El nuevo Pacto sobre Migración y Asilo (PEMA) y sus impactos en los países del Mediterráneo occidental y la Ruta Atlántica.

Content

Introducción
1. Travesías marítimas y estadísticas
2. ¿Qué es el PMA (Pacto Europeo sobre Migración y Asilo)?
3. España & Canarias
4. Ruta Atlántica (Sáhara, Senegal & Mauritania)
5. Marruecos (Tánger/Ceuta/ Estrecho de Gibraltar & Nador/Melilla)
6. Naufragios y personas desaparecidas

Introducción

El Pacto Europeo sobre Migración y Asilo (PEMA) representa la visión de los Estados miembros y de las instituciones de la UE sobre la migración, formalizada en un documento jurídicamente vinculante para los Estados miembros de la UE. Alarm Phone, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, califica esta visión de racista. La Unión Europea percibe la (in)migración (especialmente la de personas racializadas procedentes de regiones más pobres donde las creencias religiosas dominantes o las prácticas culturales difieren de las suyas) como una amenaza. El PEMA es otra medida más destinada a fortificar sus fronteras contra la población en movimiento, a la que criminaliza. El PEMA se basa en políticas migratorias ya existentes, pero intensifica su lógica de seguridad, legitima las violaciones de los derechos humanos en las fronteras y socava el derecho de asilo a escala Europea.

Como afirma Emma Martín, defensora de los derechos de las personas migrantes:

«Si hay algo verdaderamente nuevo, es precisamente esta degradación de los valores y principios morales que sustentan el carácter fundacional de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea».

El discurso hegemónico en la UE describe la migración como algo peligroso y excepcional, que altera una supuesta normalidad sin flujos migratorios que no ha existido nunca. Los medios de comunicación y el discurso institucional utilizan con frecuencia términos como «oleadas», «episodios» o incluso «crisis» cuando hablan de migraciones. Así, la migración es percibida como una amenaza que requiere medidas extraordinarias con presupuestos extraordinarios y tiempos de implementación excepcionales. Dicho de otra forma, esta narrativa justifica la militarización de las fronteras de la UE, al tiempo que oculta los verdaderos motivos que se esconden tras las reivindicaciones humanitarias. Los medios de comunicación y el discurso institucional utilizan con frecuencia términos como «oleadas», «episodios» o incluso «crisis» para que la migración sea percibida como una amenaza que requiere medidas extraordinarias. Esta narrativa justifica la militarización de las fronteras, además de ocultar los verdaderos motivos detrás de supuestas preocupaciones humanitarias (proteger a las personas migrantes de las “mafias”, de la trata de personas, etc).

Con el PEMA, la UE ratifica el deterioro de las normas de derechos humanos en su propio territorio. Las fronteras se están convirtiendo en zonas cada vez más violentas, donde las detenciones arbitrarias, los encarcelamientos (incluso de niñes), la vigilancia y los desplazamientos forzosos quedan amparados por nuevos instrumentos jurídicos creados con este fin. Las vulneraciones de derechos no terminan en la frontera, sino que se extienden por toda la UE. La erosión de los derechos de las personas migrantes amenaza también los derechos fundamentales de la ciudadanía de la UE, especialmente la de quienes se dedican a defender y apoyar a las personas en movimiento, que se enfrentan a la criminalización por actos de solidaridad. Además, los acuerdos firmados con países del norte y el oeste de África (a menudo denominados países de origen y tránsito o terceros países en la jerga colonial de la UE) para controlar los flujos migratorios dan lugar a abusos de los derechos humanos y violencia de los que Europa no se hace responsable, ya que ocurren fuera de su territorio, a pesar de financiarlos directamente. De hecho, son las políticas y la financiación europeas en materia de migración, con la colaboración activa de los Estados del Sur, las que conducen a estas violaciones, incluidas las detenciones, las deportaciones y la brutalidad policial, con el resultado de la muerte de miles de personas y el inmenso sufrimiento de otras miles y de sus familias.

El PEMA abre la puerta a una mayor militarización y externalización de las fronteras (Frontex, Guardia Civil española en África, policía marroquí y mauritana en las Islas Canarias, etc.), más centros de detención en los países del Sur geopolítico, y un aumento de la criminalización de la migración tanto en los países de llegada como de salida. También es probable que aumenten la violencia y las detenciones de migrantes en las zonas fronterizas. Con el aumento de la vigilancia y el control de las costas, también cabe esperar más muertes y desapariciones en el mar.

Este análisis regional pretende explorar los posibles impactos del PEMA en la ruta del Mediterráneo Occidental y el Atlántico, las reacciones de los gobiernos locales y los posibles desarrollos futuros. Como es habitual, este análisis empieza presentando una visión general de las travesías y los casos Alarm Phone desde principios de abril hasta finales de agosto de 2024 (Sección 2). La Sección 3 examina el PEMA y sus implicaciones, y es seguida de un análisis de los efectos del Pacto en España (Sección 3.1), en particular en las Islas Canarias (Sección 3.2). La sección 4 cubre la Ruta atlántica, centrándose en el Sáhara (4.2), Senegal y Mauritania (4.3), y la sección 5 trata sobre Marruecos, especialmente las regiones de Tánger, Ceuta, Gibraltar (5.1), Nador y Melilla (5.2). Lamentablemente, no ha sido posible incluir una sección sobre Argelia en esta entrega de nuestro informe regional, debido a la falta de información y recursos. La sección 6 enumera a las personas que no sobrevivieron – nuestros pensamientos están con elles, y nuestro respeto y solidaridad están con sus familias y amigues.

Como miembros de Alarm Phone, hemos centrado este análisis regional en los principales avances de leyes que restringen la libertad de movimiento de las personas, en particular de las personas racializadas, para combatir mejor estas injusticias. Nos oponemos radicalmente a cualquier sistema que legalice la violencia y criminalice la movilidad humana y la solidaridad. Las políticas de seguridad nunca impedirán que las personas en movimiento ejerzan su derecho a la libre circulación. Alarm Phone celebró su 10º aniversario el 10 de octubre de 2024 y seguimos apoyando firmemente a las personas en movimiento y luchando a diario contra las fronteras.

1. Travesías marítimas y estadísticas

Entre abril y agosto de 2024, Alarm Phone recibió alertas relativas a 37 casos de emergencia a lo largo de las rutas del Mediterráneo Occidental y el Atlántico. De ellos, 14 embarcaciones navegaban por el Atlántico, mientras que otras 13 intentaban la travesía desde Argelia. Una parte menor, menos de un tercio del total (9 embarcaciones), cruzaban por el mar de Alborán. Sólo una de las embarcaciones trataba de llegar a la península española a través del estrecho de Gibraltar.

De los 37 casos en los que intervino Alarm Phone, nueve fueron rescatados por Salvamento Marítimo. Seis embarcaciones fueron interceptadas y devueltas a Argelia, Marruecos o Senegal. En siete casos se desconoce la suerte de las personas a bordo, como en el caso de una embarcación que partió de Nuakchot (Mauritania) a principios de junio. A pesar de la intervención de las autoridades competentes, no se ha obtenido más información sobre les 130-150 desaparecides de ese viaje. Trágicamente, hay muchas más personas desaparecidas o dadas por muertas en esta peligrosa ruta, que sigue siendo una de las vías migratorias más peligrosas del mundo. (Para más detalles, véanse las secciones 4 y 6)

Según datos del ACNUR, a fecha de 1 de septiembre de 2024, un total de 36.062 personas han llegado al Estado español este año. La mayoría de estas llegadas (25.725 personas) eligieron la ruta de las Islas Canarias. Aunque a finales de marzo se produjo un fuerte aumento del 279% en las llegadas en comparación con el mismo periodo de 2023, el número de llegadas se estabilizó durante el verano de 2024.

De hecho, observamos un notable descenso de la actividad en estas rutas. El ACNUR informa de que desde abril han llegado al Estado español 19.487 personas, con cifras máximas en agosto antes de descender significativamente.

En el caso de Alarm Phone, los casos que gestionamos entre abril y finales de agosto afectaron al menos a 1.410 personas. Sin embargo, es importante recalcar que muchas más siguen en paradero desconocido.

Estamos profundamente preocupades por la evolución de la situación en las rutas del Mediterráneo Occidental y del Atlántico. Como se explica detalladamente en la sección 4.1, la tasa de mortalidad en el viaje a las Islas Canarias ha aumentado considerablemente. El número de embarcaciones que parten de Senegal, de La Gambia y Mauritania es cada vez mayor, debido a la externalización de las fronteras europeas, que obliga a las personas a tomar rutas más peligrosas.

