«Ya no se te considera un ser humano» - Encarcelamiento de personas migrantes en las rutas del Mediterráneo occidental y del Atlántico

1. Introducción

A lo largo de sus rutas migratorias, las personas en movimiento se enfrentan a muchas formas de violencia por parte de los Estados y sus representantes. El régimen fronterizo, que obliga a las personas a viajar por rutas cada vez más peligrosas y a veces mortales, trabaja mano a mano con el régimen carcelario.

Habiendo escrito ya un informe sobre la criminalización de las personas en movimiento hace algún tiempo, queríamos participar en el movimiento que intenta visibilizar los lugares utilizados por los Estados para ocultar la represión que ejercen sobre quienes desafían a diario los regímenes fronterizos. Escribir sobre el encarcelamiento, en el contexto de nuestro trabajo en Alarm Phone, es una parte esencial de nuestra lucha por la libertad de movimiento para todes. Las prisiones y todos los demás lugares donde se detiene a personas forman parte de un continuum de violencia, que condenamos. Las fronteras, las prisiones y otros lugares de detención forman parte de un sistema racista, sexista, homófobo, capacitista y clasista de control de la población por parte de los Estados. En nuestra lucha por un mundo libre de violencia institucional, debemos denunciar todas las formas de encarcelamiento y detención, incluidas las de las personas en movimiento y de sus aliades. Todos estos lugares, desde las prisiones hasta los campos de refugiades, reproducen y participan en el sistema global de apartheid racial, social y económico que se basa en la criminalización de personas que las autoridades desean excluir de la sociedad, en particular las personas racializadas, migrantes, trans y no binarias, personas pobres y trabajadores sexuales. Nos solidarizamos con todas las personas presas, políticas o de otro tipo, que sufren violencia a manos de un sistema carcelario y punitivo.

En este informe, queremos abordar la violencia asociada a todas las formas de detención, en prisión, bajo custodia policial, en campos de refugiades y en centros de detención. Estos espacios cerrados se construyen y amplían constantemente en todos los países de la región occidental del Mediterráneo y del Atlántico. Estos espacios frenan el viaje, ya sea de forma temporaria o durante largos períodos de tiempo. Como herramienta de control migratorio, el encarcelamiento, utilizado para castigar a personas en movimiento que desafían los regímenes fronterizos ejerciendo su libertad de circulación, además, segrega y hace invisibles a quienes son considerades indeseables en los territorios nacionales. Además de la violencia de la detención, descrita en los párrafos siguientes por personas que la han sufrido; el racismo, manifestado en las condiciones y la práctica de la detención, el encarcelamiento y la deportación, existe también la violencia de ser invisible. Desde Alarm Phone, nuestro primero y principal objetivo es preocuparnos por saber quién ha sido encerrade, dónde y cómo se siente, cuáles son sus necesidades (necesita ropa, dinero, medicación, libros o cualquier otro objeto) y si la persona necesita establecer contacto con amigos o familiares. Más allá de la asombrosa cantidad de personas detenidas, se trata de generar un vínculo entre los lugares de detención y el exterior. Un vínculo vital, que a menudo es la única forma de acceso a lo mínimo indispensable (ropa, dinero para la cantina o para llamar a un familiar, apoyo legal, etc.).

Desde la década del 2000, se han adoptado numerosas leyes con el fin de encarcelar a más personas durante períodos de tiempos más largos que principalmente han recaído en las personas en movimiento. En concreto, las leyes para combatir a los llamados traficantes han llevado al encarcelamiento de miles de personas en Marruecos, España, Senegal, Argelia y Mauritania. En España y Marruecos, por ejemplo, se ha generalizado una práctica de las autoridades con el apoyo de la Agencia Frontex: se detiene arbitrariamente a dos personas en los embarcaciones que llegan a las costas. Convertidas en chivos expiatorios de la violencia del régimen fronterizo de los Estados, estas personas se arriesgan a pasar hasta varias décadas en prisión. En Mauritania, al igual que en Senegal, se están construyendo nuevos centros de detención: se priva a las personas de libertad y se las castiga antes de que sean deportadas. En Marruecos, las detenciones arbitrarias y las redadas son habituales: detienen, encierran y trasladan a personas por la fuerza al sur del país y al Sáhara. En Argelia, devuelven arbitrariamente a personas en tránsito a través de la frontera con Níger o Malí y las abandonan en el desierto, poniendo en peligro sus vidas.

Ante toda esta violencia, tenemos que construir y fortalecer constantemente la solidaridad y la resistencia. Cada día, Alarm Phone y nuestres aliades intentamos identificar a personas detenidas y encarceladas y brindarles apoyo, haciendo uso de los medios que disponemos: desde la recogida de ropa a la búsqueda de apoyo legal alternativo. Con este informe, reafirmamos nuestro apoyo a todes aquelles que sufren la violencia de los regímenes fronterizos y penitenciarios de los Estados y continuamos la lucha por la libertad de movimiento para todes.

2. Travesías marítimas y estadísticas

En 2024, Alarm Phone gestionó 146 casos a lo largo de las rutas del Mediterráneo Occidental y el Atlántico, asistiendo al menos a 6.425 personas a bordo de estas embarcaciones. Según ACNUR, ese año llegaron a España 64.318 personas, lo que significa que Alarm Phone prestó asistencia a aproximadamente el 10% de las personas que llegaron al país.

Entre septiembre de 2024 y finales de febrero de 2025, Alarm Phone gestionó 117 casos en la región, en los que se vieron implicadas al menos 5.932 personas. De ellas, 76 embarcaciones tomaron la ruta del Atlántico, 20 embarcaciones cruzaron el mar de Alborán, 40 embarcaciones partieron de Argelia y una llamada de emergencia procedía del estrecho de Gibraltar. Durante este periodo, Salvamento Marítimo rescató a 38 embarcaciones, 19 embarcaciones llegaron por sí solas, 3 embarcaciones regresaron a la costa africana, 11 embarcaciones fueron interceptadas y 1 embarcación fue rescatada por un buque mercante. Sin embargo, el número de incidentes en las regiones del Mediterráneo y el Atlántico sigue siendo muy alarmante. En el periodo de este análisis, 33 casos siguen sin estar claros y se produjeron al menos 6 naufragios. Esto significa que al menos 399 personas han sufrido naufragios, mientras que el destino de 1.665 personas sigue siendo desconocido. Tenemos constancia de al menos 154 personas desaparecidas, 135 supervivientes y 76 muertes confirmadas durante el invierno de 2024/2025.

La mayoría de estas tragedias ocurrieron en la ruta más frecuentada, la ruta atlántica. Fue, de nuevo, un año récord de llegadas. 46.843 personas llegaron a las Islas Canarias. ¡Le damos la bienvenida a todas y cada una de ellas! Esto no solo es significativamente más que las 40.330 personas de 2023, sino que también representa el número más alto de todos los tiempos. Cabe destacar que las llegadas pueden alcanzar su punto máximo en casi cualquier mes del año. Los meses con muchas salidas debido a condiciones meteorológicas favorables, suelen ser de septiembre a noviembre; sin embargo, enero y febrero de 2025 (así como enero y febrero de 2024) muestran que el número de llegadas también puede ser muy alto en otros meses. El sindicato de trabajadores de Salvamento Marítimo CGT habla de una «desestacionalización», lo que significa que las travesías ya no están vinculadas a determinadas estaciones. Sin embargo, 2024 también fue un año récord de muertes. Como muestran los datos de la ONG Caminando Fronteras, 9.757 personas murieron en la ruta atlántica en 2024, la mayoría de las muertes ocurrieron entre Mauritania y las Islas Canarias. Como era de esperar, esto convierte a la ruta Atlántica en la travesía más letal que conocemos.

Cada mes presenciamos algún naufragio devastador. Conmemoramos a todas las víctimas del régimen fronterizo y exigimos el fin de las matanzas en el mar. Aunque proporcionamos una lista más detallada de los incidentes en el capítulo 4, queremos destacar aquí algunos ejemplos para ofrecer una idea más realista de la escala de estas tragedias: Entre el 2 y el 3 de septiembre, varias embarcaciones que partieron de diversos puntos de la costa argelina desaparecieron durante varios días. De algunas de ellas no hay constancia de su llegada, por lo que tememos que sean naufragios invisibles y que sus pasajeros hayan muerto trágicamente y no hayan sido encontrados ni identificados entre los cientos de cadáveres que llegan a las costas de España y Argelia cada día. El 20 de octubre de 2024, otro caso en Senegal (Saloum/Djifèreon) fue denunciado por la desaparición de entre 160 y 180 personas. Se enviaron alertas a las autoridades mauritanas, pero no hubo más información sobre su destino. (Fuente: Alarm Phone). El 26 de noviembre, 11 personas partieron del norte de Marruecos en un intento de llegar a Europa. Mientras que dos supervivientes llegaron a Almería, se desconoce el destino de las 9 restantes. Nuestros pensamientos y solidaridad están con sus familias, que siguen esperando noticias. (Fuente: Alarm Phone). Diciembre fue especialmente mortífero a lo largo de las rutas atlántica y argelina. Otro naufragio trajó cuerpos sin vida a las costas argelinas. En otro caso angustioso, 18 personas que partieron de Argel el 29 de diciembre siguen desaparecidas, a pesar de que se informó a las autoridades. (Fuente: Alarm Phone). El nuevo año comenzó de manera igualmente trágica: el 2 de enero, un barco de madera que había partido de Nuakchot, con unas 85 – 90 personas a bordo, naufragó. Se encontraron algunas personas supervivientes y Alarm Phone estuvo en contacto con sus familiares para tratar de confirmar los nombres. (Fuente: Alarm Phone). A lo largo del mes de enero, casi a diario, recibimos informes de cuerpos arrastrados por las olas hasta las costas argelinas. Un funeral digno significa mucho para las familias de las personas desaparecidas en el mar pero, lamentablemente, a menudo muchos de estos cuerpos siguen sin ser identificados (Alarm Phone).

