es lo que ocurre con más frecuencia.

Sabemos que en el sur, por ejemplo, la seguridad no solo se está reforzando por la migración. ¿Entiendes lo que quiero decir? La seguridad también se está reforzando por el conflicto en el Sáhara. Marruecos está tratando de movilizar recursos materiales y militares tanto para salvaguardar su territorio como para combatir la migración. – Las dos cosas van de la mano.»

3.2. Mauritania

A principios de marzo de 2025, mientras terminánamos de redactar el informe anterior sobre el tema del encarcelamiento, las autoridades mauritanas llevaron a cabo redadas de una intensidad sin precedentes, tal y como informaron y documentaron la sociedad civil y organizaciones humanitarias como Human Rights Watch.

En sus hogares, lugares de trabajo y espacios sociales, las personas fueron objeto de detenciones violentas y colectivas. Guiadas por prejuicios racistas, las fuerzas policiales mauritanas irrumpieron en las casas y agredieron a personas sospechosas de ser inmigrantes ilegales. Entre ellas había «niñxs, mujeres embarazadas, solicitantes de asilo, refugiadxs y personas con estatus legal válido en Mauritania».

Si bien la intensidad de la represión fue una sorpresa, la violencia de estas operaciones no es nada nuevo; existe al menos desde que comenzó la criminalización de la migración bajo la interferencia de la UE en 2006.

Pero estos meses de intensas detenciones y deportaciones (alrededor de 30 000 personas entre enero y abril de 2025) se han acompañado por primera vez de un registro biométrico sistemático.

Sobre el terreno, un amigo nos cuenta:

«Según los testimonios […] de cuatro agentes de la Seguridad Nacional [policía] encargadxs de la emigración: tras una detención, se envían dos unidades. Una unidad policial se encarga de entrevistar a lxs migrantes para determinar su situación (si son indocumentadxs o quieren realizar un viaje ilegal a España). El Ministerio del Interior envía una unidad (oficial de registro) para registrar sus datos (tomarles fotos y escanear sus huellas dactilares). Por último, se elabora un expediente sobre la persona migrante y los motivos de su expulsión. En el caso de que la persona migrante sea deportada por intentar viajar ilegalmente a Europa no se le permite volver durante dos años; y si intentara volver a Mauritania y se detectan sus huellas dactilares tras un control o un intento de cruzar la frontera, sería deportada inmediatamente. De lo contrario, puede volver cuando quiera, siempre que esté en regla».

Las autoridades registran expedientes personales, como «huellas dactilares biométricas, fotografías […] con fines de trazabilidad, protección y gestión administrativa».

Los testimonios recopilados por Human Rights Watch entre 2018 y 2023 denuncian acusaciones arbitrarias de situación irregular, salida irregular, etc. Para encubrir con un velo de legalidad las expulsiones relacionadas con estos delitos, la República Islámica de Mauritania (RIM) aprobó en noviembre de 2024 un conjunto de leyes que incluyen la posibilidad de condenar a penas de prisión, multas y prohibiciones de retorno a las personas procesadas por estos delitos.

Durante el proceso de registro y hasta su expulsión, las personas consideradas indeseables por las autoridades son recluidas indefinidamente en la comisaría de Ksar, en Nuakchot, y en una antigua escuela rehabilitada por la UE y apodada «Guantanamito», en Nuadibú. Estos centros son una auténtica tortura para los detenidos (véase el informe anterior).

Lxs representantes de la RIM niegan que estén llevando a cabo estas detenciones masivas en nombre de los Estados europeos, y prefieren hablar de colaboración y soberanía. Según ellos, el objetivo de estas expulsiones colectivas es garantizar la seguridad nacional, «proteger a los migrantes contra […] lxs traficantes» y desmantelar las redes de tráfico.

Este discurso de seguridad justifica políticas que, en realidad, socavan el derecho a la libre circulación y ponen en peligro a las personas que se desplazan. En una declaración conjunta, Malí y Mauritania intentan combinar el discurso de la seguridad con una representación positiva de la migración regional como un fenómeno natural e histórico que es social y económicamente beneficioso. Sin embargo, esto requiere la participación del Estado para garantizar que sea «regulada, segura y ordenada».

De hecho, el derecho a la libre circulación se considera un derecho fundamental en África Occidental y, además, un retorno a la normalidad precolonial. Está garantizado por las organizaciones regionales vecinas de Mauritania: la CEDEAO y la AES.

Desde que abandonó la CEDEAO en 2000, la RIM ha mantenido esta libertad fundamental mediante acuerdos bilaterales con Malí y Senegal. Sin embargo, en los últimos años, se ha vuelto más difícil conciliar la libertad de circulación con la seguridad de las fronteras, lo que ha provocado tensiones con Malí y Senegal. Esto se ha regulado recientemente con Senegal mediante la firma de nuevas normas. Pero las relaciones con Malí siguen siendo más inciertas.

Estas tensiones ponen de relieve la relativa dificultad del Estado mauritano para equilibrar los intereses regionales y la protección de las fronteras de la UE.

Los actores y la materialización

La participación de la UE y sus Estados miembros no se limita a la financiación de tecnología, infraestructuras o equipos para las fuerzas policiales mauritanas. A través de acuerdos bilaterales informales, Frontex, la Guardia Civil, la OIM, etc. garantizan una presencia humana occidental continua para «apoyar» la seguridad fronteriza.