Esta situación ha provocado una muerte por cada 3 o 4 llegadas a las Islas Canarias, y tememos que la implementación del PEMA en España aumente aún más el número de víctimas mortales. Por lo tanto, es esencial comprender plenamente cómo el nuevo pacto afectará a la región para poder ayudar a las personas afectadas a defender su derecho a la libertad de circulación.

2. El PEMA – Pacto Europeo sobre Migraciones y Asilo

2.1 ¿Qué es el PEMA y qué dice sobre las ideas de la UE en materia de migraciones?

El PEMA es un conjunto de normas que pretende definir un sistema común de migración y asilo a nivel de la UE. Hasta su adopción por el Parlamento Europeo en abril de 2024, no existía un documento unificado para la gestión de la migración (a veces llamada migración económica o voluntaria) en la UE. Existían normas en materia de asilo (a veces llamada migración forzosa, término que incluye tanto a los solicitantes de asilo como a las personas que ya han sido reconocidas como refugiados por los Estados). Estas normas comunes se definieron en el Sistema Europeo Común de Asilo (SECA), creado en 1999 y modificado varias veces desde entonces.

El PEMA crea un conjunto de normas más amplio y ambicioso que el SECA para armonizar toda la movilidad humana, aunque se centra específicamente en la migración irregular, que enmarca en términos de «crisis». A través de una serie de reglamentos interconectados, el PEMA, según la UE, tiene cuatro objetivos oficiales:

1. Asegurar las fronteras exteriores de la UE mediante el control y la identificación de las personas en movimiento, la actualización de la base de datos Eurodac (dactiloscopia o huella dactilar europea) para identificar a quienes solicitan asilo y a quienes no tienen documentación, un procedimiento fronterizo obligatorio, la devolución de quienes no reúnan los requisitos para recibir protección y una regulación de crisis en situaciones de emergencia.
2. Mejorar el acceso a la protección internacional a través de procedimientos estandarizados, incluyendo un nuevo Reglamento de Gestión de la Migración por Asilo que deberá aplicar cada Estado miembro individualmente, la armonización de las normas incluidas en la Directiva sobre Condiciones de Acogida, la armonización de los criterios y derechos de los refugiados, y la provisión de un conjunto de normas comunes que obliguen a la cooperación de les solicitantes de asilo para evitar los (llamados) abusos del sistema.
3. Crear un sistema eficaz de (llamada) solidaridad y responsabilidad entre los Estados miembros de la UE, que incluya un marco de solidaridad permanente, fondos de la UE destinados a la aplicación del PEMA, normas más claras sobre las responsabilidades de los Estados miembros y la prevención de la movilidad de les solicitantes de asilo dentro de la UE (deben permanecer en el país de primera llegada hasta que se les conceda el derecho a permanecer o se les deporte).
4. Integrar la política de control migratorio Europea en los acuerdos de colaboración con los países de origen y tránsito de las personas en movimiento, mediante el refuerzo de las capacidades de control fronterizo en esos países, la criminalización del tráfico de seres humanos, la cooperación en materia de readmisión y retorno, y la promoción de las (llamadas) vías seguras y legales de migración.

Estos pueden ser los objetivos oficiales, pero en realidad el principal objetivo del PEMA es sellar las fronteras a cualquier precio.

2.2 La crisis como modo de gobernanza

La profesora Violeta Moreno-Lax sostiene que la crisis se ha convertido en el modo dominante de gobernanza de la movilidad humana en la UE, y el PEMA consagra esta visión de la migración como crisis. Este uso del marco de «crisis» para gestionar la movilidad tiene varias implicaciones. Por ejemplo, la detención se convertirá en la norma y no en la excepción cuando la identidad de una persona no esté clara; los tratamientos que hasta ahora eran excepcionales e ilegales (por ejemplo, las devoluciones en caliente) probablemente se conviertan en la norma; la coerción, la disuasión y la contención son las prioridades y es probable que prevalezcan sobre cualquier otra consideración; y los derechos humanos se diluirán o negarán, junto con las normas jurídicas en las que se basan. En otras palabras, lo que el PEMA disimula tras este telón de gestión de “crisis aislada” , no es sólo una revisión del sistema de asilo de la UE, sino de toda la estructura de protección de los derechos humanos en la UE.

Una de las razones de la existencia del Pacto es el fracaso de los llamados mecanismos de solidaridad para el reparto de las «cargas» (como se denominan en el discurso de la UE) asociadas a la migración en las fronteras de la UE, incluidos los gastos asociados al control de la frontera sur, la prestación de servicios SAR y la provisión de apoyo jurídico y de otro tipo a les solicitantes de asilo y otres migrantes. Hasta ahora, los Estados miembros del sur de la UE (Grecia, Italia, Malta y España) han asumido estas responsabilidades. Los distintos enfoques para animar u obligar a otros Estados miembros a dar un paso adelante han fracasado en su mayor parte. A través de uno de sus componentes (el Reglamento de Gestión del Asilo y la Migración), el PEMA elimina la posibilidad de optar por no participar y exige que los Estados miembros elijan una de las tres opciones siguientes: aceptar acoger (reubicar) a un determinado número de personas al año, pagar 20.000 euros por cada solicitante de asilo que se nieguen a reubicar (una especie de sanción por no participar en el plan) o financiar el dispositivo operativo general.

El 12 de junio, la Comisión Europea adoptó el Plan Común de Aplicación del Pacto sobre Migración y Asilo. Los Estados disponen de dos años a partir de la fecha de adopción del PEMA por el Parlamento Europeo (abril de 2024) para determinar cómo implementarán​​​​​​​ estas nuevas normas obligatorias.

La integración del PEMA en los distintos sistemas legales de los Estados miembros de la UE promete ser complicada. Cabe esperar mucha confusión, así como conflictos de jurisdicción entre los miembros de la UE, entre los miembros de la UE y los países del sur, e incluso entre Estados y regiones, como ilustra la reciente situación en Canarias (véase la sección 3.2). No está claro cómo aplicarán los Estados miembros estas nuevas medidas de «solidaridad» entre Estados europeos, ni cómo evolucionará el papel de Frontex. Por otra parte, aunque la promoción de vías de migración seguras y legales es uno de los objetivos oficiales del PEMA, hasta ahora no hay señales de que esto vaya a ocurrir. De hecho, en un artículo publicado en el medio español Heraldo, Diego Boza, abogado especializado en migración y derechos humanos, afirma: “Uno de los puntos débiles del Pacto es la ausencia de propuestas de vías legales de inmigración. Es la falta de vías seguras y legales de migración lo que conduce a la migración irregular».

El PEMA se presenta como una mejora de las condiciones de las personas en movimiento, cuando en realidad refuerza a los Estados en sus prácticas deshumanizadoras y racistas de castigar a las personas por hacer uso de su libertad de circulación.

3. España y las Islas Canarias

3.1 España

El grupo MED5 (formado por los ministros de Interior y Migración de España, Italia, Grecia, Malta y Chipre) se reunió en Gran Canaria el 20 de abril de ese año para debatir la aplicación del nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo:

“Tenemos la firme convicción de que la clave de la gestión de las migraciones reside en la cooperación, bilateral y de la UE en su conjunto, con los países de origen y tránsito de las migraciones”,

declaró el ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la rueda de prensa posterior a la reunión.

La reunión concluyó con la adopción de una declaración conjunta de los cinco ministros en la que también reclamaron un aumento del presupuesto:

“La UE debe concretar un aumento de los fondos europeos e instrumentos de financiación flexibles para la cooperación”,

insistió Grande-Marlaska.

Los ministros también reclamaron una mayor implicación de las agencias europeas en la prevención en los países de origen,

“con especial atención a Frontex, que puede contribuir enormemente a la lucha en origen contra las mafias que trafican con personas y se aprovechan de la vulnerabilidad y de la desesperación de miles de personas​​​​​​​”,

precisó el ministro español.

Tras la adopción del Pacto y ante el repunte de llegadas a Canarias, en agosto de 2024, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, viajó a Senegal, Mauritania y La Gambia para renegociar acuerdos bilaterales y promover la implantación de mecanismos de “migración circular” muy restrictivos. Los detalles de la gira de Pedro Sánchez por África Occidental se describen en la sección 4.3.