Aunque la ruta atlántica sigue siendo, con diferencia, la más peligrosa y la más elegida, Alarm Phone recibe cada vez más información sobre tragedias que se producen en el viaje desde Argelia. En los últimos meses, varias familias establecieron contacto con Alarm Phone para informar que habían perdido el contacto con sus seres queridos que habían salido en un barco desde Argelia hacia España, en dirección de las Islas Baleares o hacia algún punto de la costa peninsular española: Alicante, Murcia o Almería. En esta ruta, muchas de las personas proceden de Argelia, pero hay otras que inician su viaje desde otros lugares como Somalia, Mali, Burkina Faso o Benín. No se puede determinar con certeza si hay más salidas desde Argelia o si, simplemente, más personas en esta región ya conocen Alarm Phone y se ha generado la confianza suficiente para que se pongan en contacto con nosotres.

En cambio, los miembros de Alarm Phone que trabajan en el sur de Marruecos y el Sáhara, por su parte, describen una evolución muy diferente de la situación, a saber, el desplazamiento de los puntos de partida. Debido a la importante presencia policial, el acoso diario y los despliegues militares en el Sáhara, les candidates a la travesía se han desplazado hacia Agadir. Esto también se observa en los lugares de salida: desde septiembre de 2024, solo 2 de los 48 casos registrados por Alarm Phone en el Sáhara y el sur de Marruecos partieron de la región de Boujdour; todos los demás partieron de los alrededores de Tarfaya, Tan-Tan y Guelmim. Una de estas excepciones terminó en un terrible naufragio que partió el 22 de septiembre de 2024: solo 4 personas de 60/61 sobrevivieron (Fuente: Alarm Phone). Como consecuencia de este cambio de lugar de salida, la isla de Lanzarote, en Canarias, vuelve a recibir a más personas, mientras que hasta ahora la mayoría de las llegadas tenían lugar en la isla de El Hierro, la más al oeste del archipiélago (debido a las numerosas salidas desde Mauritania y Senegal).

3. Encarcelamiento en los diferentes países del Mediterráneo occidental y del Atlántico

3.1. Marruecos

Por lo general, Marruecos tiene una tasa de encarcelamiento algo similar a la de sus países vecinos en el norte de África. Sin embargo, dos acontecimientos han hecho que ONGs y defensores de los derechos humanos den la voz de alarma: en primer lugar,  debido a que las tasas de encarcelamiento han aumentado en los últimos años y, en segundo lugar, por el elevado porcentaje de preses que (45 %) está a la espera del juicio, lo que significa que están en prisión preventiva. Además, Marruecos está siendo criticado por el hacinamiento en las cárceles, a pesar de sus 77 instalaciones repartidas en todo el país y en el Sáhara. Según el informe anual publicado en noviembre de 2024 por el Observatorio Marroquí de Prisiones (OMP), estas cárceles funcionan al 159 % de su capacidad, es decir, que cada persona tiene solo 1,75 m² a su disposición. Además, según el informe se encontraron graves deficiencias en cuanto a higiene, calidad de la comida e instalaciones en general. Junto con otros actores de la sociedad civil, el OMP pide alternativas al encarcelamiento. Sin embargo, les activistas y periodistas que denuncian la injusticia del encarcelamiento suelen ser víctimas de una severa represión por parte de las autoridades por este tipo de activismo y corren el riesgo de ser, elles mismes, encarcelades.

Según cifras oficiales de finales de 2023, solo el 1,5 % de todas las personas presas serían de nacionalidad extranjera. De ellas, el 77 % serían originarias de países africanos, lo que equivaldría a aproximadamente 1.100 personas presas procedentes de países africanos. Dado que la prisión de El Aaiún ya cuenta con un grupo muy numeroso de personas presas originarias de África Occidental y Central (como confirman compañeres de AP El Aaiún), difícilmente este dato puede ser cierto. Las personas en movimiento son encarceladas por diversas razones:

La ley de inmigración 02-03 de 2003 estipula que sin un permiso de residencia válido, las personas en movimiento pueden llegar a estar varios meses en prisión (art. 42) o ser detenidas antes de ser deportadas (art. 50). La ley también contiene disposiciones sobre la facilitación u organización de la migración, también castigada con varios años de prisión (art. 52). Desde su publicación, la ley de inmigración 02-03 ha sido duramente criticada por activistas, ya que criminaliza a las personas que ejercen su derecho a la libre circulación. La ley de trata de personas 27-14 de 2016 también prevé duras penas de prisión. Dependiendo de la gravedad del «delito», las penas de prisión oscilan entre 5 y 10 años o incluso de por vida.

Como muestran los diferentes subcapítulos (3.1.1, 3.1.2, 3.1.3), las personas en movimiento son víctimas de racismo en las cárceles marroquíes, sus necesidades básicas (vestimenta, higiene) no son suficientemente cubiertas y reciben duras y desproporcionadas sentencias debido a la falta de asesoramiento legal e interpretación.

A finales de 2022, la Delegación General de Administración Penitenciaria y Reinserción de Marruecos presentó su estrategia para 2022-2026 para implementar mejoras en las condiciones de detención (incluye, por ejemplo, una mejor atención sanitaria y apoyo psicológico) y mejorar las medidas de reinserción social de las personas presas. Dados los graves problemas expuestos en el informe OMP 2024, existe una gran necesidad de actuar. Sin embargo, si Marruecos (como todos los demás países de la región del Mediterráneo Occidental) sigue encarcelando a personas por cargos falsos, delitos menores y por el mero ejercicio de ejercer su libertad de circulación, tenemos serias dudas de que construir más prisiones o instalar mejores duchas vaya a cambiar algo en lo que respecta al encarcelamiento de personas en movimiento.

3.1.1. Norte

En la región de Tánger, las personas en movimiento son a menudo objeto de detenciones arbitrarias y devoluciones, tras las cuales pueden ser desplazadas a ciudades alejadas de la frontera. Entre estas detenciones y devoluciones, algunas personas son detenidas por presuntos delitos relacionados con la migración ilegal y se les impone penas de prisión más largas si se encuentran implicadas en delitos más graves, como la organización de viajes o el tráfico de drogas. Estos cargos se suelen presentar si se sorprende a las personas con material para preparar una salida o intentando escalar la barrera de Ceuta, por ejemplo; si se les encuentra con chalecos salvavidas, combustible para motores o ganchos para escalar la valla. La policía suele registrar los teléfonos en busca de pruebas en vídeo o fotográficas de la participación en la organización de pasos fronterizos o de tráfico de drogas o alcohol.

Es difícil determinar el número exacto de salidas desde Tánger hacia España, ya que la seguridad en la frontera es muy alta y las frecuentes detenciones han reducido considerablemente las salidas, lo que hace prácticamente imposible que las personas en movimiento pongan en marcha una embarcación. Por lo tanto, se está obligando a la gente a intentar la ruta atlántica, extremadamente peligrosa, más al sur. Sin embargo, cuando se interceptan embarcaciones en el norte, la policía busca a 2 o 3 personas para detenerlas y acusarlas de ser los «patrones», los traficantes o la persona responsable de organizar el viaje : se pretende convertir a individuos en chivos expiatorios de la violencia de la frontera. Esto es enormemente arbitrario y no implica una investigación, por ejemplo, se suele sospechar de ser «patrón» a la persona que simplemente se encontraba más cercana al motor.

Según el procedimiento, las personas son detenidas durante un máximo de tres días antes de comparecer ante un fiscal que determina los cargos que se les imputan; a continuación, pueden ser puestas en prisión preventiva en una cárcel local por un período indefinido, que puede prolongarse durante varios meses. Existen cuatro prisiones en Tánger y sus alrededores: el antiguo complejo penitenciario de la carretera Mesnana/Boukhalef fue cerrado y sustituido por una nueva prisión inaugurada en 2024, la Prisión Local 2 de Tánger, como parte de la reforma penitenciaria en curso de la DGAPR. Hay dos prisiones más en Tetuán y una en Arcila. En la prisión de Tetuán, que también está a la espera de nuevas instalaciones, el año pasado se presentaron denuncias de malos tratos, pero las autoridades las desmintieron.

En Tánger, al igual que en el resto de Marruecos, las personas negras sufren habitualmente discriminación por parte de la policía y el sistema judicial. La mayoría de les preses están detenides por organizar viajes o conducir embarcaciones, y menos por delitos relacionados con su situación legal de residencia. Les activistas han escuchado testimonios sobre las condiciones deplorables en la prisión local 2 de Tánger. Como describió un activista, «una vez que te declaran culpable de un delito, ya no te consideran un ser humano». Se señalan graves hacinamientos, espacios muy reducidos, hasta celdas en las que se alojan entre 60 y 70 personas, y una alimentación inadecuada. Para las personas en movimiento, la cárcel supone un gran aislamiento, ya que les ciudadanes no marroquíes a menudo no pueden recibir visitas ni mantenerse en contacto con sus familias debido al coste prohibitivo de las recargas de teléfono. Como resultado, muchas personas salen de prisión con una salud mental y física muy precaria. Un activista de AP Tanger se reunió recientemente con una mujer guineana que estaba completamente desnutrida tras haber sido encarcelada. En enero, también hubo informes de brotes de sarampión en la Prisión Local 2 de Tánger, lo que ejemplifica aún más las malas condiciones dentro de las prisiones.

3.1.2. Este

Existe un elevado número de menores no acompañades de nacionalidad marroquí que llegan sin progenitores ni familiares a la provincia de Nador, con la intención de cruzar a la península ibérica. Últimamente, también se han visto grupos formados por chicas menores de edad, la más joven de unos 12 años, entre las personas llamadas «​​​​​​​harraga»​​​​​​​. Con frecuencia las autoridades locales confinan, por no decir que encarcelan, a estes menores en el «​​​​​​​Centre de Sauvegarde de l’Enfant»​​​​​​​ de la ciudad de Nador, con el pretexto de la protección (véase también nuestro informe sobre las condiciones de los menores en la región de Nador). No hay acceso a programas educativos o psicológicos adecuados, y les menores están aislades de las redes de apoyo y de los contactos con el exterior. Las condiciones materiales son precarias, y la alimentación es insuficiente y desequilibrada.