Desde sus primeras intervenciones en Mauritania en 2006, la Guardia Civil, en colaboración con la UE, y la OIM han participado en la creación y/o modernización de 45 puestos fronterizos, mediante donaciones de material y formación de diversas fuerzas policiales.

La presencia de Frontex en la ruta atlántica también es de larga data. Entre 2006 y 2008, varias fases de la Operación Hera movilizaron aviones, helicópteros y barcos europeos, en coordinación con Marruecos, Mauritania y Senegal, para interceptar a las personas en tránsito. Desde entonces, la presencia de Frontex se ha vuelto más insidiosa y opaca, y ya no interviene «directamente» en las interceptaciones y devoluciones.

Es a través de la red AFIC, la comunidad de inteligencia África-Frontex, «una red de 31 Estados africanos coordinada por Frontex», que la agencia europea opera en Mauritania. La AFIC forma y proporciona equipos a los servicios de inteligencia de diferentes países para centralizar la información en tiempo real sobre los movimientos migratorios en la región a través de una base de datos simultánea. Con este fin, forma a las Células de Análisis de Riesgos (RAC) en Mauritania, que existen desde 2022 y están gestionadas por la Gendarmería Nacional y la Dirección de Policía Aérea y Fronteriza (DPAF).

A través de la AFIC, Frontex desempeña un papel importante en la aplicación del modelo europeo de ficheros biométricos en la región. El objetivo de este archivo generalizado es también facilitar la identificación de las personas y su retorno a sus países de origen.

Desde 2011, Frontex tiene la competencia de coordinarse directamente con terceros países mediante acuerdos informales que no requieren votación en el Parlamento Europeo. Sin embargo, sin acuerdos formales, Frontex no puede prever una presencia operativa en su propio nombre. Desde julio de 2022, se están llevando a cabo negociaciones sobre un acuerdo formal entre el Estado mauritano y la agencia (acuerdo de estatuto y/o acuerdo de trabajo), sin oposición del Parlamento Europeo, que ha introducido recomendaciones de vigilancia en materia de derechos humanos. Hasta la fecha, las negociaciones no han tenido éxito y el Estado mauritano, bajo la presión de la sociedad civil, está actuando con cautela para mantener la ilusión de su soberanía total sobre la seguridad de sus fronteras. A falta de un acuerdo directo con Frontex, fue la propia UE la que firmó acuerdos a principios de 2024 y liberó 210 millones de euros (véase el informe anterior).

Es difícil rastrear el uso preciso de esta financiación, pero tras la visita de la presidenta de la Comisión Europea en febrero de 2024, el ejército mauritano recibió nuevos equipos, incluidos drones. El ejército desempeña un papel central en la vigilancia de los kilómetros de costa al este y las vastas extensiones desérticas al oeste. En la región fronteriza desértica con Malí, se han financiado unidades de pilotos de drones en camellos gracias a la financiación de la UE.

El suministro de equipos de control biométrico, ya sea en el marco de la AFIC o de acuerdos con la UE, es la manifestación más reciente de la externalización de las fronteras de la UE a Mauritania. Las herramientas biométricas son fundamentales para la estrategia de readmisión reafirmada por la UE en el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo (PEMA).

Por lo tanto, las fronteras de la UE se están materializando cada vez más en el sur. La red AFIC, vinculada a Interpol, trabaja para aumentar el control en un espacio territorial que, sin embargo, está regulado por acuerdos de libre circulación, como explica un miembro de Alarm Phone Sahara:

« Las fronteras africanas llevan décadas siendo vigiladas y controladas. A diferencia de los países que cuentan con tecnología punta, en África se trata más bien de una militarización de las fronteras. Y estas fronteras comienzan desde la primera ciudad, déjeme explicarle. Si, por ejemplo, salgo de Camerún, en el primer puesto fronterizo de Camerún, si quiero entrar en Nigeria, por ejemplo, la propia policía camerunesa empieza a hacerme preguntas. ¿A dónde vas? ¿Por qué? […] Y si consigo pasar el primer puesto de control en Nigeria, continúa.

Pero el endurecimiento de los controles, esta dinámica denominada «de seguridad», apoyada por socios internacionales, expone a las personas en movimiento a aún más violaciones de sus derechos fundamentales.

Por razones económicas (comercio informal, etc.), sociales (trashumancia, etc.) y/o por su propia seguridad (refugiados), los movimientos migratorios persisten y se ven atrapados entre la violencia de los Estados y la de los grupos armados y/o las redes organizadas.»

Los extranjeros que siguen presentes en territorio mauritano viven en un clima de intimidación y miedo constante a los controles y a la violencia estatal, lo que les lleva al aislamiento social.