Las luchas de la sociedad civil

Mientras los políticos negocian y acumulan las declaraciones, los grupos de personas migrantes y sus aliades, las organizaciones de defensores de los derechos de las personas migrantes y las ONG se han movilizado. Defensores de los derechos humanos españoles se manifestaron en todo el país contra el Pacto durante las semanas previas a su aprobación por el Parlamento Europeo. El 11 de abril de 2024, día de la votación, tuvo lugar una manifestación en Madrid. El manifiesto «La sociedad civil grita “NO” al Pacto Europeo sobre Migración y Asilo», ha sido firmado por 869 personas y 433 organizaciones.

La aplicación del PEMA provocará la revisión de las leyes y normativas nacionales y de la UE en materia de migración. También es probable que aumente el número de detenciones y expulsiones y que disminuyan las garantías en los procedimientos de asilo. La asistencia jurídica obligatoria durante todo el procedimiento también está amenazada. Hay mucha incertidumbre sobre cómo procederán las instituciones españolas, pero por el momento, la sociedad civil española trabaja en la denuncia, la observación de los acontecimientos y la incidencia política.

Al mismo tiempo, la lucha por regularizar la situación de 500.000 personas continúa, y se ha impuesto en la agenda política española en varias ocasiones durante los últimos meses.

3.2 Canarias

Enfrentamientos políticos por les niñes en movimiento

En los últimos meses, se han producido importantes enfrentamientos políticos en torno a la acogida de migrantes en las Islas Canarias, en particular sobre la cuestión de les niñes desplazades. En España, el sistema jurídico exige que la tutela de les menores que llegan al país sin une tutore adulte recaiga en la comunidad autónoma a la que llegan (ver nuestro último análisis regional). Las Islas Canarias, junto con Ceuta y Melilla, son las comunidades autónomas con mayor número de llegadas y, por lo tanto, están obligadas a acoger y mantener a más niñes en situación de desplazamiento que otras regiones. En la actualidad, Canarias tiene a su cargo unos 5.500 niñes y jóvenes extranjeros no acompañades, una cifra muy elevada para un archipiélago en el que se invierte poco dinero en infraestructuras públicas (escuelas, hospitales, etc.). Desde hace varios años, el Gobierno canario reclama que se pongan en marcha mecanismos de solidaridad para que todas las comunidades autónomas participen de forma más equitativa en la “garantía de los derechos” de les niñes desplazades, considerades como una carga. El Gobierno canario está presionando al resto de comunidades autónomas y al Gobierno central, presidido por Pedro Sánchez, para que reformen la Ley de extranjería. Se trataría de modificar un artículo para obligar a asignar a les niñes desplazades a otras comunidades autónomas. El 15 de julio, el PSOE, Sumar y Coalición Canaria registraron la proposición de ley en el Congreso de los Diputados para impulsar este reparto obligatorio de niñes y adolescentes no acompañades. La reforma propuesta obligaría a trasladar a les menores a otras zonas de España en un plazo de 12 meses desde su llegada. Esto supondría un cierto alivio para los centros de acogida del archipiélago cuando superan el 150% de sus capacidades. Esta reforma no salió adelante debido a la oposición conjunta de los partidos de derecha y extrema derecha PP, Vox y Junts.

Esta batalla política sobre la protección de les niñes ha endurecido los discursos políticos dentro y fuera de los espacios de poder político. Mientras tanto, las organizaciones de derechos humanos siguen denunciando las condiciones en las que se trata a les niñes desplazades.

El PEMA en Canarias

En términos generales, el PEMA ha sido acogido positivamente por los responsables políticos canarios. Como territorio español al que llegan por mar decenas de miles de personas cada año, esperan que la aplicación del Pacto alivie de la llamada «presión migratoria» , aunque se muestran bastante escépticos sobre el carácter operativo de la solidaridad obligatoria entre Estados europeos. La mayoría de los discursos oficiales sobre el Pacto se limitan a pedir más dinero, más “proyectos de cooperación” con los países de origen, con la esperanza de disuadir a posibles inmigrantes, y la presencia de Frontex en aguas canarias para, supuestamente, “salvar vidas”.

Uno de los principales negociadores del PEMA es Juan Fernando López Aguilar, diputado al Parlamento Europeo por Canarias, también presidente de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores del Parlamento Europeo. En el momento de la adopción del Pacto, afirmó que se había diseñado pensando en Canarias, especialmente en lo que se refiere a la activación de medidas contra la llamada crisis migratoria:

«La crisis puede declararse no sólo por saturación a nivel nacional, sino también a nivel local o regional, con una cláusula específicamente diseñada para islas como Grecia, Lampedusa y Canarias».

Desde el inicio del debate sobre el reparto de les niñes desplazades, son estas mismas nociones de solidaridad obligatoria y de crisis las que las autoridades canarias y el Gobierno central han intentado movilizar, pero han sido constantemente bloqueados por la oposición (derecha y extrema derecha). En septiembre y octubre, el conflicto político sobre la reforma de la Ley de extranjería dio un giro jurídico. El presidente canario, Fernando Clavijo, introdujo un protocolo que exige la correcta identificación de los menores y un decreto individual de tutela antes de internarlos en centros de protección de menores. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado consideró que el protocolo era lesivo para los derechos de les menores y solicitó su suspensión, que el Alto Tribunal concedió alegando la necesidad de actuar con cautela y fomentar el diálogo entre las instituciones

“para hacer frente al fenómeno de la inmigración ilegal y su singular incidencia en Canarias”.

Aunque este informe sólo abarca el periodo comprendido entre marzo y agosto de 2024, hemos querido mencionar estos hechos porque creemos que ilustran las dificultades a las que tendrán que enfrentarse los estados miembros para adaptar sus sistemas legislativos a los estándares del PEMA. Los bloqueos políticos de esta reforma de la Ley de extranjería muestran hasta qué punto un reparto obligatorio de las personas en movimiento tendrá dificultades para tomar forma.

Canarias se posiciona contra el modelo de turismo de masas y contra el racismo

La agenda canaria ha estado dominada por la crisis sistémica del archipiélago y las protestas ciudadanas contra el sistema económico basado en el turismo de masas. El malestar social (precariedad, crisis inmobiliaria, corrupción política, pobreza infantil, etc.) se expresó en las calles el 20 de abril (el mismo día que los ministros mediterráneos se reunían en Las Palmas de Gran Canaria) con manifestaciones masivas bajo el lema «Canarias tiene un límite». Durante estas manifestaciones, y en los meses siguientes, las plataformas impulsoras de las protestas también se pronunciaron sobre la cuestión de la inmigración.

Algunas de las pancartas de las manifestaciones llevaban mensajes como “La invasión viene en avión, no en patera”, en referencia a las inversiones extranjeras en la construcción de hoteles y especulación inmobiliaria. Hubo otras manifestaciones, esta vez contra la inmigración. En respuesta, las organizaciones de las manifestaciones del 20 de abril celebraron una concentración en Las Palmas el 25 de junio bajo el lema “Por unas Canarias antirracistas y anticolonialistas“. En Canarias, a pesar del innegable aumento de la retórica ultraderechista y de las políticas racistas, se siguen alzando voces que exigen que

“las políticas públicas garanticen los derechos de todas nuestras vecinas, independientemente de su color de piel, religión o lugar de origen”,

les convocantes exigen a las autoridades canarias que

«pongan fin de inmediato a esta maquinaria política que tortura y asesina, y que dejen de invertir dinero en herramientas de control y muerte en las fronteras mientras promueven discursos de miedo y amenaza entre la población sobre los recursos y la seguridad».

4. La Ruta Atlántica

4.1. La Ruta Atlántica en cifras

El 28 de agosto de 1994, hace casi exactamente 30 años, el primer barco de la historia emprendió la Ruta Atlántica: dos jóvenes saharauis llegaron a Fuerteventura en un barco pesquero, marcando el inicio de tres décadas durante las cuales 230.000 personas seguirían. Aunque la ruta no era muy frecuentada (salvo a mediados de la década de 2000), ahora es ampliamente conocida y transitada: La mitad de los viajes de la Ruta Canaria se realizaron en los últimos cuatro años, lo que tiene graves consecuencias para la subregión cuando analizamos el impacto de las políticas migratorias europeas en el Sur geopolítico.