Se detiene a ciudadanes extranjeres adultes por delitos relacionados con su situación migratoria (entrada irregular, carecer de permiso de residencia, intento de cruzar la frontera). Se les encierra en centros de detención informales, como el tristemente conocido centro de detención de Arekmane, en un pueblo al este de la ciudad de Nador, o en comisarías de policía, a la espera de ser deportadas más lejos de la zona fronteriza. El centro de Arekmane es un antiguo centro socioeducativo, pero ha sido requisado por las autoridades para encerrar a personas en movimiento detenidas cerca de la costa. Ni siquiera el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tiene acceso a él. (Véase también nuestro informe de 2019 «El campo de batalla oculto»).

Las personas extranjeras condenadas por delitos relacionados con la frontera están recluidas en la prisión de Nador. Se juzga a la gente, por ejemplo, con acusaciones de «tráfico de personas», por organizar supuestamente «asaltos» a las vallas fronterizas y, en años anteriores, también por ser presuntes patrones de embarcaciones, pero en la actualidad, las travesías marítimas de personas no originarias de Marruecos no son frecuentes. Las detenciones y acusaciones siguen siendo muy arbitrarias. Las condenas son duras: sólo en noviembre de 2024, 14 personas extranjeras que habían sido detenidas en la valla entre Nador y Melilla fueron condenadas a 10 años de prisión. «Las condiciones en las cárceles son deplorables», denuncia C., activista sobre el terreno, que intenta coordinar el apoyo a personas detenidas.

«Los funcionarios hacinan las celdas con hasta dos internos por plaza, se niegan a proporcionar kits de higiene y ropa, y la comida es de mala calidad. Se han constatado situaciones de discriminación contra personas negras detenidas, mediante la limitación de acceso a la atención médica y a las actividades. También hay informes de violencia y abusos contra preses vulnerables. Las autoridades se niegan a proteger los derechos de las personas en movimiento».

Se han señalado huelgas de hambre para exigir mejores condiciones, y aparte de la solidaridad entre detenides, que a menudo comparten sus limitados recursos, las comunidades y les activistas intentan prestar apoyo de todas las formas posibles. También hay organizaciones independientes, como AMDH Nador y GADEM, quienes observan y vigilan las condiciones de detención, documentan las violaciones de los derechos humanos y hacen seguimiento de los juicios contra las personas en movimiento ante los tribunales.

3.1.3. Sur/Oeste

En el sur de Marruecos y en el Sáhara, hay varias prisiones grandes donde se retienen a personas en movimiento: Dajla, El Aaiún, Smara (al este de El Aaiún), Bouizakarne (al norte de Guelmim), Tan-Tan y Aït Melloul (Agadir). En consonancia con la nueva estrategia penitenciaria adoptada por las autoridades marroquíes (véase la introducción), se hace hincapié en las «medidas de reinserción» (por ejemplo, en la cárcel de Dakhla), como la formación profesional, para las personas detenidas. Además, en 2023 se abrió una nueva cárcel en la periferia norte de la ciudad de El Aaiún. La tristemente famosa «Carcel Negra» (en español), situada en el centro de El Aaiún, llevaba años superpoblada y las condiciones de vida eran espantosas. Con la nueva prisión, las condiciones de vida han mejorado ligeramente para les recluses comunes, pero para las personas en movimiento, las condiciones de vida y la higiene siguen siendo intolerables. Dado que muchas de las necesidades diarias (comida, ropa, aseo) las deben cubrir las propias familias o asociaciones locales, personas procedentes de países como Malí, Senegal y Costa de Marfil se ven privadas de este apoyo. En su lugar, tienen que depender de lo poco que pueden proporcionarles las asociaciones. AP Laâyoune explica:

«A veces, hay preses que sólo tienen una pieza de ropa con la que viven durante meses sin poder cambiarse. Por eso a veces las asociaciones piden donaciones. Pero les preses sólo pueden ser visitades por sus familiares, que están en sus países de origen y, por tanto, no tienen medios económicos para venir a ayudarles. En ocasiones, miembros de los consulados o de ciertas asociaciones también tienen acceso a las cárceles, pero no siempre es así». Familiares de otros países, como Senegal, ya han empezado a autoorganizarse para apoyar a sus seres queridos en prisión; sin embargo, esta labor es increíblemente difícil debido a la falta de información y asistencia por parte de las autoridades.

Como la criminalización contra las personas en movimiento es tan frecuente, un gran porcentaje de las cárceles del sur de Marruecos y del Sáhara ya están llenas de personas procedentes de África Occidental y Central. El equipo de AP en El Aaiún explica cómo funciona este proceso de criminalización:

«Cientos de personas son acusadas de haber conducido embarcaciones o de haber organizado travesías ilegales. El sistema penal marroquí las persigue para disuadirlas de migrar. Las acusa de contrabandistas, patrones o responsables de la navegación en una embarcación. Las autoridades marroquíes nunca respetan su derecho a un intérprete para los procedimientos judiciales. A veces, golpean a las personas para que revelen quién fue el patrón. A menudo se acusa a personas sin ninguna prueba, simplemente porque cada vez que se intercepta un barco, las autoridades necesitan encontrar a dos o tres personas a las que detener como «responsables». Les demás pasajeres de la embarcación son enviades a un centro de detención durante una o dos semanas, antes de ser trasladades a otro lugar de Marruecos. Las personas acusadas de ser los patrones son llevadas a comisaría y luego a prisión, donde esperan el juicio durante un periodo de dos a cuatro meses. El juicio en sí es completamente arbitrario, y no hay abogade defensore; a veces las personas son condenadas por une juez a través de una videollamada. Las penas son absurdas, la mayoría de 5 a 10 años de prisión, a veces incluso 15 años. Cuando le acusade puede permitirse pagar por su defensa, puede que sea sometida a una condena de solamente 3 meses a 3 años de prisión. A veces las familias pueden aportar fondos para une abogade, pero no suele ser el caso».

3.2. Mauritania

Introducción

«El país se ha estancado en el papel de celoso guardián de un orden mundial tan absurdo como un espejismo». ELY Moustapha

En 2024, Mauritania fue el principal país de salida de los barcos con destino a las Islas Canarias (el 54% de las 658 embarcaciones que llegaron en 2024). Desde 2021, la UE ha reforzado su colaboración con Mauritania a través de una asociación operativa conjunta (JOP), con un presupuesto de 4,55 millones de euros. Este proyecto tiene como objetivo «apoyar la lucha contra el tráfico de migrantes y la gestión de la migración irregular en Mauritania».

En este contexto se ha producido una evolución del marco legislativo y de los medios para privar de libertad a las personas que se desplazan.

Legislación

En 2020, el legislativo mauritano ya había adoptado dos leyes importantes: la ley nº 2020/017 sobre la prevención y represión de la trata de seres humanos y la protección de las víctimas; y la ley nº 2020/018 sobre la lucha contra el tráfico de personas en movimiento. Bajo presión europea, se redactaron dos nuevos proyectos de ley que entraron en vigor el 9 de noviembre de 2024.

La primera (nº 2024/038) establece un marco jurídico para «​​​​​​​la denegación de entrada o la expulsión del territorio nacional de extranjeros ilegales». Su objetivo es proporcionar un marco para la privación de libertad que ya se está llevando a cabo, como los «traslados en la frontera», que en realidad son redadas racistas en los barrios donde viven y trabajan personas negras. Durante los ocho primeros meses de 2024, 10.753 personas fueron deportadas.

La ley prevé penas de hasta 2 años de prisión para quien falsifique documentos o esté en posesión de documentos falsificados (incluidos visados falsos), y de hasta 6 meses de prisión para quien entre en Mauritania sin pasar por los pasos fronterizos oficiales. La Ley nº 2024/038 también permite incriminar a «cualquier extranjero cuya presencia o actividad pueda causar una alteración del orden público», así como a las personas que les «ayuden».

Para aplicar esta ley manifiestamente xenófoba, una segunda ley permite la creación de un tribunal especializado en la wilaya (demarcación territorial) del oeste de Nuakchot. El 17 de febrero, el primer ministro mauritano reafirmó ante este nuevo tribunal:

«La esclavitud, el tráfico de migrantes y la trata de seres humanos son delitos graves que deben combatirse, porque constituyen una seria amenaza para la seguridad y la estabilidad del país».

Las detenciones

Las personas en movimiento son detenidas en el mar (por los guardacostas) o en tierra durante redadas en sus domicilios en barrios periféricos (por ejemplo, en Nuadibú​​​​​​​​​​​​​​: Kairane, Tcharka, Numero, etc.). Las operaciones son llevadas a cabo por equipos conjuntos de la policía mauritana y la Guardia Civil española, y las personas son entregadas al Departamento de Seguridad Nacional (servicio de emigración).

Miembros de AP Mauritania nos lo cuentan:

«Durante su detención, se lleva a cabo una investigación para identificar a los responsables: traficantes o patrones. Una vez identificados, se les ingresa en centros de detención a la espera de juicio. Si son declarados culpables, sus condenas oscilan entre 2 y 5 años, con una multa de hasta 500.000 Ouguiya y confiscación de bienes, que se transferirán al erario público. Los demás serán internados en el ‘centro de retención temporal’ a la espera de su expulsión. 111 personas desplazadas, entre ellas 28 mujeres, están actualmente en prisión [en Nuadibú​​​​​​​​​​​​​​], y 76 aún no han sido juzgadas. Los cargos son diversos: tráfico, robo, contrabando, patrones, etc.».

Condiciones de la detención

Los actuales «centros de detención temporal» son viejos edificios reutilizados para la detención de personas en movimiento. Al igual que los centros de detención en general, están superpoblados y las condiciones de vida son deplorables.