Tras ser devueltos en condiciones abusivas de deportación y expulsión (violencia física, extorsión, falta de agua, comida, etc.), muchxs permanecen varados en zonas de tránsito en condiciones extremadamente alarmantes, privadxs de agua potable, comida o refugio y obligados a sufrir graves formas de explotación, en particular la explotación sexual, como lo demuestra este conmovedor poema de un amigo que visitó Rosso el pasado mes de abril:

«El grito silencioso de las mujeres migrantes… Entre el sueño y el abandono
En los rincones olvidados de las fronteras, las mujeres avanzan cargando con un peso mayor que el de sus mochilas. Lo han dejado todo atrás: sus hogares, sus tierras, sus sueños… Y en lugar de encontrar seguridad, se han encontrado con rostros desconocidos, noches de miedo y una crueldad implacable.
Una madre abraza a sus tres hijos, sin saber ya si su dolor proviene del hambre que les corroe el cuerpo o del miedo que les acecha cada noche. Una joven de apenas dieciséis años mira al horizonte con ojos vacíos, como si la vida la hubiera abandonado demasiado pronto.
No hay hospitales para curar sus heridas, ni refugios para protegerse de la lluvia, ni pan para saciar su hambre. Y lo que es peor: violencia… la violencia de los bandidos, la violencia de la necesidad, la violencia del silencio.
Estas mujeres no buscan compasión, sino una oportunidad… una mano amiga, alguien que las escuche, un corazón compasivo.
Pero, ¿dónde están las organizaciones humanitarias? ¿Dónde están las autoridades gubernamentales? ¿Dónde están aquellos que tienen el poder de actuar? ¿No es hora de que la conciencia humana responda al llamado de aquellxs que no son escuchadxs?
Sufro por lo que están pasando y me pregunto: ¿cómo podemos ayudarles? ¿Cómo podemos aligerar esa carga? No tengo todas las respuestas… pero creo que la atención sincera, las palabras adecuadas y las acciones humanitarias pueden cambiar el destino.»

Lxs traficantes se aprovechan de esta situación para cobrar más por sus servicios y su conocimiento del terreno. Y en los puestos fronterizos, las fuerzas de seguridad no dudan en extorsionar a lxs extranjerxs. Esta coexistencia ambigua, que se asemeja a una conspiración, conduce inevitablemente a la violencia económica.

Independientemente de las redes organizadas, la externalización de las fronteras desplaza las rutas migratorias hacia zonas más peligrosas (desierto, mar). Esto provoca más accidentes, naufragios y muertes.

Este testimonio se hace eco del del miembro de Alarm Phone Sahara citado anteriormente, que continúa:

«Cuando las condiciones eran muy duras en el lado nigeriano, lxs migrantes tendían a utilizar las rutas de Mauritania y Malí para entrar directamente en Argelia. […] Pero ahora que Mauritania también ha empezado a devolver a mucha gente, no nos sorprendería que la gente volviera a utilizar la ruta de Bamako. […] Malí recibirá el mismo número de migrantes que antes. […] Excepto que esta vez será un poco complicado llegar a Gao porque la carretera está minada con minas antipersona, y hay ataques y saqueos a autobuses en el camino. Esta es la información que damos a los migrantes cuando llegan. Si quieren pasar por Gao, es bajo su propia responsabilidad, porque eso es lo que está pasando ahora mismo en la carretera.»

Mientras finalizamos este informe, nos entristece profundamente la muerte y desaparición de más de 140 personas que naufragaron frente a las costas de Mauritania mientras viajaban desde Gambia (situada a más de 1600 km de las Islas Canarias).

Nuestros pensamientos están con todas las víctimas de estas políticas mortíferas que hacen que el mundo sea cada día más xenófobo. Queremos oponernos a ellas con toda nuestra solidaridad y enviar ánimo y amor a todas aquellas personas, y a otras, que son víctimas del mercantilismo y la frialdad de quienes nos gobiernan.

3.3. Senegal

En Senegal, la seguridad de la migración ha sido una prioridad política durante varios años, a menudo impulsada por la financiación de la UE. Va acompañada de tecnologías de vigilancia y acuerdos de cooperación que transforman la gestión de la movilidad en una cuestión militar y policial. Esta dinámica forma parte de una tendencia más amplia de externalización de las fronteras impulsada por la UE, pero también de políticas nacionales que refuerzan la criminalización de las salidas. Esta situación empuja a lxs migrantes a tomar rutas mucho más peligrosas para llegar a los puntos de embarque.

La financiación de la UE no se limita a programas abstractos: se traduce en la entrega concreta de equipos de vigilancia y el despliegue de unidades de control sobre el terreno. En octubre de 2023, España entregó seis drones multicópteros a la policía senegalesa, destinados a detectar las salidas de embarcaciones como parte de patrullas conjuntas. Al mismo tiempo, España desplegó un avión de patrulla CN-235, así como 38 agentes de la Guardia Civil, apoyados por cuatro lanchas patrulleras, un helicóptero y trece vehículos todoterreno, para reforzar la vigilancia marítima y costera junto con las fuerzas senegalesas.

En febrero de 2025, la Unión Europea entregó dos sistemas de drones tácticos STRIX 425 a la gendarmería senegalesa como parte de la Asociación Operativa Conjunta (POC II). Estas aeronaves de larga autonomía, diseñadas para la vigilancia aérea y marítima de grandes áreas, representan una mejora significativa del arsenal de vigilancia de Senegal. Esta asociación «refleja el deseo común de ambas partes de reforzar la seguridad regional mediante un enfoque proactivo y tecnológico». Más allá de los drones, la UE ha reforzado las capacidades terrestres. En 2020, entregó 26 vehículos a la Dirección de Policía Aérea y Fronteriza (DPAF) como parte del programa «SENSEC-EU» (un programa de cooperación para la seguridad interna entre Senegal y la UE). En 2025, la Unión Europea proporcionó aún más equipos técnicos de última generación a la policía nacional senegalesa como parte de un programa para reforzar las capacidades de control fronterizo, incluidos equipos para detectar el fraude documental (analizadores de vídeo y ordenadores).