Hasta el 1 de septiembre de 2024, 25.725 personas lograron cruzar el Atlántico y llegar a Canarias. Damos la bienvenida a todes les que han sobrevivido a la ruta más peligrosa hacia Europa: ¡BOZA! (Exclamación utilizada cuando se logra cruzar la frontera, que designa lo que impulsa en la ruta migratoria y a resistir hasta la llegada: la sed de libertad, la esperanza y el propósito.) Aunque las llegadas en primavera (especialmente en marzo y abril) fueron más bien escasas, la cifra global es muy superior a la del año anterior, cuando 11.690 personas habían llegado a principios de septiembre. En los últimos meses, la isla más occidental, El Hierro, ha superado a Gran Canaria como principal isla de llegada. En la actualidad, alrededor del 50% de las llegadas ocurren en El Hierro. Esto se debe en gran medida a que un mayor porcentaje de embarcaciones llega a Canarias partiendo de Mauritania y Senegal. B., activista de Alarm Phone, de El Aaiún, confirma que actualmente salen muy pocos barcos desde las costas del Sáhara:

“A veces puedes esperar un mes entero sin que salga ningún barco”.

Este desplazamiento general hacia puntos de partida más meridionales también ha contribuido a aumentar el número de personas muertas. Los medios de comunicación prestaron mucha atención a los barcos que llegaron a Brasil en abril, con 20 cadáveres, y muchos más probablemente desaparecides en el mar, y a la República Dominicana en agosto, con 14 cadáveres (de las 77 personas que salieron de Mauritania en enero de 2024). Sin embargo, también se producen naufragios mortales en aguas senegalesas, mauritanas y del sur de Marruecos y Sáhara, a veces ni siquiera lejos de las costas (véase el capítulo 6 sobre naufragios). La ONG Caminando Fronteras publicó estadísticas según las cuales 5.054 personas habían muerto en la Ruta Atlántica entre enero y mayo de 2024. Si ponemos esta cifra en relación con las 17.327 personas que llegaron a Canarias en el mismo periodo, esto se traduce en una muerte por cada 3-4 personas que llegaron, una cifra muy superior a la de 2023, donde aproximadamente moría una persona por cada 6-7 supervivientes de la Ruta Atlántica.

4.2 Sáhara

El PEMA aún no es muy conocido en la región y todavía no hay un impacto visible y directo de esta última ronda de exacerbación de la naturaleza racista de las políticas migratorias europeas. Sin embargo, las políticas europeas de externalización de fronteras ya han provocado un aumento significativo de las salidas desde el sur de Marruecos y el Sáhara en 2020-2022 y han obligado a las personas a tomar rutas cada vez más peligrosas. Les activistas señalan que los responsables políticos europeos visitan la región con frecuencia, lo que pone de manifiesto el creciente interés europeo por la región. Dado que se movilizan enormes fondos para el control de la llamada migración irregular (nosotres la llamamos ejercicio de la libertad de circulación), esto también repercute en la situación socioeconómica, como explica A., de Alarm Phone El Aaiún:

“En el Sáhara, los recursos se movilizan para controlar los flujos migratorios en lugar de para el desarrollo local”.

Ahora, las salidas de personas en movimiento se ven empujadas aún más hacia el sur, por rutas más peligrosas, ya que la represión y la vigilancia en el Sáhara se han intensificado considerablemente:

“Se ha comprado nuevo material de vigilancia, como drones y focos, que se utilizan para detectar a las personas en las orillas y en el desierto. Además, se han construido nuevos puestos de vigilancia con financiación europea”,

explican miembros de Alarm Phone El Aaiún. Un reciente estudio publicado en mayo por Lighthouse y varios periódicos arroja luz sobre cómo los equipos de vigilancia y seguridad financiados por gobiernos europeos se utilizan directamente para abusar de les migrantes en el Sáhara. En concreto, vehículos policiales financiados por la agencia de cooperación español son utilizados por patrullas en la frontera mauritano-sahariana. Varios testimonios muestran el trato cruel y los abusos que sufren las personas migrantes negras a manos de estas patrullas policiales. En un segundo ejemplo, les supervivientes explican cómo se utilizan brigadas de perros para infligir lesiones graves, cuando estos perros fueron muy probablemente proporcionados por el gobierno austríaco. Como Alarm Phone, creemos que estos son sólo unos pocos ejemplos de un fenómeno a gran escala: La externalización europea de la frontera se traduce directamente en implacables violaciones de los derechos humanos en el Sáhara y el sur de Marruecos.

El nefasto impacto de las políticas migratorias europeas también se demuestra en cómo se encarcela a personas negras en centros de detención en el Sáhara, sin un juicio adecuado y sin respetar los derechos fundamentales de las personas migrantes. Otro impacto directo es la presencia de personal de Frontex en el aeropuerto de El Aaiún para recibir a los ciudadanos marroquíes que son deportados desde España.

Al mismo tiempo, las autoridades marroquíes se esfuerzan por destacar la eficacia con la que la Marina marroquí frena los intentos de salida. Hay informes regulares sobre intercepciones frente a las costas del Sáhara, y el número total de intercepciones este año hasta septiembre se sitúa en 45.015 personas a las que se impidió emprender la ruta hacia las Islas Canarias.

4.3 Senegal y Mauritania

El PEMA es poco conocido en los países de salida

Mientras que los medios de comunicación senegaleses han informado mínimamente sobre la política y los acuerdos de la UE en materia de migración, en Mauritania el nuevo “plan de acción” iniciado por la Comisión Europea con el régimen de Mohamed Ould Gazouani el pasado mes de febrero es regularmente objeto de cobertura mediática. Durante 2024, la prensa mauritana informó sobre los avances de esta “cooperación reforzada”, e informa regularmente sobre nuevas visitas de representantes de la UE y España, recientes proyectos de ley sobre inmigración, reuniones de trabajo entre las fuerzas policiales mauritanas y la Guardia Civil española, y sobre críticas de la oposición hacia los nuevos acuerdos.

En agosto de 2024, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, visitó Nuakchot y Dakar en una gira que también le llevó a La Gambia vecina, con el objetivo de reforzar los acuerdos bilaterales y apoyar la política de la UE. En esta ocasión, firmó un «memorando de entendimiento» con el recién reelegido presidente de Mauritania, Mohamed Ould Gazouani, similar al firmado con Senegal en abril de 2021, con el objetivo de “luchar contra las mafias” y promover “una migración segura, ordenada y regular“.

No se conocen bien los detalles de la aplicación de estos memorandos. No conocemos el contenido de los intercambios entre el Presidente Faye, de Senegal, y su homólogo español, pero este atisbo sugiere que el nuevo régimen sigue los pasos del anterior en materia de migración. Pedro Sánchez elogió la “excelente colaboración entre Dakar y Madrid“. Esto incluye la cooperación con la Guardia Civil en materia de vigilancia costera, la negociación de acuerdos de readmisión a cambio de una “migración circular” que proporcionará un número limitado de visados de trabajo y formación. Este programa sirve de cortina de humo para justificar políticas represivas y crear una mano de obra agrícola fácilmente explotable, útil para la agroindustria española, con mínimos beneficios para les trabajadores senegaleses. Después de que 145 senegaleses se marcharan a España en el marco del programa de “migración circular”, los medios de comunicación senegaleses publicaron artículos sobre sus condiciones laborales, que no cumplen la legislación laboral española.

Mauritania 2024: un ejemplo típico de externalización de políticas

El contexto mauritano de 2024 ilustra a la perfección el cinismo con el que la Unión Europea, apoyada en este caso por España, externaliza sus fronteras. Los políticos europeos fingen conmoverse ante la “tragedia de miles de personas que arriesgan sus vidas en busca de una vida mejor“, y culpan de ello a las “mafias” y a las “redes de tráfico de seres humanos”, mientras prometen promover rutas migratorias legales y “oportunidades económicas”.

En la “declaración conjunta sobre migración” publicada por Mauritania y la UE el 7 de marzo de 2024, hacen referencia a varios planes de acción que se llevarán a cabo de acuerdo con las “estrategias respectivas” de les firmantes “en el ámbito de la migración”. Este acuerdo contenía ya los principales ejes del PEMA que se firmaría un mes después.

La UE quiere reforzar los centros de detención en Mauritania

Por ejemplo, la sección llamada “Protección y asilo” menciona el deseo de “reforzar las capacidades de identificación” y “las capacidades de acogida […] de quien solicite asilo en Mauritania”. Esto recuerda la iniciativa del PEMA de clasificar las diferentes categorías de solicitantes de asilo, que ordena a quien tiene pocas probabilidades de obtener protección internacional que permanezca en un centro cerrado durante un periodo acelerado de 12 semanas. Este procedimiento se aplicará a les nacionales senegaleses, para quienes las denegaciones de asilo son casi automáticas, ya que Senegal se considera un país políticamente estable.