Informa AP Mauritania:

«[En Nuadibú​​​​​​​] existe una antigua escuela que se ha utilizado como centro de acogida temporal que puede albergar hasta 300 personas y a veces hasta 500 o más. El objetivo del centro es preparar a las personas en movimiento para su retorno (deportación) a través de puestos fronterizos para que puedan volver a sus países de origen, y su estancia en el centro puede durar de 6 meses a 1 año».

«En los centros de detención, la mayoría de les detenides se quejan de las condiciones higiénicas; la comida y el acceso a una atención sanitaria son deplorables».

En el marco del POC, el Fondo Fiduciario Europeo ha financiado las obras de rehabilitación de dos centros (Nuakchot y Nuadibú) por un presupuesto de 500.000 euros. Se trata de una cortina de humo: La Europa fortaleza afirma comportarse con «dignidad» y se jacta de disponer de «dormitorios separados para hombres y mujeres, cocinas y comedores, zonas de higiene y deportivas y espacios de reunión». Se prevé un total de 118 plazas entre estos dos nuevos «Complejos Humanitarios de Acogida Temporal» (CHAT).

En cuanto a la administración de justicia, les detenides dan testimonio de la falta de medios para obtener une abogade que se interese seriamente por sus casos y son víctimas de la búsqueda de un culpable ideal. Los juicios son a menudo precipitados y, aunque la ley nº 2020/017 prevé el derecho a recibir información sobre el proceso en una lengua que se comprenda y el derecho a utilizar une intérprete debidamente autorizade por las autoridades, no se proporciona traducción. Esto demuestra la dimensión racista de la administración mauritana, que sólo se comunica en árabe o en morisco, a pesar de que gran parte de la población habla otras lenguas.

También se vulneran los derechos humanos por la lentitud de los procedimientos, que pueden durar más de un año sin juicio. Lo que da lugar a detenciones arbitrarias y al incumplimiento de los artículos 65 (asistencia y tratamiento gratuitos), 66 (asistencia social) y 67 (derecho a asistencia letrada) de la ley nº 2020/017.

La lucha contra el encarcelamiento de personas en movimiento la llevan a cabo únicamente activistas y ONG internacionales, nacionales y locales (protestan contra la lentitud de los procedimientos y en contra de las detenciones arbitrarias). Debido a la falta de recursos, el CICR (Comité Internacional De La Cruz Roja) cerró sus oficinas en Nuakchot en 2023.

3.3. Senegal

Introducción

Bajo la presión de la Unión Europea, Senegal (al igual que Mauritania) se ha encargado de criminalizar la migración, lo que a menudo se traduce en vulneraciones de los derechos humanos de las personas encarceladas por el «​​​​​​​delito» de circular y viajar.

La legislación

En Senegal, la Ley 2005-06 de 10 de mayo de 2005 sobre la lucha contra la trata de seres humanos, prácticas similares y protección de víctimas, es un punto de referencia para la política migratoria. Aunque desde la sociedad civil se ha pedido que se modifique y sustituya esta ley, que está siendo revisada, sigue siendo la principal base jurídica para la detención de personas en movimiento, y la DNLT (División de Lucha contra el Tráfico de Migrantes y Prácticas Análogas, creada en 2018) ayuda a hacerla cumplir.

Además de centrarse en la trata de seres humanos, esta ley criminaliza la circulación castigando también la «migración clandestina organizada» con penas de 5 a 10 años de prisión y multas cuantiosas cuando se utiliza Senegal como punto de partida, tránsito o destino (artículo 4). Aunque la ley especifica que no se puede perseguir a las «víctimas», no especifica qué constituye «organizar la migración clandestina». Por tanto, el artículo 4 permite al Estado encarcelar a les extranjeres y ciudadanes que contribuyan de alguna manera, aunque sea indirecta, a la salida de embarcaciones. La inexactitud de la ley se ha utilizado para criminalizar la migración irregular (y no sólo su organización). La ley de 2005 ha dado mayor margen a abusos policiales, cuyo trabajo está escasamente supervisado, al introducir en el procedimiento senegalés la posibilidad de que la policía entre en los domicilios en plena noche, dando lugar a abusos y a la violación de la intimidad.

Juicios y condiciones penitenciarias

Según un estudio realizado por Senghane Senghor (abogado y activista por los derechos humanos) y sus colaboradores, bajo la dirección de La Cimade (el estudio se está finalizando actualmente), las personas encarceladas en virtud de esta ley por delitos relacionados con la migración son víctimas de importantes violaciones de los derechos humanos bajo la legislación senegalesa. Estas violaciones incluyen periodos de detención excesivamente largos (hasta 8 días), personas enviadas a prisión sin haber visto a un fiscal, personas detenidas aunque en realidad no hayan hecho nada (acusadas de planear un viaje) y falta de transparencia en los cargos. Les extranjeres encarcelades (principalmente de países vecinos como Malí, Guinea y Gambia) son especialmente vulnerables, ya que tienen pocas posibilidades de un proceso justo según la legislación senegalesa, al no poder comunicarse ni tener acceso a une intérprete en caso de necesitarlo. Pero les senegaleses (que constituyen la gran mayoría de les detenides) también son víctimas. Si les detenides no tienen medios para contratar une abogade particular, a menudo nunca se reúnen con le abogade de oficio antes de su comparecencia ante el tribunal. Los plazos de tramitación son muy lentos: para los casos de faltas, el plazo es de 6 meses, pero para los casos penales, la duración de la investigación no está limitada, y les investigadores han encontrado personas que han pasado varios años detenidas sin ser juzgadas.

Dado que no hay presupuesto para alimentar a las personas bajo custodia policial, las investigaciones suelen realizarse con prisas para que les detenides puedan ser trasladades a prisión lo antes posible (o puestes en libertad). Senghor y su equipo descubrieron que muchos de les encarcelades eran «simples pasajeres» contra les que no había pruebas de que tuvieran nada que ver con la organización del viaje; a menudo se trataba de personas vulnerables que no tenían acceso a representación ni a información. Por ejemplo, encontraron en Saint-Louis el caso de un joven que fue detenido en 2023 por organizar un viaje porque le requisaron una brújula cuando fue detenido. También hubo casos de violación de derechos cuando la policía senegalesa persiguió a personas que pensaban que se disponían a marcharse (el informe incluye relatos de registros a medianoche en domicilios familiares y posibles confiscaciones ilegales, en las que la policía se llevó todo el dinero que pudo encontrar en el lugar). A menudo, las personas no saben exactamente de qué se les acusa.

Une activista de Alarm Phone Dakar habla de su citación y posterior detención en comisaría:

«Me citaron en comisaría, no sabía el motivo y se negaron a dármelo. Luego me di cuenta de que sólo querían echarme el guante porque decían que yo conocía a personas que querían marcharse y no las había denunciado. Les expliqué que no era mi función denunciarlas, pero insistieron y me retuvieron durante 36 horas, confiscándome el teléfono. Cuando me di cuenta que iba a pasar la noche bajo custodia policial, le pedí a un amigo que me enviara algo de comida porque no me habían dado nada de comer ni de beber en todo el día, ni a nadie de les que estaban recluides allí. Pasé frío en la celda y no me dejaron llevar mi jersey ni mi boubou [túnica y pantalón]. Al día siguiente vi al fiscal y, tras la vista, como no había pruebas para acusarme, me pusieron en libertad».

Para nosotres, esta detención es un indicio claro que el gobierno senegalés, tras reunirse con las autoridades españolas y la UE, pretende criminalizar aún más la solidaridad en torno a la migración.

La criminalización puede llegar muy lejos, con efectos nefastos: El equipo de Senghor encontró a dos mujeres encarceladas durante varios meses en 2024 a pesar de que no tenían nada que ver con la migración. Una de ellas pasó varios meses en prisión antes de ser puesta en libertad por ser acusada de proporcionar comida a un grupo de personas que estaban preparando un viaje del que ella no tenía conocimiento. La otra lleva ya 9 meses en prisión a la espera del resultado de su juicio por albergar en su patio un motor de cayuco que supuestamente pertenecía a un organizador de viajes y cuya existencia ella desconocía.

Las condiciones en las cárceles senegalesas son muy deficientes. Según un informe de 2020, les detenides sufren hacinamiento en las prisiones («218 personas en una habitación de 70 m²», según un informe de Amnistía Internacional), alimentación insuficiente con escaso valor nutritivo y condiciones higiénicas deplorables. Les activistas encarcelades en Senegal en 2023 también han dado testimonio de condiciones deplorables, que incluyen palizas, privación de alimentos durante 48 horas y mujeres encarceladas con sus bebés en estas condiciones.

Resistencia y solidaridad

Son muchos los llamamientos de la sociedad civil para reformar la ley, los procedimientos y las condiciones en prisión. Mandiogou Ndiaye, fiscal del Tribunal de Apelación y miembro del Consejo Constitucional, publicó con Nelly Robin un estudio crítico de la ley de 2005, en el que muestra cómo se está utilizando esta ley como arma en la externalización de las fronteras europeas. Organizaciones de la sociedad civil como la Ligue Sénégalaise des Droits de L’Homme [Liga Senegalesa de Derechos Humanos], Article 19 , y RADDHO (Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme [Convergencia Africana para la Defensa de los Derechos Humanos]) también han protestado contra la detención ilegal, especialmente el encarcelamiento que menoscabó la libertad de expresión de les preses polítiques bajo el régimen de Macky Sall (como el activista Alioune Sané y varias figuras de la oposición, entre ellas el actual presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye).