Frontex, la agencia mejor equipada de la UE, está creando las condiciones para esta seguridad fronteriza en Senegal, pero sigue siendo poco conocida por los habitantes del país. En 2019, Frontex abrió una unidad de análisis de riesgos en Dakar, creada en colaboración con las autoridades senegalesas, cuya misión es analizar y procesar los datos sobre migración con el fin de anticipar los flujos y orientar las respuestas de seguridad. Desde 2018, ha apoyado la instalación de puestos fronterizos biométricos. La UE está considerando la posibilidad de firmar acuerdos que permitan a los agentes de Frontex actuar con poderes ejecutivos, incluida la inmunidad judicial en territorio senegalés. Este marco ilustra el cambio de Frontex, que ha pasado de proporcionar un simple apoyo técnico a convertirse en un actor institucionalizado en Senegal, con prerrogativas similares a las de un servicio de intervención directa. Estos proyectos de seguridad se enfrentan a una oposición creciente por parte de lxs activistas por los derechos de lxs migrantes, ya que amenazan la soberanía y los derechos humanos, y son objeto de la campaña anual «Push Back Frontex» de Boza Fii, una asociación senegalesa de defensa de los derechos de los migrantes. Desde la llegada de Frontex y los numerosos acuerdos establecidos para securitizar la «migración», muchas personas han estado luchando, sintiéndose como prisionerxs en sus propios hogares. El discurso de las autoridades y sus colaboradores (la Unión Europea) es el de una migración segura y regulada. Pero, en realidad, el mecanismo que se ha puesto en marcha no es más que selectivo y, en ocasiones, incluso se asemeja a una estafa o un fraude, lo que resulta especialmente evidente en los procedimientos de solicitud de visados.

Hoy en día, en la ciudad de Mbour, por ejemplo, esta situación ha dejado muchas cicatrices en varias familias que han perdido a varios miembros de sus familias en este largo y peligroso viaje. Y hasta el día de hoy, algunas familias siguen negándose a llorar a sus seres queridos, ya que siguen esperando que algún día sus hijxs regresen.

Además de los acuerdos bilaterales, Senegal ha tomado la iniciativa de reforzar sus propias estructuras de seguridad fronteriza. Las Fuerzas Armadas senegalesas están colaborando para combatir la emigración. La Armada y la Fuerza Aérea colaboran para vigilar el litoral e interceptar embarcaciones. El Comité Interministerial de Lucha contra la Migración Irregular (CILMI), creado por decreto en marzo de 2024 para coordinar la política nacional de control de la movilidad, ilustra el giro del país hacia la seguritización. Según su secretario permanente, las fuerzas de seguridad interceptaron a 5192 migrantes en 2024, 407 de lxs cuales fueron procesadxs. El CILMI se apoya en una red territorial de comités regionales y departamentales y promueve un enfoque participativo, llegando incluso a crear un número de teléfono gratuito para animar a lxs ciudadanxs a denunciar las salidas. En julio de 2025, una sola operación interceptó a 201 migrantes en el delta del Saloum. Pero esta estrategia, reforzada por la retórica del presidente de una «caza implacable» de los traficantes, tiende a desplazar las rutas hacia zonas más peligrosas, lo que contribuye a un aumento dramático de las muertes en la ruta atlántica.

La securitización de la migración en Senegal ilustra el fracaso de las políticas europeas y nacionales: financiación masiva, tecnologías intrusivas y criminalización de la movilidad, pero con resultados trágicos. Al hacer más peligrosas las rutas migratorias y romper las solidaridades locales, estas medidas tienen un alto coste humano. La creación de rutas seguras es esencial para preservar la dignidad humana y la libertad de movimiento.

3.4. Estado español

En julio de 2025, las interceptaciones de llegadas por vía marítima al territorio español disminuyeron casi un 29 % en comparación con el mismo periodo de años anteriores (las cifras aquí citadas proceden del Ministerio del Interior español, por lo que utilizamos el término «interceptaciones» y no «rescates»). Las interceptaciones en el estrecho de Gibraltar, en Ceuta y Melilla, así como en la parte occidental del mar de Alborán, continuaron su tendencia a la baja, sin duda debido al refuerzo de la vigilancia en la zona y a la mayor colaboración con el Gobierno marroquí. La ruta atlántica también registró un descenso de casi el 42 % con respecto al mismo periodo del año anterior, debido también a la externalización de los controles fronterizos a los países de origen y tránsito de la región, principalmente Mauritania, Senegal, Marruecos y Malí. Por el contrario, las llegadas a las Islas Baleares aumentaron. Argelia (el país de salida de la mayoría de las personas que utilizan la ruta de las Baleares) no coopera con el Estado español en el marco de las políticas migratorias de la UE.

Estos cambios ponen de manifiesto, por un lado, la persistencia de las razones que empujan a las personas a hacerse a la mar y la ausencia casi total de vías de migración seguras y legales. Por otro lado, los responsables políticos siguen presionando para reforzar el cierre de las fronteras marítimas mediante una estrategia triple: tecnologías avanzadas (en particular, aeroespaciales), militarización y externalización. Estas estrategias entraron en vigor desde 2005 (primera operación HERA de Frontex. Véase la sección 3.2 Mauritania), se reforzaron después de 2018 (cuando se aceleró la politización de la migración por vía marítima, y en particular de los rescates) y se dinamizaron con el desarrollo de nuevas capacidades técnicas de vigilancia.