En 2018, cuando la UE quiso crear “centros regionales de desembarco” en los países del norte de África, estos acabaron oponiéndose, lo que hizo fracasar los planes de la UE. Teniendo en cuenta este precedente, esta vez las instituciones de la UE necesitan la plena cooperación y aprobación de Mauritania. Por el momento, no se ha mencionado públicamente el plan de crear un centro cerrado para examinar las solicitudes de asilo en suelo mauritano. Sin embargo, según un periodista mauritano, hay planes para crear un centro de tránsito con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), pero el gobierno mauritano se opondría a la idea. No obstante, ya se han utilizado fondos de la UE para construir otros centros de detención, como el apodado «Guantánamo», construido en 2006 en Nuadibú y utilizado para detener a les migrantes detenides en la costa mauritana antes de expulsarles. En febrero de 2024, poco después de la visita de la delegación de la UE, ocho policías mauritanos viajaron a Canarias para recibir formación en el CATE (Centro de Atención Temporal a Extranjeros) de Barranco Seco. El objetivo de la visita era “inspirar” a la policía mauritana para crear un centro de detención en la región de Soueissiya, a 60 km de Nuadibú, que pudiera albergar a las personas inmigrantes «antes de ser deportadas a sus países de origen».

Unos días antes, los principales partidos de la oposición habían afirmado su oposición al acuerdo entre la UE y el gobierno mauritano relativo a “la acogida y el alojamiento de los refugiados devueltos por la UE”, por temor xenófobo a un “cambio en la composición demográfica del país”. Sólo el presidente del movimiento abolicionista IRA, Biram Dah Abeid, no quiso asociarse a este movimiento, que considera racista, estimando que el régimen no tiene ninguna intención de acoger dignamente a les emigrantes devueltes, sino simplemente de embolsarse los 210 millones de euros previstos en el acuerdo.

El gobierno mauritano ha negado su intención de

«hacer de Mauritania un país de acogida alternativo para el asentamiento, la recepción o el alojamiento de inmigrantes extranjeros ilegales»

y tampoco se ha hecho ninguna declaración oficial sobre el proyecto del centro de detención de Soueissiya. El modo en que se van a “reforzar las capacidades de acogida de demandantes de asilo” en Mauritania sigue siendo, como mínimo, opaco.

Mauritania adapta su legislación y sigue los pasos de la visión europea.

Para “luchar contra […] las redes de trata de seres humanos”, la UE y Mauritania especificaron en su declaración del 7 de marzo de 2024 que querían “reforzar la capacidad de las autoridades judiciales”. Con este objetivo, el 4 de septiembre se presentaron dos proyectos de ley en el Parlamento mauritano. El primero pretende crear tribunales especializados para tratar casos de “tráfico de migrantes”. El otro pretende introducir un marco legal para las “expulsiones o prohibiciones de entrada en el territorio nacional”». Este segundo proyecto de ley pretende dar cobertura legal a prácticas de denegación de entrada que ya se están llevando a cabo fuera de todo marco legal y en violación de todos los derechos humanos y del derecho internacional y regional.

¿Cómo financia la Unión Europea prácticas de detención y devolución contrarias a los principios de protección internacional y al derecho de asilo?

Las políticas mauritanas ya son estructuralmente racistas contra la población negra. La comunidad harratín está muy poco representada en el gobierno y aún se practica la esclavitud. Al igual que en otros países del Magreb, la situación es propicia para que las autoridades mauritanas maltraten a las personas que se desplazan, en su mayoría negras.

El pasado mes de mayo, un consorcio de medios de comunicación internacionales publicó una investigación que documentaba «cómo el dinero de la UE permite a los países del Magreb expulsar a los migrantes en medio del desierto». A través de la observación directa y el acceso a documentos no públicos, estes periodistas demuestran que los equipos y recursos humanos proporcionados por la UE permiten a las autoridades locales llevar a cabo detenciones violentas, confinamientos, denegaciones de entrada y deportaciones. Según esta investigación, 50 policías españoles están de servicio entre Nuakchot y Nuadibú, algunos de ellos en centros de detención, para los que la UE va a destinar 500 millones de euros.

En enero de 2024, un mes antes de la visita de la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, les periodistas observaron detenciones por motivos raciales en determinados barrios de Nuakchot. Las personas migrantes detenidas fueron encerradas en centros como la comisaría de Ksar. Cada semana, autobuses llevan personas migrantes a la frontera maliense, donde las dejan “sin recursos”. En estas operaciones también se utilizan vehículos Toyota Hilux donados por España en 2019. Miembros de ACNUR-Mauritania confirman que personas con estatuto de refugiado han sido víctimas de estas deportaciones y enviadas contra su voluntad a Gogui, en la frontera con Malí. En una maniobra hipócrita y cínica, la UE respondió a las solicitudes de les periodistas afirmando que el respeto de los derechos humanos y el derecho a la no devolución eran principios fundamentales de la gestión de la migración.

El aumento de la vigilancia en el mar sigue empujando a las personas en movimiento a asumir mayores riesgos.

Según la misma investigación, en 2023 se realizaron cerca de 3.700 intercepciones en el mar por patrullas conjuntas con la Guardia Civil en aguas mauritanas (según un recuento del Ministerio del Interior español).

La colaboración de la Marina senegalesa con la Guardia Civil y Frontex​​​​​​​ está bien establecida, y cada vez se interceptan más cayucos frente a las costas senegalesas. Además de estas colaboraciones, Frontex recibió luz verde en 2022 para explorar un proyecto de envío de agentes armades para vigilar la migración en África, con Senegal como primer país. Además de estas colaboraciones, Frontex recibió el visto bueno en 2022 para explorar un proyecto de envío de agentes armades para vigilar la migración en África, con Senegal como primer país. La campaña 72h PUSH BACK FRONTEX, liderada por la organización Boza Fii, protesta cada año desde 2021 contra el despliegue de Frontex en Senegal.

En mayo de 2024, la Marina senegalesa interceptó a 554 personas a bordo de cayucos, frente a 269 entre diciembre de 2023 y abril de 2024. Desde 2023, la Marina senegalesa ha aumentado aún más sus capacidades de vigilancia y control, con la entrega de seis aviones por parte de España en octubre “para detectar la salida de embarcaciones de migrantes con destino a las Islas Canarias” , y la compra de tres patrulleras de altura al grupo francés Piriou. La Guardia Civil utiliza aviones y barcos para la vigilancia, y aunque el gobierno senegalés haya dicho al Consejo Superior de Derechos Humanos de la ONU que sólo vigilan y no participan en las interceptaciones, los testimonios indican que interceptan, detienen y luego devuelven a las personas a las autoridades senegalesas. Las embarcaciones de las personas en movimiento deben entonces tomar rutas más arriesgadas para evitar estas patrullas.

Frente a las promesas de visados, las devoluciones forzosas.

En los últimos meses, una asociación senegalesa de apoyo a las personas desplazadas ha constatado expulsiones abusivas de ciudadanes senegalesese residentes en Alemania. Un miembro de AP nos cuenta:

«El 3 de septiembre de 2024, 8 ciudadanes senegaleses, entre elles una mujer enferma mental, aterrizaron en el aeropuerto internacional Blaise Diagne de Dakar. Acompañades por una treintena de policías alemanes, llegaron con las manos vacías. Algunes de elles afirmaron haber recibido una suma de 50 euros, otres nada, pues ya llevaban dinero encima. Uno de los deportados declaró que dos policías se presentaron en su domicilio la mañana del 26 de agosto, hacia las 7 de la mañana, para llevarle a un centro en espera de su deportación. Justo cuando se disponía a ir a trabajar, entraron en su casa sin ningún justificante ni motivo de expulsión.

Lo mismo ocurrió con un senegalés que fue deportado el 9 de octubre de 2024. A diferencia de su predecesor, fue detenido en su lugar de trabajo y llevado a un centro donde pasó 15 días antes de ser deportado, tras pasar 20 años en Alemania. Otro hombre deportado de Alemania que estaba en trámites de asilo confiesa que su procedimiento de expulsión fue iniciado por la persona que gestionaba su expediente. Tras solicitar un permiso de trabajo, que posteriormente le fue denegado, recibió amenazas del mismo funcionario que gestionaba sus expedientes, y acabó iniciando su procedimiento de expulsión.

Comparten experiencias similares de retorno forzoso, y se puede leer en sus rostros la desesperación, el desprecio y la tristeza por la sensación de tener que volver a empezar de cero».