Les ex preses también han luchado contra las malas condiciones y las violaciones de los derechos humanos, pero debido a la represión de Macky Sall, algunos se exiliaron, como Ibrahima Sall, presidente de la Association pour le Soutien et la Réinsertion Sociale des Détenus (ASRED [Asociación para el Apoyo y la Reinserción Social de los Presos]). En enero de 2025, la causa de les preses tuvo más repercusión mediática, con la protesta del político Moustapha Diakhaté contra la ineficacia de les abogades y las malas condiciones de la cárcel de Reubeuss al salir en libertad, tras su condena por insultos en noviembre de 2024. Sin embargo, los movimientos protagonizados por preses polítiques no arrojan luz sobre las condiciones de detención de les extranjeres en Senegal. Las personas en movimiento en las cárceles senegalesas siguen siendo, por desgracia, prácticamente invisibles a los ojos de la opinión pública.

Conclusión

Dado el conocimiento de primera mano de las condiciones carcelarias, el régimen actual de Senegal parece ofrecer una oportunidad para reducir la violación de los derechos de les preses (aunque las condiciones estén mejorando, estos lugares de confinamiento siguen siendo herramientas de violencia estatal). A menudo oímos que ya se está revisando la ley de 2005. Pero con la externalización de las fronteras y la presión de la Unión Europea, por el momento, el presidente senegalés, Bassirou Diomaye Faye, ha optado por reforzar la misma política «​​​​​​​coercitiva» que sus predecesores, criminalizando a las personas en movimiento en lugar de denunciar la verdadera fuente de sus problemas: la política migratoria europea, que empuja a las personas a emprender viajes cada vez más arriesgados.

3.4. Argelia

Introducción

En Argelia, las personas en situación irregular no acaban automáticamente en la cárcel. Les extranjeres y nacionales sólo son encarcelades cuando se les acusa de haber cometido una infracción penal, independientemente de su situación administrativa en el país (irregularizades o regularizades con arreglo a la legislación argelina).

El país no impone sanciones severas (en todo caso, en forma de penas de prisión) por la presencia de personas extranjeras en situación de migración, independientemente del tipo de migración, asentamiento, tránsito o incluso salida. Sin embargo, están presentes otras formas de violencia, en particular las redadas y expulsiones colectivas de personas negras al desierto.

En el pasado, defensores de derechos humanos y sindicalistas denunciaron la vulneración de los derechos de las personas en movimiento en general. Actualmente, la situación en Argelia es extremadamente peligrosa para los activistas y sindicalistas de derechos humanos que reivindican derechos, y encuentran mucha dificultad en la difusión de campañas abiertas de apoyo a las personas en movimiento.

No obstante, de vez en cuando, surgen actos de resistencia. Recordemos la primera redada contra personas en movimiento procedentes de África Occidental y Central, el 2 de diciembre de 2016. Durante la noche de salida, se produjo un movimiento de protesta en el centro de ocio Zéralda en los suburbios de Argel, lugar establecido para recoger a personas negras detenidas antes de su deportación al desierto. Las personas en movimiento se negaron a subir a los autobuses sin saber por qué habían sido detenides y cual era su destino. Tampoco habían podido recoger sus pertenencias. La respuesta a esta protesta fueron porras y gases lacrimógenos.

Sancionar la ayuda a la salida ilegal de personas en movimiento

En 2003, Argelia ratificó el Protocolo de Palermo contra el tráfico ilícito de personas en movimiento por tierra, mar y aire, que tipificaba como delito los medios por los que las personas en movimiento cruzan las fronteras. En 2009, cuando se enmendó el código penal, la definición de la terminología «tráfico ilícito de migrantes» estaba completamente sesgada con respecto a la definición de la ONU y a la citada en el decreto argelino de ratificación del Protocolo.

El artículo 303 bis 30 del Código Penal considera «tráfico ilícito de migrantes» el acto de organizar la salida ilegal del territorio nacional de una persona, apuntando directamente a las salidas hacia Europa y a los intentos de cruzar el Mediterráneo por parte de personas en movimiento, ya sean extranjeras o argelinas. Contrariamente al Protocolo de la ONU, en sí mismo muy cuestionable, no se condena la ayuda a la entrada, sino la salida, en el marco de una lógica de coacción y criminalización de los intentos de desplazarse hacia el Norte.

En ocasiones, ciudadanes no argelines fueron devueltes o expulsades desde los países europeos a Argelia, en caso de que Argelia les haya otorgado un salvoconducto. Una vez llegades a un aeropuerto argelino, suelen ser conducides a comisarías donde pueden permanecer detenides más de un año antes de ser expulsades o puestes en libertad.

Sancionar la salida ilegal de argelines

En el caso de ciudadanes argelines que intenten migrar (salida ilegal del país), no se les suele imponer una pena privativa de libertad, a menos que se les condene también por otro delito penal. Un delito puede ser, por ejemplo, falsificar un documento de viaje, o ser designade por el Estado como «actor en el tráfico ilícito de migrantes», es decir, haber participado en la facilitación de una salida o viaje.

Castigar a las personas en movimiento empujándolas de nuevo al desierto

Muches extranjeres son detenides y encarcelades a la espera de su expulsión o traslado a la frontera tras un control de identidad o el chivatazo de une vecine. Las autoridades recurren entonces a dos prácticas:

En algunos casos, las personas son puestas bajo custodia policial hasta que comparezcan ante el fiscal y se les imponen penas de prisión en suspenso por encontrarse ilegalmente en el país. Las que se encuentran en una situación administrativa irregular, como muches trabajadores inmigrantes marroquíes, suelen ser conducides a centros de espera o detención hasta que sus embajadas expiden los documentos de viaje necesarios para su expulsión.

En otros casos, las autoridades también recurren a un sistema de deportaciones colectivas y expulsiones al desierto de personas en situación administrativa irregular (principalmente de personas negras y/o de «piel oscura»). A veces, las personas son retenidas en comisarías de policía o de la gendarmería. En otros casos, si la ciudad dispone de los llamados «centros de espera» destinados al alojamiento (en otras palabras, lugares que permiten la detención), las personas son retenidas allí a la espera de ser deportadas o trasladadas a la frontera. De hecho, la ley 08-11 contiene un importante capítulo punitivo (capítulo 7) relativo a la expulsión y el traslado hacia la frontera, que las autoridades utilizan en gran medida contra las personas en movimiento de origen subsahariano en situación administrativa irregular.

Se observa un trato discriminatorio con respecto a les extranjeres en situación administrativa irregular. Para algunes nacionales, la detención dura el tiempo necesario para obtener el salvoconducto expedido por sus consulados y, una vez obtenidos los documentos de viaje, se organiza su expulsión a la frontera con la ayuda de las autoridades de sus países de origen. Para otras personas, la detención sólo dura unas horas, el tiempo que tarda en terminar la redada general que comenzó ese día o el día anterior, y el tiempo que se tarda en subirlas a los autobuses, sin intentar averiguar su identidad o avisar a los representantes diplomáticos de sus países. Las personas detenidas que se desplazan desde África Occidental y Central son tratadas como ganado.

Desde el 2 de diciembre de 2016, la deportación de personas negras a la frontera (con Mali y Níger) se ha convertido en el principal método de las autoridades argelinas para gestionar la migración.

Se trata, principalmente de deportaciones expeditivas y colectivas: Las personas son abandonadas en el desierto, a merced de las inclemencias y sin ninguna ayuda institucional. Esta situación, denunciada a diario por les compañeres de Alarm Phone Sahara, pone en peligro la integridad física y mental, y con demasiada frecuencia la vida, de las personas que se desplazan por el Sahel. Como explican, estas expulsiones suelen formar parte de una cadena de violencias sufridas por las personas en movimiento que desean cruzar el mar Mediterráneo:

Por un lado, las fuerzas de seguridad argelinas llevan a cabo regularmente redadas y detenciones masivas en los lugares de trabajo y residencia, incluidas obras de construcción y edificios vacíos. Al mismo tiempo, desde 2023 se ha producido un aumento de las deportaciones en cadena, durante las cuales las personas son deportadas a Túnez (a menudo después de haber sido interceptadas en el mar), llevadas a la frontera argelina, y más tarde, por las fuerzas de seguridad argelinas, a la frontera nigeriana.

Condiciones de detención

En las prisiones, les inmigrantes negres, una vez condenades, son recluides en una celda separada y no se mezclan con les preses nacionales. Sin embargo, durante el periodo de detención preventiva, por ejemplo mientras están en vigor las órdenes de detención, o incluso antes de la sentencia definitiva, sí son alojados en la misma celda, y cada une espera su juicio.

Aunque Argelia ha empezado a construir nuevas prisiones y centros de detención a gran escala, las cárceles actuales, especialmente las del periodo colonial están superpobladas, en gran medida porque la detención preventiva se ha convertido en la norma.

Las prisiones de Argelia están estrechamente vigiladas en lo que respecta a la higiene y la propagación de enfermedades propias del entorno penitenciario. Les preses tienen derechos en este ámbito. En cuanto a la alimentación, queda mucho por hacer. La comida en los centros de detención es escasa. Son las familias de les preses las que proporcionan los paquetes de comida, y actualmente sólo se entregan dos veces al mes.

Les extranjeres e incluso los nacionales que no tienen familia no reciben absolutamente ninguna ayuda del exterior. A les detenides no se les permite visitas de personas que no tengan vínculos familiares. De hecho, la ley sólo permite las visitas de familiares de primer y segundo grado. Además, también ocurre que las personas permanecen detenidas en un centro de detención durante periodos indefinidos, en violación de la ley argelina y de los 30 días renovables que prevé.

En cambio, en el Centro de Detención de Orán, creado en 2024, las condiciones de alojamiento e higiene son mejores. No obstante, si bien las personas extranjeras tienen derecho a realizar llamadas telefónicas, no se les permite recibir visitas de conocides o amigues. En cuanto a las visitas de familiares de primer y segundo grado de parentesco, aún no sabemos si es posible para les extranjeres.

Estos lugares siguen siendo lugares de encarcelamiento utilizados para castigar a las personas que han ejercido su libertad de circulación y se han enfrentado al régimen fronterizo.