En lo que respecta a los principales actores presentes en la zona de responsabilidad española, El Estado español se distingue de otras fronteras marítimas exteriores de la UE por una presencia relativamente más discreta de Frontex; la agencia está presente, pero se limita a desempeñar un papel de observador y recopilador de datos una vez que las personas desplazadas llegan al puerto tras un rescate. Otra diferencia es que Salvamento Marítimo sigue respondiendo a las llamadas de socorro que implican a embarcaciones de personas en movimiento. Salvamento Marítimo es la agencia gubernamental civil encargada de gestionar las emergencias marítimas en la zona de responsabilidad española y que lleva a cabo la mayoría de las operaciones de rescate. Sin embargo, la independencia de esta agencia se ve cada vez más comprometida: desde 2006/2008 en las Islas Canarias y desde 2018 en la región del Mediterráneo occidental, la Guardia Civil (una fuerza de seguridad militarizada dependiente del Ministerio del Interior) asume la responsabilidad operativa de la mayoría, si no la totalidad, de los rescates en los que la vida de las personas en movimiento está en peligro. Por otra parte, las decisiones operativas relativas a todos los demás rescates en los que intervienen turistas, pescadores, buques mercantes, etc., siguen estando en manos de la agencia civil, sin ninguna implicación militar, salvo algunas excepciones. La policía nacional solo está presente en los puertos y se ocupa principalmente de la detención, el traslado y el posible enjuiciamiento penal de las personas en movimiento una vez que llegan al territorio.

Fuera del territorio nacional, El Estado español colabora principalmente con las fuerzas de seguridad militarizadas de los llamados países de origen y tránsito: sus principales socios son los ministerios del Interior, las marinas y las fuerzas policiales de Marruecos, Mauritania, Senegal, Gambia y Malí. Estos reciben de la UE y del Estado español no sólo fondos en efectivo sino también material, formación y un trato preferencial en otros ámbitos, como el comercio y los programas de migración temporal. En las Islas Canarias, en particular, la intensificación de la colaboración con el Gobierno mauritano desde 2023 y la consiguiente represión de la movilidad por vía marítima están directamente relacionadas con la fuerte disminución de las llegadas desde ese país (véanse las secciones anteriores).

Además de la externalización y la transferencia de responsabilidades en materia de vigilancia e interceptación a los gobiernos africanos cooperantes, la aplicación de tecnologías de vigilancia en la zona de responsabilidad española constituye una evolución relativamente reciente. Desde hace algunos años se utilizan radares terrestres y aéreos (el sistema SIVE, gestionado por la Guardia Civil) para reforzar la vigilancia en estas zonas, pero estas tecnologías han resultado ser muy insuficientes, especialmente en la inmensa región atlántica.

Un nuevo proyecto piloto denominado Agamenon, financiado por la UE en las Islas Canarias, tiene el objetivo de intentar garantizar una vigilancia las 24 horas del día en esta zona mediante una combinación de pseudo satélites, drones y programas informáticos entrenados para detectar, identificar y señalar la presencia de embarcaciones con migrantes a las fuerzas de seguridad de los Estados europeos. El Ministerio del Interior de Gambia y la policía nacional de Senegal son socios asociados de este proyecto. El proyecto Agamenon se presenta como una iniciativa pionera que podría “salvar muchas vidas” y “luchar eficazmente contra las mafias”. Parece que la hipocresía de los Estados no tiene límites, pues desde el terreno bien sabemos que cuanto más aumenta la vigilancia en las fronteras, más se alarga la lista de personas muertas y desaparecidas en el mar. El siguiente párrafo es una desgarradora prueba de ello.

4. Naufragios y personas desaparecidas

Como escriben nuestrxs compañerxs de Alarm Phone en el episodio 33 del podcast Chroniques àMER,

«Cuando oímos «he perdido a mi hermano» o «he perdido a mi hijo…», el dolor no es solo el de la pérdida, sino también el de la incertidumbre, el de no tener una tumba donde llorar, ninguna verdad a la que aferrarse. Este dolor nunca es el mismo dependiendo de la relación con la muerte, con el duelo, dependiendo de los secretos que encierra cada idioma. Por eso cada desaparición es única. Y las palabras de lxs que viven son siempre muy valiosas, íntimas y políticas.»

Allí se puede escuchar el impactante testimonio de Ndeye:

«Me llamo Ndeye. Soy senegalesa y perdí a mi hermano pequeño el 29 de abril de 2024. […] Nunca lo superas. Es cierto, mi hermano está muerto, pero eso no significa que esté muerto para mí. Está más vivo que quizás muchas personas que conozco. Vive en mi corazón. A menudo hablo con él, tengo sus pertenencias, tengo sus fotos y lo veo en mis sueños. […] Ayer, cuando estábamos en la playa, me derrumbé. Lloré a mares. No hace mucho que lo lloré, pero ayer fue como si fuera obvio que ya no estaba allí. Fue como una especie de prueba. Porque me digo a mí misma: si él estuviera aquí, ¿por qué vine aquí? Porque es una conmemoración. ¿Una conmemoración para quién? Para los muertos y los desaparecidos. Así que si tuviera a mi hermano conmigo, seguramente no estaría aquí. Antes de aceptar que había muerto, me decía a mí misma que estaba en algún lugar de Marruecos, en algún lugar de Túnez. Cuando recibí la confirmación de alguien que estaba en el barco y se puso en contacto conmigo para decirme usted tiene que resignarse, realmente se había ido, yo he sido testigo, lo he visto partir. Todo eso me destrozó, me rompió, me devastó y fue realmente horrible. […] Vives con ello y es un trauma que te persigue, como un peso aquí dentro de tu corazón. Y yo todavía lo tengo. […] Y cada vez que alguien pierde a un familiar, a un ser querido o a un amigo en las mismas circunstancias que nosotros, revivimos lo mismo. Es como si acabara de morir. Es como si los hubieras vuelto a perder. Es muy difícil porque es algo que vivimos cada día, así que cada vez es como si acabara de morir hoy.»

El 1 de marzo, un joven, posiblemente menor de edad, se ahoga y dos personas, entre ellas un argelino de 26 años, son declaradas desaparecidas después de que un grupo de doce jóvenes nadara desde Marruecos hacia la ciudad de Ceuta durante la noche anterior.

El 3 de marzo, en la playa de Al-Fnideq, Marruecos, se encuentra a un menor que llevaba cuatro días desaparecido. Se había ahogado mientras nadaba hacia Ceuta junto con otros jóvenes. Las autoridades de Ceuta habían anunciado tres días antes que varias personas en movimiento se habían ahogado entre un grupo que intentaba llegar a la ciudad a nado.

El 4 de marzo, un joven vestido con ropa deportiva y un chaleco salvavidas es hallado muerto en la playa de Son Moll, en Capdepera, Mallorca.

El 5 de marzo, un hombre de 33 años de Tetuán está desaparecido desde la noche del viernes anterior. Había cruzado el mar desde Marruecos hacia la ciudad de Ceuta, intentando cruzar la frontera durante una noche de mal tiempo y vigilancia marroquí reducida.

El mismo día, unos testigos encuentran a una persona muerta con un traje de neopreno frente al chiringuito de La Caracola, en Fuengirola, Málaga, España. El cuerpo de la persona ha sido arrastrado por la tormenta.

El mismo día, un hombre de 39 años en situación irregular es identificado tras ser atropellado mortalmente por un coche en una carretera cerca de Vera, Almería, España.

El 6 de marzo, en una playa de Formentera, Islas Baleares, España, el mar arrastra el cadáver de una persona. Se considera muy probable que fuese una persona en movimiento que desapareciese durante el viaje en barco desde la costa de Argelia a las Islas Baleares.

El 7 de marzo, unos pescadores avistan al sur de Cabo Verde una embarcación de goma a la deriva con nueve personas muertas a bordo. El plan inicial de la embarcación podría haber sido viajar desde Senegal hacia las Islas Canarias, España.

El 8 de marzo, en Cala Deià, Serra de Tramuntana, Mallorca, España, se encuentra el cuerpo de una persona arrastrado por el mar. La persona fallecida tendría entre 17 y 20 años y llevaba un chaleco salvavidas.

El 12 de marzo, un barco pesquero de madera de Mauritania es rescatado a la deriva tras 20 días en el mar. Los trece supervivientes desembarcan en Dakhla, Marruecos, y afirman que al menos 72 compañeros de viaje murieron durante la travesía.

El 13 de marzo, vecinos de los alrededores de Benzú, en la ciudad de Ceuta, ven a un joven en el mar hasta que las olas se lo tragan. El tiempo es muy tormentoso y él intentaba cruzar la frontera hacia la Ceuta. Los testigos consideran imposible que pudiese llegar a la orilla y desde entonces se encuentra desaparecido.

El 14 de marzo, se encuentra el cadáver de una mujer cerca del puerto de Can Pastilla, Palma, Mallorca, Islas Baleares, España. La Guardia Civil estima que podría haber fallecido durante el naufragio de su embarcación, en un viaje desde Argelia a las Islas Baleares.

El 17 de marzo, en la playa de s’Arenal, Mallorca, Islas Baleares, España, se encuentra una persona muerta. Los medios de comunicación locales afirman que todo apunta a que se trata de alguien que viajaba en una pequeña embarcación.

El mismo día, se encuentra otra persona fallecida en Cala Mesquida, en la zona de Capdepera, Mallorca, Islas Baleares, España. Alguien que caminaba por la playa la encontró y se percató de que llevaba un chaleco salvavidas naranja. Los medios locales también consideraron muy probable que se tratara de una persona en movimiento  que naufragó durante una travesía en una pequeña embarcación desde el norte de África.

El 18 de marzo, una embarcación con 28 personas a bordo sale de Argelia hacia las Islas Baleares, España. Desde entonces están desaparecidos y sus familiares han oído que la embarcación naufragó.

El 19 de marzo, se encuentra un cadáver en la costa, cerca de la playa Juan XXIII, en la Ceuta. Las hipótesis iniciales sugieren que se trataba de un joven en tránsito que había intentado cruzar a nado desde Marruecos y se había ahogado.

El 23 de marzo, se encuentra un cadáver flotando a unas 12 millas náuticas de Ceuta, en el estrecho de Gibraltar. El barco que lo descubrió confirma que se trataba de un joven norteafricano que llevaba un traje de neopreno. Esto lleva a suponer que había intentado llegar a nado a Ceuta y que las fuertes corrientes lo habían arrastrado mar adentro.