Por lo que respecta a Mauritania, B., activista local de Alarm Phone, nos dice que no tiene conocimiento de ninguna expulsión realizada este año. Sin embargo, en sus declaraciones conjuntas, la UE y Mauritania recuerdan “sus compromisos en virtud de los acuerdos de Samoa” e indican su intención de reforzar la cooperación en materia de retorno y de readmisión, es decir, facilitar la expulsión y la represión de las personas migrantes.

¿Qué podemos esperar en el futuro?

En los últimos 20 años se han firmado numerosos acuerdos entre Senegal, Mauritania y países europeos, como el Accord Relatif à la Gestion Concertée des Flux Migratoires (Acuerdo sobre la gestión concertada de los flujos migratorios) firmado entre Senegal y Francia en 2006. El FFU, Fondo Fiduciario de Emergencia para África, negociado en la cumbre de La Valeta (Malta) en 2015, también incluye numerosos presupuestos destinados a combatir la llamada inmigración irregular. En total, se han inyectado cientos de millones de euros en Senegal y Mauritania con este fin.

El acuerdo del 7 de marzo, firmado en Mauritania, va acompañado de un presupuesto de 210 millones de euros de aquí a finales de 2024. Se trata de un aumento llamativo respecto a los 80 millones de euros recibidos de la UE desde 2015. Varias fuentes hablan de un presupuesto total de 500 millones de euros si tenemos en cuenta las dotaciones subsidiarias para infraestructuras.

Mientras países vecinos cómo Malí, Níger y Burkina Faso cuestionan las alianzas con algunos países de la UE en materia de migración y otros asuntos, esta cooperación reforzada significa más y más dinero para políticas represivas que desprecian las convenciones de derechos humanos, aunque el lenguaje gubernamental intente ocultar esta realidad asesina. Para comprender sus aplicaciones concretas y los efectos que tendrán, debemos hacer un seguimiento de estos acuerdos.

Bajo el título positivo de “Team Europe”, los acuerdos firmados con la UE incluyen la colaboración con Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la Unión Europea (AEUE).

Con el PEMA, la UE profundiza en su método, con el objetivo declarado de procesar a las personas en movimiento lo más lejos posible del continente europeo, llevar a cabo procedimientos de solicitud de asilo acelerados y des-individualizados, y facilitar la “readmisión” (nosotres lo llamamos expulsiones) incluso de niñes a través de centros de tránsito cerrados, para poder expulsar rápidamente a quienes vieron rechazada su demanda de asilo

Si el gobierno mauritano acepta estos acuerdos, se plantea la cuestión de si, en el futuro, Mauritania recibirá a solicitantes de asilo rechazades, independientemente de su país de origen, para luego poder deportarles. Miles de personas ya son detenidas cada año en Mauritania en condiciones muy precarias, y está en marcha la construcción de nuevas prisiones (llamadas “centros de detención”) financiadas por la UE. ¡Una vez más, el régimen fronterizo instaurado por los Estados refuerza el régimen carcelario y castiga a las personas en movimiento que siguen luchando y ejerciendo su libertad de circulación!

5. Marruecos

Los activistas de Alarm Phone Marruecos afirman que

«aunque el PEMA es una nueva reforma, está claro que lo que implica es simplemente una continuación de las anteriores medidas para limitar la inmigración que se pusieron en marcha cuando se creó Frontex. Marruecos es conocido por tener una de las guardias fronterizas más estrictas entre Europa y África. Las medidas introducidas por el Pacto Europeo ya se aplicaban desde hace tiempo, tanto en las fronteras como en los países de tránsito como Marruecos».

La firma de un nuevo acuerdo sobre migración y asilo entre Marruecos y la UE está anunciada desde marzo de 2024. Es difícil encontrar medios de comunicación completamente independientes sobre este asunto, ya que según les activistas se filtra, controla y aprueba por el Estado marroquí, que a su vez está financiado por la UE. El discurso oficial marroquí presume de una gestión de los flujos migratorios respetuosa con los derechos humanos en comparación con otros países mediterráneos:

«(…), aunque Marruecos es una de las principales rutas migratorias hacia Europa, sigue siendo la ruta más segura y protegida. Los rescates en el mar por parte de guardacostas marroquíes son casi cotidianos, lo que no ocurre en la otra orilla del Mediterráneo, donde los migrantes son abandonados a su suerte o redirigidos a países como Libia».

La cuestión del reconocimiento por parte de la UE de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental parece decisiva para que Marruecos acepte desempeñar el papel de “policía de Europa” que el país siempre ha negado.

Mientras que la línea oficial es negarse a someterse a los deseos de la UE y conservar su soberanía sobre la gestión de sus fronteras, la realidad sobre el terreno es muy diferente: continúan las detenciones arbitrarias y racistas a escala masiva, ya sean de mujeres, hombres o incluso personas con estatuto de inmigrante regularizado. Estas atrocidades se ven aún más potenciadas por el PEMA, como explican les activistas en los capítulos siguientes.

5.1 Tánger, Ceuta y la calle de Gibraltar

Al introducir medidas que restringen la libertad de circulación, también se están limitando los derechos a la protección internacional y al asilo. En Marruecos, las personas “migrantes” son vistas generalmente como una amenaza, mientras que las solicitantes de asilo, por el contrario, son vistas como refugiadas potenciales. Por ejemplo, es fácil justificar la detención de alguien que no tiene papeles en regla porque se le puede deportar rápidamente a su país de origen. Pero, de acuerdo con el derecho internacional, en la legislación marroquí sobre migración, les solicitantes de asilo están más protegides que les migrantes, lo que hace más difícil que las autoridades marroquíes detengan a les solicitantes de asilo, aunque su solicitud esté en curso. Sin embargo, en la práctica, las autoridades marroquíes suelen hacer caso omiso del procedimiento formal de asilo. En casos de detención arbitraria, a veces es necesaria la intervención de abogades del ACNUR para conseguir la liberación de les solicitantes de asilo. En los últimos meses, les activistas de Tánger han visto cómo se rechazaban muchas solicitudes de asilo, y cómo algunas veían denegada su tramitación.

También hay muchas asociaciones en Tánger financiadas por la UE con la intención de animar a les desplazades a quedarse en Marruecos. Por ejemplo, en materia de regularización, facilitando considerablemente la obtención de permisos de residencia en Marruecos a las personas procedentes de África Occidental y Central. Estas campañas de regularización llevadas a cabo por el gobierno marroquí para animar a la gente a quedarse sólo sirven para reforzar la intención de la UE de externalizar sus fronteras.

También se ha informado de dificultades cotidianas para las personas que entran en Tánger. Hay policías en todos los autobuses y trenes pidiendo papeles (permisos de residencia) a cualquier persona africana negra que desee viajar a Tánger. Les activistas han presenciado recientemente el caso de un joven guineano que salió de Rabat y saltó del tren por miedo a ser atrapado por la policía en la estación de Tánger-ville, resultó gravemente herido. También en la costa hay radares, drones y otros dispositivos para detectar los movimientos a lo largo de las playas, lo que hace prácticamente imposible el desembarco de un convoy subsahariano en Tánger. Con estas medidas se pretende satisfacer a la UE y contribuir a limitar la llegada de personas a Europa reforzando las medidas en las fronteras. Los controles son mucho más estrictos para les africanes negres que para les marroquíes. Prueba de ello es que casi todos los barcos devueltos a Tánger desde España sólo llevan a bordo personas magrebíes y ni una sola persona negra.

El PEMA también tiene implicaciones para la criminalización del trabajo de Alarm Phone, ya que se hace más difícil comunicar lo que hace la red de una manera que no pueda interpretarse como ilegal. También ha hecho más difícil para Alarm Phone coordinar el rescate de personas en peligro en el mar. Con las nuevas medidas que siguen reforzando las fronteras y reduciendo el número de personas que cogen las pateras, es posible que cada vez haya menos casos de asistencia. Además, como consecuencia del aumento de las restricciones a la migración, les activistas de Tánger han visto cómo muchas personas se apuntaban al retorno voluntario y abandonaban sus planes de viajar a Europa.

El funcionamiento de los guardacostas marroquíes y del Salvamento Marítimo (SM) español también se ha visto afectado a lo largo de los años por las políticas migratorias europeas. Salvamento Marítimo es una organización civil, a diferencia de los guardacostas marroquíes, que son una organización militar. La zona en la que la organización civil puede llevar a cabo operaciones de búsqueda y rescate se ha reducido para ampliar el territorio de la organización militar. Así lo atestiguan los informes que indican que, desde 2018, les activistas no han visto ninguna embarcación de SM cruzando hacia Marruecos.