3.5. España

En España, existen tres tipos de dispositivos en los que las personas en movimiento pueden estar privadas de libertad: los CATE, los CIE y las cárceles. Los CATE (Centros de Acogida Temporal para Extranjeros) son los lugares donde las personas en movimiento que llegan por mar se encuentran bajo custodia, desde su entrada en el territorio español, por un período máximo de 72 horas. Los CIE (Centros de Internamiento para Extranjeros) son centros de retención donde las personas pueden estar encerradas a la espera de un retorno forzado por un período máximo de 60 días. Tanto los CATEs como los CIEs están especialmente diseñados para personas extranjeras o bien que han entrado de manera irregular en el territorio nacional o bien por encontrarse en el territorio en situación administrativa irregular. En las cárceles se pueden encontrar personas en movimiento acusadas de haber cometido un delito, ya sea en prisión preventiva a la espera de su juicio, o ya declaradas culpables y condenadas, tras la celebración de su juicio, a una pena de prisión de más de dos años.

Un uso abusivo de la legislación contra el tráfico de personas

El sistema judicial español criminaliza a las personas en movimiento que llegan a España, especialmente en las llegadas por vías marítimas a Canarias. Pueden estar privadas de libertad desde su misma llegada y durante varios años, por una utilización abusiva de la legislación contra el tráfico de personas (el artículo 318 bis del Código Penal).

Una base de datos elaborada por el abogado canario Daniel Arencibia sistematiza la información de más de 1000 sentencias dictadas entre 2018 y 2024 en todo el estado español sobre supuestos «patrones» de embarcaciones. El estudio demuestra que se producen múltiples vulneraciones de derechos fundamentales en las pautas de acusación. El análisis revela también que, para los mismos cargos, la fiscalía de Canarias, que es la región con más llegadas, solicita penas mayores que en otras comunidades autónomas. En Canarias también, y no en otras comunidades autónomas, se ha condenado a ciudadanos malienses, cuando la Convención de Ginebra protege de toda sanción penal a las personas que cruzan la frontera para huir de un país en guerra (artículo 31.1). Asimismo, Canarias es la única región española donde menores de edad están siendo encarcelados bajo estos cargos. En Canarias, la tasa de condenas de las personas acusadas de participar en la organización del viaje es del 93 %.

La criminalización de los patrones en las Islas Canarias​​​​​​​ 

En Canarias existen cinco centros penitenciarios repartidos en cuatro islas: uno en Tenerife, dos en Gran Canaria, uno en Lanzarote y uno en La Palma. Según fuentes policiales, en 2024 110 personas fueron acusadas y condenadas por «favorecer la inmigración irregular» en Canarias. La policía busca acusar al menos a dos personas por embarcación, aunque se han observado casos con hasta ocho acusados por la misma embarcación. Dependiendo de la isla de llegada y de los efectivos policiales disponibles, los procedimientos pueden ser muy diferentes, lo que refuerza su carácter arbitrario y oportunista.

Cuando se acusa a una persona de ser el patrón o de haber participado en la organización del viaje, ingresa en prisión preventiva como medida cautelar, sin una verificación garantista de que se cumplen los requisitos establecidos en la ley antes de aplicar una medida cautelar tan severa (riesgo de fuga, peligro de ocultación o destrucción de pruebas, posibilidades de reincidencia, etc.). Según los datos recopilados por Arencibia, la duración media de la prisión preventiva en Canarias es de 295 días en Las Palmas y de 395 días en Santa Cruz de Tenerife.

Los procedimientos de acusación

En entrevistas supuestamente voluntarias con les pasajeres, la policía y Frontex ejercen presión para obtener declaraciones acusatorias. Estas «entrevistas» tienen lugar en los CATEs, cuando las personas acaban de desembarcar y están extremadamente debilitadas y desorientadas además de encuentrarse bajo custodia policial. El procedimiento se lleva a cabo sin abogade ni intérprete cualificade. Un informe titulado «Vulneraciones de derechos humanos en Canarias en 2024», elaborado por las organizaciones Irídia y Novact, denuncia negociaciones engañosas por parte de las autoridades:

«Entre las ventajas ofrecidas se encuentran la regularización de la situación administrativa y la condición de «testigo protegido». Sin embargo, (…) estos dos elementos a menudo no tienen efecto».

Según la abogada canaria Loueila Sid Ahmed Ndiaye, otra forma de presión es insinuar a la persona que, si no acusa a nadie, corre el riesgo de ser acusada por otras. El acusado (casi siempre un hombre) suele ser condenado basándose únicamente en una o dos declaraciones de «testigos protegidos» anónimos, lo que es contrario a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha sido adoptada por el Tribunal Supremo del Estado español. Además, las pruebas suelen ser dudosas o se obtienen durante la confiscación del teléfono móvil sin el consentimiento expreso de la persona acusada o de su abogade.

Últimamente, se está detectando un procedimiento nuevo para poder identificar a los patrones en el campamento de las Raíces, en Tenerife. En este macro campamento de carpas militares permanecen las personas en movimiento que llegaron, en su mayoría, a la isla de El Hierro a la espera de su traslado a otros centros de acogida humanitaria en la península. Varies testigues (trabajadores del campamento, abogades, activistas) afirman que la Policía Nacional está pidiendo al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que se suspendan las derivaciones en tanto no se subsana la investigación policial para saber quien es el patrón. Las personas de la misma embarcación se ven hacinadas en la misma carpa durante varias semanas o incluso meses, en una situación de privación de libertad encubierta.

El procedimiento judicial

Al inicio del procedimiento judicial, la fiscalía pide 8 años de prisión, pero generalmente ofrece una reducción de la pena si el acusado se declara culpable (la llamada «conformidad»), en cuyo caso renuncia a un juicio y a la evaluación de las pruebas. Esta oferta de la fiscalía se comunica generalmente después de varios meses o años de prisión preventiva. La mayoría de los acusados, casi el 80 % según el análisis de Arencibia, aceptan la conformidad. Esto se explica, por un lado, por las dificultades de acceso a una defensa adecuada. La mayoría de los acusados tienen abogades de oficio, que no están familiarizades con los procedimientos y las leyes de inmigración y que no disponen de recursos suficientes para estudiar y analizar los casos individualmente. Las personas acusadas también pueden decidir declararse culpables debido al daño psicológico causado por su larga estancia en prisión preventiva. En una investigación periodística publicada en diciembre de 2023 en el medio español Contexto y Acción (y en otros medios en Europa), la abogada Loueila Sid Ahmed Ndiaye, que ha defendido a varies patrones en Canarias, explica:

«Es un procedimiento tremendamente injusto (…). La prisión preventiva es un arma psicológico. Si los acusados estuvieran en libertad condicional y no en prisión, la situación sería totalmente distinta. Tendrían la fuerza para pelear. Aquí, el sistema funciona para satisfacer las estadísticas de la policía y de la justicia. Detenemos y condenamos a los traficantes, y todos contentos»​​​​​​​. (ver viñeta más abajo)

Los juristas, activistas y diversos informes citados en esta sección coinciden en el carácter racista de estos procedimientos.  Dos abogadas de Lanzarote denuncian, por ejemplo, «una interpretación muy racista de un procedimiento judicial», y afirman que

«no lo harían con personas de aquí, no se garantiza ningún derecho, solo se garantiza la xenofobia».

Además, si son condenadas, estas personas no pueden regularizar su situación administrativa en España una vez cumplida su pena, debido a sus antecedentes penales (si la condena es de 3 años, tendrán antecedentes penales durante 5 años). La mayoría de ellas son objeto de procedimientos administrativos de expulsión y se ven bloqueadas en su acceso a un derecho de residencia legal durante muchos años.

Un modo de controlar la inmigración

La utilización de la supuesta «lucha contra las mafias y el tráfico de personas» para criminalizar a personas que intentan llegar a Europa se ha convertido en una medida del control migratorio, sobre todo en Canarias. Como las condenas inferiores a dos años no conllevan el ingreso en prisión, la Fiscalía canaria pide como mínimo tres años. Son condenas «ejemplarizantes» basadas en la creencia de que podrían disuadir a otras personas en su proyecto de migrar. Además, ofrecen datos y estadísticas para que el Estado español pueda demostrar que está luchando contra las supuestas mafias. Así lo reconoce la propia fiscal de Extranjería de Las Palmas de Gran Canaria, Teseida García García. En una entrevista realizada en el marco de una investigación periodística, afirma que si las condenas no llevaran un ingreso seguro a prisión:

«El mensaje a la sociedad española y también para los países de origen sería que se van de rositas. Las sentencias son un recordatorio de que hay riesgos en este viaje».

A lo largo del año 2024, en España, se han multiplicado las investigaciones periodísticas que visibilizan las vulneraciones de derechos específicas a la figura del patrón de embarcación (como esta, recientemente publicada en Francia). Sin embargo, en los últimos meses, se pueden observar cierto cambio en la narrativa sobre les patrones. Notas de prensa emitidas por la Policía Nacional, la Guardia Civil o el Tribunal Superior de Justicia dan a conocer procedimientos en los que el patrón o les patrones habrían actuado de forma violenta durante el viaje y serían culpables, ya no de facilitar la inmigración irregular o de homicidios involuntarios, sino de asesinatos. La decisión de hacer públicos estos casos que retratan a les patrones no sólo como traficantes, sino como asesines, podría considerarse una contraofensiva policial y judicial ante las recientes críticas a sus prácticas, a través de la instrumentalización de estos casos.

Condiciones de detención

Y., es un ciudadano senegalés que está cumpliendo en la prisión de Lanzarote una pena por haber llevado el timón de la zodiac que le trajo a él y otras 53 personas a Canarias desde la costa de Marruecos. Sobre las condiciones de vida en la cárcel, dice que lo más difícil es no tener a nadie fuera que les pueda venir a visitar y no tener noticias de la familia. «Durante los dos primeros años, no tenía móvil para hablar con mi familia». También relata que las condiciones son peores para quien no tiene dinero:

«A los que no tenemos familia ni a nadie aquí, si nos portamos bien, nos ingresan en lo que llaman una tarjeta de peculio, unos 20 o 30€ cada seis meses. En principio esto es para poder comprar comida en el economato, tabaco o cosas así. Yo yo prefiero usarlos en el locutorio para hablar con mi familia. Pero claro, se gasta rápido. Y si no tienes dinero, no tienes nada porque ahí dentro todo es más caro que fuera».