El mismo día, se denuncia la desaparición de dos jóvenes argelinos, dos semanas después de su intento de llegar a la ciudad de Ceuta nadando desde la costa de Alhucemas, Marruecos.

El 24 de marzo, en Carboneras, cerca de Almería, España, un hombre de unos 30 años cae al mar y muere mientras su barco se acerca a la playa de Los Muertos.

El 26 de marzo, una persona en tránsito, de unos 25 años, se ahoga tras ser arrojada al mar cuando se acercaba a la costa en Cala de Enmedio, cerca de Almería, España.

El 29 de marzo, 40 personas que partieron hace dos semanas de Mbour, Senegal, siguen desaparecidas a pesar de la búsqueda aérea realizada por Salvamento Marítimo.

El 30 de marzo, una pequeña embarcación con 36 personas a bordo llega a Cala Mochuela, cerca de Almería, Estado español. Dos pasajeros de esta embarcación son trasladados al hospital local y uno de ellos muere.

El 13 de abril, en el distrito de Ait Oufla (Middlet, Marruecos), dos personas en movimiento fueron arrastradas por las crecidas repentinas provocadas por las fuertes lluvias. Los habitantes lograron salvar a una de las dos personas a tiempo, pero la otra falleció durante la inundación y fue encontrada más tarde a varios kilómetros de distancia. Se dirigían hacia el norte para intentar llegar a la ciudad de Ceuta.

El mismo día, el cuerpo de una persona fallecida fue encontrado en la zona marítima de Escorca (Islas Baleares,Estado español) y trasladado al puerto de Sóller. La persona probablemente se ahogó mientras se dirigía a las Islas Baleares en barco.

El 15 de abril, se encontró el cadáver de una persona flotando en el canal entre Ibiza y Formentera (Islas Baleares, Estado español). Probablemente se ahogó cuando se dirigía a estas islas en barco.

El 30 de abril, un joven se ahoga mientras nadaba desde la costa de Alhucemas, en Marruecos, hacia la ciudad de Ceuta, Estado español.

El mismo día, el cuerpo de una mujer muerta es encontrado en la playa de Azla, en la ciudad de Tetuán, Marruecos, después de haber sido arrastrado por las olas.

El mismo día, el cuerpo de un hombre muerto es encontrado en Cala Tortuga, al norte de Menorca, Islas Baleares, Estado español. Una de las hipótesis de la investigación es que pudo haber muerto mientras viajaba en barco entre Argelia y las Islas Baleares.

El 4 de mayo, dos pequeñas embarcaciones a la deriva en el mar son rescatadas en Ibiza, Islas Baleares, estado español. Dos personas habían fallecido y una mujer embarazada había perdido a su bebé durante el viaje.

El 8 de mayo, una pequeña embarcación es rescatada a 62 millas náuticas de la costa de Alicante, Estado español. Entre los 16 pasajeros, una persona falleció durante el viaje. La embarcación partió de Argelia y llevaba varios días a la deriva.

El 26 de mayo, un grupo de 21 personas partió de Argel con destino a España. Desde entonces se encuentran desaparecidas.

El 28 de mayo, cuatro mujeres y tres niñas murieron al volcar su embarcación de 150 pasajeros, cuando se acercaba al puerto de La Restinga, en El Hierro, Islas Canarias, Estado español.

El 29 de mayo, 22 personas partieron de Bourmedes, en Argelia, con destino a España. Desde entonces se encuentran desaparecidas.

El 30 de mayo, se encuentra una persona fallecida en la playa de Migjorn, en la costa de la isla de Formentera, Islas Baleares, Estado español. Las autoridades declaran que intentarán identificar el cadáver y determinar si corresponde a alguna de las personas en movimiento que desaparecieron mientras intentaban llegar a las Pitiusas.

El 31 de mayo, se encuentra a una persona muerta en una playa de Níjar, Almería, Estado español, tras llegar en una pequeña embarcación con otros tres compañeros.

El mismo día, se encuentran dos personas muertas ahogadas en el mar frente a la costa de Formentera, en las Islas Baleares.

Ese mismo día, 25 personas parten de Bourmedes, en Argelia, con destino a España. Desde entonces se encuentran desaparecidas, posiblemente como consecuencia de otro naufragio invisible, al igual que las otras dos embarcaciones de los días anteriores. (fuente: Alarm Phone)

El 1 de junio, se encuentra una persona muerta en la zona de la isla Espardell, en Formentera, en las Islas Baleares, probablemente tras haber partido de Argelia.

El 2 de junio, se encuentra una persona muerta en la playa de Sant Francesc, en Formentera, Islas Baleares, probablemente tras haber partido de Argelia.

El 3 de junio, se encuentra una persona muerta en la playa de Llevant, en Formentera, Islas Baleares, probablemente tras haber partido de Argelia.

El mismo día, se encuentra una persona fallecida en el mar Balear, frente a la costa de Santa Eulària, en las Islas Baleares.