También ha habido nuevos actores y formas de cooperación en la securitización de la frontera. Recientemente se desplegaron fuerzas auxiliares en respuesta a los recientes intentos de grupos de personas de cruzar la barrera hacia Ceuta. Hemos asistido a una escalada del número de fuerzas de seguridad, financiadas a través de acuerdos de la UE con Marruecos.

Este nuevo pacto refuerza las deficiencias de los pactos anteriores destinados a limitar la inmigración. Los gobiernos han endurecido las cosas, lo que va en contra de la lucha contra las fronteras llevadas a cabo por redes como Alarm Phone. Así que, como activistas, tenemos que saber cómo comunicarnos eficazmente para evitar que nos criminalicen. Sin embargo, como dijo un activista de Alarm Phone: “Si nos mantenemos unides, nos comunicamos bien y mostramos empatía, no creo que nos puedan criminalizar nunca. Y el trabajo continuará hasta el fin del mundo”.

5.2 Nador & Melilla

En Nador, la aplicación del PEMA simplemente refuerza las leyes y medidas opresivas, que ya están en vigor desde hace mucho tiempo. El principal resultado será un mayor refuerzo de los controles fronterizos. Esto ya se manifiesta en una mayor presencia de las fuerzas de seguridad marroquíes en las zonas fronterizas, especialmente en torno a la barrera de Melilla. Los controles se intensifican no sólo a lo largo de la frontera terrestre, sino también en las zonas costeras para impedir los intentos de cruce por mar (véase: sección Nador de nuestro último informe). En el plano jurídico, las restricciones relativas al derecho de asilo no son ninguna novedad. “Las oportunidades de obtener protección internacional son extremadamente limitadas para los inmigrantes irregulares”, comenta A., miembro de AP Nador, sobre este tema. “El procedimiento de asilo sigue siendo opaco y de difícil acceso, especialmente para las personas en movimiento que a menudo no tienen acceso a información jurídica ni a abogades especializades.» (Para más información sobre los retos de la legalización en Marruecos, véase nuestro informe regional de diciembre de 2023)

“Las redes de solidaridad de la región de Nador, aunque cuentan con recursos limitados, siguen resistiendo a las medidas represivas puestas en marcha en virtud del PEMA. Estas redes incluyen asociaciones locales de derechos humanos. Temo nuevas consecuencias perjudiciales para los derechos de los migrantes en la región de Nador. El refuerzo de los controles fronterizos, la criminalización de los migrantes y la restricción del acceso al asilo constituyen grandes retos a los que las comunidades locales y las redes de solidaridad deben enfrentarse a diario”. Dice A.

Noticias de la región de Nador

La migración a través de las rutas de Alborán continúa, casi exclusivamente, por parte de ciudadanes marroquíes y por un precio que alcanza la enorme cantidad de 12.000 euros por persona. Después de Nador y Driouch, el uso de los llamados “barcos fantasma” para transportar a las personas en movimiento se extiende a las costas de Al-Hassima. La AMDH (Asociación por los DDHH en Marruecos) de Nador sospecha que en realidad hay varios intereses en juego para no impedir del todo que las lanchas rápidas se lancen hacia España:

“Hay dos objetivos principales detrás de este tráfico de nacionales marroquíes:

– político: vaciar Marruecos y el Rif de jóvenes para desinflar la crisis social. Recordemos que esta migración forzada de jóvenes marroquíes aumentó considerablemente después de julio de 2017, fecha de la represión del Rif Hirak.

– financiero y rentista: después de perseguir la migración subsahariana de norte a sur, las costas de Nador y Driouch están ahora completamente reservadas para esta migración pagada de marroquíes. Enormes sumas de dinero están en juego […]» (Fuente : post de Facebook de la AMDH del 1 de junio de 2024).

Las cifras oficiales estiman que hay unes 500 menores actualmente (mediados de julio de 2024) en Nador, en condiciones precarias, que intentan salir del país hacia Europa. Y el número parece ir en aumento.

“La agudización de la crisis económica y social, el colapso del sistema educativo y sanitario, y la instrumentalización política del derecho a la inmigración, la movilidad y el cierre total de las fronteras este y norte empujan a más menores y jóvenes a buscar todas las vías para salir del país […]», comenta la AMDH de Nador.

La situación de les menores no acompañades, también llamados “harraga”, es extremadamente difícil (véase también nuestro último informe). Las autoridades no hacen mucho por aliviar su situación. La AMDH denunció incluso en julio el descubrimiento de que un centro de la provincia de Arouit/Nador, que había sido financiado por la Unión Europea para acoger a menores no acompañades, se había transformado, de manera muy cínica, en un cuartel para agentes de policía.

24 de junio

El 24 de junio volvió a ser un día lleno de rabia, dolor y tristeza al conmemorarse la llamada masacre de Melilla, donde decenas de personas fueron asesinadas en las vallas de Melilla por las autoridades en 2022 (ver también informes de Alarm Phone o Caminando Fronteras). Nosotres – y muches otres: el comité de la ONU contra la tortura, partidos políticos, organizaciones de derechos humanos, familiares de las víctimas – seguimos pidiendo una investigación independiente de los hechos que llevaron a la muerte de al menos 37 personas, principalmente de origen sudanés. El número total de víctimas no está claro, al menos 70 personas siguen desaparecidas. Pero en lugar de apoyar una investigación independiente, el jefe de la Guardia Civil en Melilla, Arturo Ortega Navas, ha defendido la actuación de este cuerpo de seguridad aquel 24 de junio. Ortega Navas ha asegurado incluso que, en caso de producirse un suceso similar, las autoridades no actuarían de forma diferente.

Muchos cadáveres han sido enterrados sin identificar tras la masacre, y los familiares siguen en la incógnita sobre el destino de sus seres queridos desaparecidos. Recientemente, la AMDH de Nador pudo recibir la información de que en las semanas previas al aniversario del 24 de junio, alrededor de 51 cuerpos, presumiblemente víctimas de la masacre, fueron enterrados en silencio en el cementerio de Sidi Salem/Nador, después de haber permanecido en la morgue durante 2 años junto a muchos otros (ver: informe de la AMDH).

“La foto de la plaza de los migrantes en el cementerio de Nador resume una de las principales reglas de la política migratoria marroquí: una sola tumba con identidad y convenientemente construida en medio de varias decenas de tumbas precarias sin identidad. Esta regla es: Identificar el menor número posible de migrantes muertos o asesinados y enterrarlos en fosas precarias sin nombre ni nacionalidad para que desaparezcan en pocos años. De este modo, los responsables de estas políticas creen poder borrar todas sus violaciones contra los migrantes, principalmente el número de muertos.” (Fuente: AMDH Nador)

Muchas de las personas que fueron detenidas durante la masacre del 24 de junio fueron condenadas y siguen encarceladas. Pero no sólo continúa la criminalización de las personas en movimiento y de las llamadas redes de tráfico de personas, sino que también se persigue con dureza a quien ayuda a huir. La Fiscalía española solicitó en abril siete años de prisión para un hombre de nacionalidad marroquí de 44 años y un ciudadano portugués de 60, que habían intentado ocultar a dos ciudadanos marroquíes indocumentados entre las ruedas delanteras de un autobús, junto a circuitos eléctricos, mientras viajaban en un ferry a Motril por el mar de Alborán.

Pero la cuestión sigue siendo quiénes son realmente les delincuentes, ya que la guardia fronteriza utiliza la violencia sin ser perseguida, no sólo en las vallas, sino también en el mar. El 22 de agosto se compartió en las redes sociales un vídeo estremecedor en el que se veía cómo una lancha rápida de la Guardia Civil bloqueaba el paso a una pequeña embarcación de 4 personas que se dirigía a Melilla, y finalmente embestía su lancha, mucho más grande, contra y encima de la embarcación más pequeña utilizada por les migrantes. Es un milagro que todos los pasajeros sobrevivieran, aunque según fuentes de la AMDH de Nador fueron encarcelados en Marruecos.

6. Naufragios y personas desaparecidas

El 12 de abril, se encuentran cuatro cadáveres en una embarcación a la deriva frente a Cartagena (España).

El 13 de abril, pescadores brasileños encuentran nueve cadáveres frente a la costa de Pará, en el norte de Brasil. Las autoridades creen que la embarcación, que probablemente se dirigía a las Islas Canarias, había zarpado de la costa mauritana. Podría haber transportado al menos a 25 personas.