En la cárcel se puede trabajar, haciendo limpieza, ayudando en la cocina, etc. pero las pagas son muy bajas. «Unos 150€ a 200€ por trabajar 8 horas diarias». Lo peor para él en la cárcel es el trato recibido por les funcionaries. «Hay algunas buenas personas, pero la mayoría son malos, muy malos… y racistas». En los meses anteriores a la celebración de su juicio, que tuvo lugar en la isla de Gran Canaria, fue trasladado desde la cárcel de Tahíche, en Lanzarote, a otra en Las Palmas, la capital de Gran Canaria. Dice que las condiciones allá eran mucho peores: las celdas más numerosas, las duchas colectivas, la comida de peor calidad, etc. Pero sobre todo, recuerda

«He escuchado ahí a una funcionaria decir, directamente, así a la cara, que no le gustan los negros. Nos dijo que olíamos mal».

Resistencias y solidaridades

En Canarias existen varias acciones de solidaridad y resistencia a la criminalización de los capitanes. Junto a abogades que se comprometen en la defensa de los capitanes o que han trabajado en la recopilación y sistematización de datos, como Daniel Arencibia, existen organizaciones o colectivos que visitan y apoyan a las personas encarceladas: En la isla de Lanzarote, la organización Derecho y Justicia; en la isla de Tenerife, la Asamblea de Apoyo a los Migrantes; y en la isla de Gran Canaria, la Pastoral de Migraciones y la Federación de Asociaciones Africanas de Canarias (FAAC). Sin contar con las numerosas personas anónimas que alojan en sus casas a personas detenidas durante sus permisos o les ayudan en sus diferentes trámites administrativos, en la búsqueda de empleo, etc.

Por otro lado, el Proyecto Patrones comenzó a principios de 2025. Su objetivo es reforzar las capacidades de les abogades que trabajan en las islas, visibilizar la realidad de la criminalización de los capitanes en España y reforzar los vínculos con las redes de coordinación existentes. El Proyecto Patrones forma parte de la red Captain Support Network, compuesta por organizaciones que luchan contra la criminalización de les capitanes, principalmente en Grecia, Italia y el Canal de la Mancha.

Frente a un sistema que trata a las personas que ejercen su derecho a migrar como delincuentes desde su llegada a territorio europeo, hayan cometido o no un delito, la mayor de las resistencias es continuar a desafiar las fronteras. A Y. le quedan unos meses para cumplir su condena. Ante la perspectiva de ser devuelto a Senegal nada más salir de la cárcel, la elección es clara para él: «Cogería otro cayuco y volvería».

4. Naufragios

El año 2024 concluyó con varios naufragios mortales y 2025 ha continuado esta devastadora tendencia. El dolor nos empuja a seguir luchando por la libertad de circulación para poner fin a las muertes masivas en el mar. Hasta entonces, nos solidarizamos con todas las familias de les desaparecides y seguiremos luchando a su lado cuando exijan respuestas. Muchos naufragios permanecen invisibles, y cuando no se encuentran e identifican los cadáveres, las familias se quedan atrapadas sin saber qué les ocurrió a sus seres queridos. No olvidaremos a quienes han perdido la vida o han desaparecido.

El 2 de septiembre, cuatro personas fueron halladas muertas y una decena desaparecidas frente a las costas de Dellys, en Boumerdès (Argelia). Se rescató a cuatro supervivientes.

El 3 de septiembre, una embarcación partió de Tipaza (Argelia) rumbo a España. Se alertó a las autoridades. Pero desde ese día no han vuelto a tener noticias, y las 14 personas desaparecieron.

Ese mismo día, 17 personas desaparecieron tras partir de Dellys (Argelia).

El 4 de septiembre se encontró a una ahogada, cuyo cuerpo fue arrastrado hasta la orilla de Juan XXIII, en Ceuta.

El 8 de septiembre, una piragua con unas 200 personas volcó diez minutos después de zarpar a sólo cuatro kilómetros de la costa de Tefess, Mbour, en Senegal. Sólo sobrevivieron 20 personas, al menos 6 fueron halladas muertas y unas doscientas desaparecieron.

El 9 de septiembre se encontró a una ahogada, cuyo cuerpo fue arrastrado hasta la orilla del Desnarigado, en Ceuta.

El 15 de septiembre, una persona fue hallada muerta frente a la costa de Findeq, en Marruecos, tras intentar llegar a nado a Ceuta.

El 18 de septiembre , dos personas aparecieron ahogadas tras intentar huir de la Gendarmería real/policial marroquí, a 25 kilómetros de Taghazout, cerca de Agadir. Más de 60 viajeros que viajaban en la embarcación fueron interceptados y detenidos.

El 21 de septiembre, una persona que había intentado llegar a nado a Ceuta apareció ahogada cerca de la playa de Kabila, en M’dig, Marruecos.

El 20 de septiembre, 65 personas partieron de Mauritania. A día de hoy siguen desaparecidas.

El 22 de septiembre se encontró una piragua a la deriva frente a la costa de Mamelles, Dakar, en Senegal. Más de 150 viajeros iban a bordo cuando la embarcación partió de Mbour el 13 de agosto. Se encontraron al menos 30 cadáveres.

El 27 de septiembre, sólo cuatro personas sobrevivieron tras el naufragio de una embarcación con 61 personas que partió de Tan-Tan el día 22. Dos de ellas fueron hospitalizadas.

El 28 de septiembre, nueve personas, entre ellas un niño, fueron halladas muertas y 27 rescatadas tras el naufragio de una embarcación a seis kilómetros de la costa de El Hierro, en las Islas Canarias. Hay 57 personas más desaparecidas. La embarcación había partido de Nuadibú (Mauritania).

El 7 de octubre, una persona murió y ocho fueron detenidas después de que los guardacostas marroquíes intentaran detener la marcha de unas 60 personas en la zona de Rakbat al-Jarf, 25 kilómetros al sur de Tarfaya, en Marruecos. Las personas en movimiento arrojaron piedras a los guardacostas y éstos efectuaron disparos. Las autoridades incautaron una lancha neumática con dos contenedores de combustible de 25 litros.

Ese mismo día, Salvamento Marítimo encontró a una persona muerta y rescató a 16 supervivientes de una embarcación a 27 millas de la costa de Cabo de Gata, Almería, después de que una embarcación de recreo alertara de su localización. La embarcación había partido de Argelia.

El 11 de octubre, una embarcación que había partido de Tipazza (Argelia) fue encontrada tras 11 días a la deriva, a 100 millas al este de Palma, entre Menorca y Cerdeña, en la zona francesa de Búsqueda y Salvamento. Sólo sobrevivieron tres personas; dos de ellas fueron trasladadas al hospital. Otras 11 personas están desaparecidas.

El 13 de octubre, Salvamento Marítimo encontró a tres personas muertas y rescató a 29 supervivientes a 52 millas de Garrucha, en Almería.

El 26 de octubre, un barco procedente de Senegal llegó a La Restinga, en la isla de El Hierro (Canarias, España). Lamentablemente, una persona de los 174 viajeros había perdido la vida durante el viaje.

El 27 de octubre, un equipo de pescadores encontró los restos de un joven de 19 años cerca de la costa de Alhucemas (Marruecos). Había intentado cruzar a Ceuta.

El 28 de octubre murieron dos personas en una embarcación con 81 personas que fue interceptada en alta mar cerca de Nuadibú. Otro pasajero de esta embarcación murió poco después en un hospital.

El 31 de octubre, un barco con 150 personas llegó a Nuakchot, tras permanecer más de 10 días en el mar. 28 personas perdieron la vida durante el viaje, y otros 30 pasajeros llegaron gravemente heridos.

El 1 de noviembre, un barco llegó a la isla de El Hierro con 207 personas a bordo. Cuatro personas han muerto, presuntamente a manos de la tripulación de la embarcación durante el viaje.

Ese mismo día se descubrieron diecisiete cuerpos en la playa de Ouriora, cerca de Guelmim (Marruecos).

El 2 de noviembre , una patera que había zarpado del norte de Mauritania casi tres semanas antes fue encontrada a la deriva a 370 kilómetros al sur de El Hierro por un buque mercante. De sus 58 pasajeros en el momento de la salida, sólo quedaban a bordo 10 personas, y 48 habían muerto durante el viaje.

Ese mismo día, una persona falleció en un hospital insular de El Hierro (Canarias, España) a causa de las heridas sufridas durante su viaje.

El 3 de noviembre se declaró la desaparición de entre 160 y 180 personas. Su embarcación había zarpado el 20 de octubre de Djifère (Senegal). Siguen desaparecidas.

El mismo día, cinco personas pierden la vida en un naufragio a 90 kilómetros de la costa de la isla de Lanzarote (Canarias, España).

Ese mismo día, cerca de Lanzarote (Canarias, España), una persona fue hallada muerta entre los pasajeros de una zodiac rescatada por Salvamento Marítimo.

El 4 de noviembre se encontró a una persona muerta entre los 150 pasajeros de una embarcación que apareció a la deriva a unos 320 kilómetros al sur de La Restinga (El Hierro, Canarias, España).

El 5 de noviembre, frente a la costa de Puerto Naos (Lanzarote, Canarias, España), un pescador encontró muertos a dos jóvenes. Uno de ellos llevaba puesto un chaleco salvavidas y el otro tenía una cámara de neumático enrollada alrededor del pecho.

El 6 de noviembre, trece personas fueron halladas muertas en la playa de White Beach, cerca de Guelmim (Marruecos).

El 7 de noviembre, una persona fue declarada desaparecida después de que una embarcación en la que inicialmente viajaban ocho personas llegara cerca de Almería (España) con sólo siete a bordo.