El 4 de junio, cuatro de las 38 personas que viajaban en una embarcación neumática con destino a las Islas Canarias pierden la vida al volcar la embarcación frente a la costa norte de la provincia de Laayoune-Sakia El Hamra, entre Laayoune y Tarfaya. Las autoridades rescatan al resto de pasajeros y los cadáveres de los fallecidos son trasladados al depósito de cadáveres del Hospital Regional Moulay Hassan Ben Mehdi de Laayoune. La Gendarmería Real inicia una investigación, contribuyendo así a la criminalización de las personas en tránsito.

El 5 de junio, se encuentra una persona muerta flotando cerca de Punta Prima, Formentera, en las Islas Baleares. Es el octavo cadáver encontrado en una semana en las Islas Baleares.

El 6 de junio, las autoridades marroquíes encuentran una embarcación naufragada con 52 personas a bordo frente a la costa de la zona de Tarfaya. Entre ellas, se recuperan ocho cadáveres y varias personas son hospitalizadas.

El 7 de junio, la Guardia Civil encuentra el cadáver de una persona que vestía un traje de neopreno y aletas frente a la costa de la zona de Santa Catalina, en Ceuta.

El 18 de junio, Salvamento Marítimo rescata una embarcación con 20 jóvenes, entre ellos cuatro menores, en el mar frente a la costa de Alicante. La embarcación llevaba 14 días a la deriva y los viajeros se encuentran en un estado de salud extremadamente débil. Dos de ellos son hospitalizados. Los pasajeros cuentan a los medios de comunicación que cinco personas perdieron la vida durante el viaje.

El 20 de junio, se encuentra una embarcación en una playa del norte de Mauritania. La embarcación había partido de Kamsar, en Guinea, 11 días antes. 96 personas sobrevivieron y denuncian al menos 3 muertes en el mar. Cuatro personas son trasladadas al hospital y el resto del grupo es detenido por la gendarmería en Mauritania antes de ser deportado de vuelta al sur.

El 1 de julio, un barco pesquero marroquí llamado «Kheir Eddine» rescata a 50 personas en estado crítico frente a la costa de Al-Watiya, en la provincia de Tan-Tan, después de que el barco de los viajeros se averiara cuatro días antes. Una persona muere y otras siete siguen desaparecidas. La policía militar ha abierto una investigación, lo que contribuye a criminalizar a las personas en movimiento.

El 17 de julio, la Guardia Civil encuentra a una persona ahogada con un traje de neopreno a unos 50 metros de la playa en la zona de Sarchal, en Ceuta.

El 29 de julio, la Guardia Civil encuentra a un joven muerto cerca de la costa, en la bahía sur, frente al barrio de Juan XXIII, en Ceuta. A juzgar por el estado del cuerpo, la persona llevaba muerta algún tiempo.

El 30 de julio, Oussama Hamham, un futbolista marroquí de 22 años, fue asesinado a tiros por la marina argelina cerca de Saidia. La lancha rápida en la que viajaba se adentró en aguas territoriales argelinas mientras intentaba evitar las patrullas marroquíes. En ese momento, una unidad de la marina argelina intervino y abrió fuego contra la embarcación. Murió en el mar antes de que el resto del grupo llegara a la costa española.

El 4 de agosto, Salvamento Marítimo rescata a un grupo de 176 viajeros, entre los que se encuentra una persona fallecida, a 476 kilómetros al suroeste de Gran Canaria, en las Islas Canarias. La operación de rescate se lleva a cabo después de que el buque de guerra francés Beautemps-Beaupré fuera alertado de la presencia de la embarcación. Cinco personas, entre ellas una mujer embarazada, son hospitalizadas.

El 10 de agosto, pescadores encuentran a una persona muerta enredada en una red frente a la costa de Al-Madiq, en Marruecos. El joven probablemente se ahogó al intentar llegar a Ceuta a nado.

El 14 de agosto, la Guardia Civil encuentra a un joven vestido con bañador ahogado frente a las costas de Fuente Caballo, en Ceuta.

El 20 de agosto, un barco naufraga frente a las costas de Mallorca después de que sus ocupantes pasaran siete días en el mar entre Argelia y España. Una persona fue encontrada muerta y tres siguen desaparecidas. Diecinueve personas sobrevivieron y fueron trasladadas a Mallorca.

El mismo día, una persona fue encontrada ahogada con un traje de neopreno y aletas frente a la playa de Desnarigado, cerca del monte Hacho, en Ceuta, España.

El 22 de agosto, 14 personas son rescatadas en Mallorca, en las Islas Baleares, mientras que otras 12 siguen desaparecidas tras saltar al agua cuando su embarcación volcó.

El mismo día, 26 personas que viajaban en otra embarcación desaparecen.

El 27 de agosto, un joven, probablemente menor de edad, es encontrado ahogado cerca de Ceuta.

El mismo día, un barco con más de 140 personas a bordo que había zarpado de Gambia naufraga frente a la costa de Mauritania, cerca de Mhaijratt. Solo 16 personas logran llegar a la costa y sobrevivir.

Todas estas no son «tragedias» aisladas ni «accidentes» fortuitos, sino el resultado previsible de las políticas fronterizas deliberadas de la Unión Europea. Cada muerte y cada naufragio son el resultado directo de un sistema que trata la movilidad humana como una amenaza que hay que contener en lugar de como un derecho fundamental. Nuestro dolor por las vidas perdidas es inseparable de nuestra ira: esto no es «gestión» de fronteras. Son asesinatos en la frontera. Es violencia estructural, ejecutada por los Estados europeos y sus aliados. Y es totalmente evitable.