El 16 de abril, se encuentra un cadáver en la playa de Aguílas (España).

El 29 de abril (2), un petrolero avistó un cayuco arqueado a unos 110 km de la isla de El Hierro (Canarias). Se rescata a 9 supervivientes. Eran 51 al salir de M’Bour (Senegal) hacia el 17 de abril. 42 personas pierden la vida.

El 6 de mayo aparece un primer cadáver en la costa de La Gomera (Canarias). Los días 7 y 11 de abril se encontraron otros dos cadáveres en las costas de la misma isla. Los expertos en corrientes marinas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria informan de que es poco probable que se trate de las víctimas del naufragio rescatado el 29 de abril al sur de El Hierro. Probablemente estas personas perdieron la vida en otro naufragio (2).

El 9 de mayo, Alarm Phone fue informada de que un cayuco había sido interceptado por las autoridades mauritanas. Dos personas perdieron la vida en el mar y otra se desmayó al llegar. Les supervivientes dijeron que les habían dejado soles, sin apoyo ni cuidados.

El 3 de junio, un joven se ahoga frente a Nador (Marruecos), al no alcanzar la embarcación que debía llevarle a la península.

El 4 de junio, se encuentra un cadáver en la playa de Ceuta, (España). La persona supuestamente ha intentado llegar a nado a la ciudad, ya que llevaba traje de neopreno y aletas.

El 5 de junio, Alarm Phone informa de la desaparición de un barco con 130-150 personas que había zarpado de Nuakchot (Mauritania) una semana antes.

El mismo día, (2),(3) se rescata un cayuco al sur de El Hierro (Islas Canarias). Habían zarpado de Nuakchot (Mauritania) los días 25 y 26 de mayo. El número de muertos a bordo de este buque durante la travesía y a la deriva se estima entre 12 y 50. Una persona no identificada falleció tras ser trasladada al hospital. Caminando Fronteras comunicó que un cayuco con 95 personas a bordo había salido de Mauritania en la fecha del 25-26 de mayo.

El 19 de junio, un barco comercial encuentra una embarcación a 800 km de las Islas Canarias. Según los medios de comunicación, la embarcación había zarpado el 30 de mayo de Mauritania con unas 150 personas a bordo. Hay al menos seis muertos y casi 80 desaparecidos.

El 23 de junio, un barco con 47 personas a bordo llega a El Hierro, Islas Canarias (España). Los servicios sanitarios asisten a las personas y confirman la muerte de una de ellas.

El 1 de julio, 14 hasta más de treinta personas mueren en un naufragio cerca de la costa de Senegal. Varias personas permanecen desaparecidas.

El 1 de julio, según informa Alarm Phone, se produce un naufragio en el Atlántico. Una embarcación con 167 personas procedentes de Senegal se hunde frente a las costas de Mauritania. Las autoridades dan por desaparecidas a más de 50 personas.

El 2 de julio, tres personas siguen desaparecidas en una operación de búsqueda y rescate.

El 4 de julio, al menos 87 personas mueren en un naufragio frente a las costas mauritanas. Sólo 36 personas sobreviven a la tragedia, varias personas permanecen desaparecidas.

El 5 de julio, Alarm Phone informa sobre un barco con 63 viajeros que zarpó de Nuakchot el 24 de junio. La búsqueda sigue en curso, pero la embarcación está desaparecida.

El 6 de julio, un barco con 55 personas llega a El Hierro, Islas Canarias, España. Se encuentra a una persona muerta.

El 7 de julio, una embarcación con 151 personas a bordo llega a las Islas Canarias (España). Una persona no sobrevive a la travesía.

El 8 de julio, se encuentra un cadáver en la playa de Ceuta. Se cree que la persona murió mientras intentaba llegar a nado desde Marruecos a Ceuta (España).

El 10 de julio, se encuentra otro cadáver en la playa de Ceuta (España).

El 11 de julio, una embarcación con 79 personas a bordo es rescatada cerca de Tenerife (España). Se encuentra a una persona muerta.

El 16 de julio, dos personas mueren en el hospital tras su llegada a las Islas Canarias (España). La embarcación con 51 personas a bordo había zarpado de Senegal una semana antes.

El 20 de julio, dos embarcaciones con unas 130 personas a bordo son rescatadas cerca de la isla de Lanzarote (España) . Dos personas no sobrevivieron a la travesía.

El 20 de julio, 196 personas son rescatadas cuando su embarcación se hunde a ~160 km de Dakhla (Sáhara). Entre las personas, las autoridades encuentran un fallecido.

El 20 de julio, Alarm Phone se pone en contacto con una embarcación con 64 personas en peligro frente al Sáhara.  La embarcación se encuentra a la deriva y haciendo aguas. Alarm Phone lamenta la pérdida de dos personas en el Atlántico.

El 21 de julio, se encuentra un cadáver en una playa cercana a Almería (España).

El 6 de agosto aparece en la República Dominicana una embarcación con 14 cuerpos sin vida. Seis meses y medio antes, 77 personas habían partido de Mauritania.

El 7 de agosto aparece un cadáver en la playa de Ceuta. La persona llevaba un traje de neopreno que indica que podría haber intentado llegar a nado a Ceuta (España).

El 11 de agosto, una embarcación con 68 personas es interceptada a 16 km al suroeste de Dajla (Sáhara). Se encuentran dos cadáveres.

El 12 de agosto, Alarm Phone informa de que dos personas han perecido frente a Dajla (Sahara) , cuando intentaban llegar a España en una embarcación que transportaba a 75 personas.

El 13 de agosto, los familiares informan a Alarm Phone de la desaparición de una embarcación con 59 personas que partió de El Aaiún (Sáhara) rumbo a las Islas Canarias (España).

El 14 de agosto, se encuentra un cadáver en la playa de Ceuta, (España).

El 15 de agosto, los medios de comunicación informan de la desaparición de tres jóvenes que la noche anterior habían intentado llegar a nado a la ciudad española de Ceuta.

El 15 de agosto, se encuentra un cadáver cerca de Agadir (Marruecos).

​​​​​​​El 19 de agosto, Alarm Phone es contactado por familiares que buscan una embarcación desaparecida que partió el 6 de agosto con un grupo de 11 personas de Mostaganem (Argelia) rumbo a Cartagena (España). 11 días después, su suerte sigue sin aclararse.

El 30 de agosto, Alarm Phone informa de que una embarcación con 12 personas de Mostaganem (Argelia), vuelca cerca de las costas de Cartagena, España. 10 personas pueden ser rescatadas, pero dos están desaparecidas.

 

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Sobre nuestra terminología

Alarm Phone es una red de activistas voluntaries. La mayoría de les componentes de Alarm Phone en el Mediterráneo occidental y la región atlántica son de origen africano occidental o europeo. En consecuencia, estamos mucho más integrades en las comunidades de personas que se desplazan desde los países de África Occidental que en las comunidades harraga del Magreb. Esto conduce inevitablemente a una infrarrepresentación de las experiencias de este último grupo. La única forma de rectificar este problema es ampliar lo que hacemos y trabajar para construir una verdadera comunidad transnacional de resistencia. Es un trabajo lento y laborioso, pero nos comprometemos a hacerlo.

El lenguaje que utilizamos es importante. Las palabras que utilizamos también llevan el peso de su historia, y esa es una historia de poder. Luchamos constantemente por ver el mundo correctamente y encontrar la descripción adecuada de lo que vemos. No existe un único punto de vista que lo abarque todo. Para ver el mundo correctamente, necesitamos una visión caleidoscópica. Este informe es un esfuerzo colectivo. Muches de les autores no escriben en su lengua materna, y la mayoría de testimonios se ofrecen en una segunda o tercera lengua. Lo consideramos un punto fuerte. No deseamos regimentar el lenguaje utilizado en nuestras descripciones de las personas y sus antecedentes. Mientras que alguien puede rechazar “subsahariano” por implicar inferioridad y preferir “negro” o “africano negro”, otre puede rechazar la racialización implícita en estos últimos términos. Del mismo modo, algunes de nosotres evitamos hablar de “migrantes” y preferimos enfatizar la condición de persona con “personas en movimiento”, pero para otres este lenguaje es quisquilloso y antinatural y somos orgulloses de ser migrantes. Hemos dejado, en la medida de lo posible, las diferentes opciones descriptivas de les autores, especialmente cuando es autore la persona en movimiento.