El 14 de noviembre, un barco de pesca costera encontró a una persona muerta frente a las costas de Kilati (Marruecos).

El 18 de noviembre, dos personas muertas en una playa entre Almería y el faro de El Ejido (España).

El 28 de noviembre se rescató una embarcación frente a las costas de Adra (España). A bordo había dos personas vivas y dos muertas. Siete personas fueron declaradas desaparecidas y seguían sin aparecer cuando finalizó la búsqueda tres días después.

El 1 de diciembre se declaró la desaparición de 8 personas en un barco que transportaba a 18 personas.

El mismo día, quince personas muertas fueron encontradas arrastradas por el mar a pocas millas de la costa de Raïs Hamidou (Argelia), una semana después de partir de Argelia en una embarcación tradicional. En la misma embarcación siguen desaparecidas cinco personas, de las que sólo sobrevivieron tres.

Ese mismo día, diecisiete personas y su embarcación, que habían zarpado de Argelia el 28 de noviembre, fueron declaradas desaparecidas.

El 2 de diciembre se encontró a una persona muerta frente a la costa de Los Escullos (España). Al parecer, fue obligado a arrojarse al mar para desembarcar, junto con un grupo de otras 16 personas.

Ese mismo día, 16 personas que habían salido de Zeralda (Argelia) en una embarcación el día anterior fueron declaradas desaparecidas.

El 4 de diciembre, una persona murió durante un viaje en barco de 15 personas desde Argelia a España.

El mismo día, un grupo de 23 personas que partió de Argel hacia las Islas Baleares (España) fue declarado desaparecido durante un periodo de mal tiempo. Siguen desaparecidas.

El 7 de diciembre llegaron a Almería dos personas, y nueve fueron declaradas desaparecidas tras el naufragio de su embarcación, que había zarpado de Marruecos el 26 de noviembre.

El 11 de diciembre, se encontró a una persona muerta entre 62 personas, en una embarcación a unos 93 kilómetros de la isla de El Hierro (Islas Canarias). La embarcación había zarpado de Nuakchot 3 días antes.

Ese mismo día se encontraron cinco muertos entre 81 personas, en una embarcación que llegó a El Hierro (Islas Canarias) tras zarpar de Nuakchot cinco días antes.

El 14 de diciembre, 2 personas murieron, una fue trasladada a un hospital en estado grave y cinco permanecen desaparecidas tras un naufragio ocurrido a 60 millas de la Pitiusa menor (Baleares, España).

El 17 de diciembre se encontró en el mar a una persona muerta cerca de la frontera entre Tarajal (Marruecos) y Ceuta (bajo autoridad española).

El 19 de diciembre, cuatro personas murieron ahogadas y otras cinco permanecen desaparecidas después de que la embarcación neumática en la que viajaban se hundiera a 137 kilómetros de la costa de Lanzarote (Gran Canaria, España).

El 22 de diciembre se encontró una persona muerta cerca de la costa del Puertito de Güímar, Santa Cruz de Tenerife, España.

Ese mismo día, seis personas murieron ahogadas tras naufragar una embarcación con 34 personas frente a las costas de Nuadibú (Mauritania).

Ese mismo día se encontró una persona muerta en la playa de Fuente Caballos (Ceuta, bajo autoridad española) y otro cadáver en la playa del Chorrillo (Ceuta, España).

Ese mismo día, nueve supervivientes de una embarcación que había partido de Mauritania y naufragado llegaron a tierra. No se conoce con exactitud el número de muertos.

El 26 de diciembre, una persona murió y cuatro fueron trasladadas a un hospital en estado grave. Formaban parte de las 55 personas encontradas a 100 millas al sur de La Restinga (Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias).

Ese mismo día, 69 personas murieron y sólo 11 sobrevivieron al naufragio de una embarcación frente a las costas de Marruecos.

El 27 de diciembre, un centenar de personas fueron declaradas desaparecidas. Su embarcación había zarpado de Saint-Louis (Senegal) dos semanas antes y desde entonces no se sabe nada de ellas.

El 28 de diciembre, un naufragio a 10 kilómetros de la costa argelina, cerca de Boumerdes, dejó 28 desaparecidos y sólo 3 supervivientes. Viajaban varios menores y una mujer en avanzado estado de gestación.

El 29 de diciembre se dio por desaparecidas a unas 60 personas. El barco en el que viajaban había zarpado de Mauritania el 18 de diciembre y se dirigía a las Islas Canarias. Siguen desaparecidas.

Ese mismo día, 18 personas abandonaron Tipaza, en Argelia, y desaparecieron. Más tarde, se encontraron dos cadáveres en Jilel.

Ese mismo día, unas 12 personas partieron de Bourmedes, en Argelia. Desde entonces, las personas desaparecieron y el barco posiblemente naufragó.

El 1 de enero, una embarcación llegó por sus propios medios a la costa de Las Galletas en Tenerife, Islas Canarias. Sobrevivieron 69 personas y dos perdieron la vida.

El 2 de enero, unas 90 personas partieron de Nuakchot en un bote de madera. La embarcación fue encontrada frente a Dajla ese mismo mes, con 36 supervivientes. Se encontraron 14 muertos. Muchas personas siguen desaparecidas.

El 4 de enero, la Guardia Civil encontró un cadáver cerca del cementerio de Santa Catalina, en Ceuta. La persona, de unos 20 años y procedente del norte de África, llevaba un traje de neopreno y aletas, lo que indica que podría haber intentado llegar a nado a Ceuta.

El 7 de enero, unos turistas encontraron dos cadáveres cerca de la playa de Es Cavall d’en Borràs, en Formentera (Baleares). Habían muerto unos días antes, posiblemente tras intentar cruzar el mar Mediterráneo.

El 8 de enero, la guardia costera española encontró a una persona ahogada frente a la playa del Sarchal, cerca de Ceuta, probablemente tras haber intentado llegar a nado desde Marruecos.

El 10 de enero, la guardia costera española encontró a una persona ahogada a 200 metros de la costa de Llucmajor, en las Islas Baleares.

El 15 de enero, una persona fue encontrada ahogada en la playa de Sa Torreta en Formentera, Islas Baleares.

El mismo día, la Marine Royale marroquí encontró una embarcación a 60 millas de Al-Dakhla, en el Sáhara, tres días después de haber alertado a las autoridades marroquíes y españolas. La embarcación transportaba 86 viajeros cuando zarpó de Nuakchot (Mauritania) el 2 de enero. El 15 de enero se rescató a 36 supervivientes, 15 personas perdieron la vida y 30 están desaparecidas.

El 22 de enero se encontró un cadáver entre las 68 personas que viajaban en una embarcación rescatada por los guardacostas españoles, a tres kilómetros al sur puerto de La Restinga, en Santa Cruz de Tenerife (Islas Canarias).

El 23 de enero, la guardia costera española encontró ahogadas cerca de Santa Catalina (Ceuta) a dos personas que llevaban trajes de neopreno.

El 25 de enero, un barco que partió de Senegal el 11 de enero llegó a las Islas Canarias tras más de 10 días en el mar. Murieron al menos 3 personas.

Ese mismo día, un grupo de 25 personas partió de Argelia en una pequeña embarcación rumbo a Cartagena y luego desapareció.

El 27 de enero, 50 personas partieron de Marruecos hacia las Islas Canarias en un barco y luego desaparecieron.

El 29 de enero, la guardia costera local encontró 19 cadáveres frente a las costas de Basseterre (San Cristóbal y Nieves), en el mar Caribe. Al parecer, los viajeros procedían de África Occidental, y es posible que la embarcación se dirigiera a las Islas Canarias y se perdiera en el océano Atlántico.

El 2 de febrero, nueve personas fueron halladas muertas en una embarcación frente a Nuadibú (Mauritania) tras haber zarpado el 25 de enero. De los 32 supervivientes, 10 se encontraban en estado crítico y fueron trasladados al hospital por la Media Luna Roja Mauritana.

Ese mismo día, una persona fue hallada muerta en la playa de s’Espalmador​​​​​​​, en Formentera (Islas Baleares, España).

El 3 de febrero, otra persona fue hallada muerta en la misma playa.

El 4 de febrero, una persona fue hallada muerta en la orilla de la Playa de la Almadraba, en Ceuta.

El 7 de febrero, una persona, probablemente de entre 20 y 30 años, fue hallada muerta en el mar en las inmediaciones de La Sirena, en Ceuta.

El 12 de febrero se rescató una embarcación a 20 kilómetros al sur de El Hierro, en las Islas Canarias. Una persona, de nombre Salif Coulibaly, fue hallada muerta, y al menos dos desaparecieron. Sobrevivieron 77 personas, entre ellas diez mujeres y un bebé. Ocho personas necesitaron atención médica y una fue hospitalizada.

El 15 de febrero, una embarcación que había partido de Mostaganem (Argelia) naufragó a 50 kilómetros de Cartagena (España). Tres personas perdieron la vida y siete sobrevivieron.

Ese mismo día, 60 personas salieron de Mauritania rumbo a las Islas Canarias y desaparecieron; el barco no se ha encontrado desde entonces.

El 17 de febrero, tras un naufragio cerca de Águilas (Murcia), muere una persona. 25 supervivientes fueron llevados a tierra.

El 19 de febrero, una persona de entre 30 y 40 años fue hallada muerta, flotando con un chaleco salvavidas, a pocos metros de playa Es Migjorn, en España.

El 20 de febrero, 22 personas partieron de Argelia hacia las Islas Baleares. Están desaparecidas desde entonces.

El 23 de febrero, cinco personas murieron intentando alcanzar las costas de las Islas Baleares, a 37 kilómetros de la costa de Ibiza. Cuatro de ellas perdieron la vida intentando ayudar a uno de sus compañeros que cayó al mar. Sobrevivieron 19 personas, seis de las cuales necesitaron atención médica por deshidratación e hipotermia. La embarcación zarpó de Aïn Taya (Argelia) el 17 de febrero.