SV Nadir detained at Molo Commerciale, Lampedusa. Image: Paula Gaess / Resqship
32 organizaciones exigen el fin inmediato de la obstrucción sistemática de las actividades de búsqueda y rescate (SAR) no gubernamentales por parte del Estado italiano. Solo en el último mes, los barcos de ONG han sido detenidos tres veces debido a restricciones legales basadas en acusaciones en virtud del “Decreto Piantedosi” – uno de ellos, el barco de monitoreo Nadir operado por RESQSHIP, ha sido detenido dos veces consecutivas. Mantener deliberadamente alejadas del Mediterráneo Central a las organizaciones de búsqueda y rescate no gubernamentales provoca muchas más muertes en una de las rutas migratorias más mortales del mundo.
A pesar de las numerosas alertas lanzadas por las organizaciones SAR, los barcos de ONG siguen siendo detenidos arbitrariamente desde la adopción del “Decreto Piantedosi” en enero de 2023, situación que se ha agravado con la conversión en ley del “Decreto Flussi” en diciembre de 2024. En el último mes, Nadir y Sea-Eye 5, dos de los barcos más pequeños operados por RESQSHIP y Sea-Eye, fueron detenidos bajo acusaciones de no cumplir con las instrucciones de las autoridades. A ambas tripulaciones se les asignaron puertos extremadamente lejanos y se les pidió realizar desembarcos parciales de personas en función de criterios de vulnerabilidad, a pesar de no contar con la capacidad necesaria para evaluar dichas vulnerabilidades adecuadamente, y arriesgando la separación de miembros de una misma familia.
La aplicación de obstáculos legales y administrativos tiene un objetivo claro: mantener a los barcos SAR alejados de sus zonas de operación, restringiendo drásticamente su presencia activa en el mar. Sin la presencia de los recursos y aeronaves de las ONG, más personas morirán ahogadas mientras intentan cruzar el Mediterráneo Central, y se producirán violaciones de derechos humanos y naufragios sin que nadie lo vea. Los barcos pequeños cumplen un papel fundamental: vigilan la ruta, prestan primeros auxilios a las personas en peligro y, si es necesario, las embarcan hasta que llega un barco más equipado.
Desde febrero de 2023, los barcos de ONG han sido objeto de 29 detenciones, acumulando un total de 700 días inmovilizados en puertos en lugar de salvar vidas en el mar. Además, han pasado 822 días navegando hacia puertos asignados a distancias injustificadas, recorriendo en total 330.000 kilómetros. Lo que al principio afectaba únicamente a los barcos SAR no gubernamentales, se ha extendido también a los barcos más pequeños de monitoreo.
Asimismo, las ONG deben invertir una enorme cantidad de tiempo y recursos económicos en apelar las detenciones administrativas y la legislación restrictiva impuesta de forma arbitraria por Italia.
En los últimos meses, tribunales nacionales – en Catanzaro, Reggio Calabria, Crotone, Vibo Valentia y Ancona – han dictado resoluciones que reconocen la ilegalidad de las detenciones en puerto de barcos de rescate de ONG, anulando las correspondientes multas. En octubre de 2024, el Tribunal de Brindisi solicitó al Tribunal Constitucional italiano que examinara la compatibilidad del “Decreto Piantedosi”, convertido en ley en febrero de 2023, con la Constitución italiana. El 8 de julio de 2025, el Tribunal Constitucional reafirmó que la Ley del Mar no puede ser vulnerada por normas punitivas y discriminatorias, y que cualquier orden contraria a dicha ley debe considerarse ilegal e ilegítima.
¡No prestar asistencia es un crimen!
Según el derecho marítimo internacional, toda persona responsable de una embarcación tiene la obligación de asistir a personas en peligro en el mar. Asimismo, cualquier Estado que opere un Centro de Coordinación de Rescates está legalmente obligado a facilitar y garantizar operaciones de rescate oportunas. Sin embargo, lo que estamos presenciando hoy no es un fracaso estatal, sino un patrón de violaciones deliberadas: ocultamiento de información sobre embarcaciones en peligro, coordinación con los llamados guardacostas libios para devoluciones ilegales – incluso en aguas maltesas – y observación de naufragios o interceptaciones violentas por parte de aeronaves de Frontex sin intervenir.
Estas prácticas constituyen una violación flagrante del Convenio SOLAS, el Convenio SAR, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) y el principio de no devolución (non-refoulement). Cuando los Estados obstaculizan los rescates en lugar de facilitarlo, no están haciendo cumplir la ley: la están infringiendo.
Contexto
En diciembre de 2024 entró en vigor el “Decreto Flussi” (convertido en Ley 145/2024), aprobado por el gobierno italiano en materia de migración y asilo. Endurece aún más las ya restrictivas disposiciones del “Decreto Piantedosi”, incluyendo multas, detenciones y confiscaciones permanentes de embarcaciones SAR. Las nuevas disposiciones permiten confiscar barcos responsabilizando a los propietarios por violaciones repetidas, independientemente de quién sea el capitán. Esto representa una nueva escalada en la obstrucción dirigida contra el trabajo de las ONG SAR en el Mediterráneo Central.
Hace diez años, las ONG de búsqueda y rescate comenzaron a cubrir el vacío mortal dejado por la Unión Europea y sus Estados miembros en el Mediterráneo Central. Mientras la UE se centra cada vez más en el control y externalización de fronteras para evitar cualquier llegada a las costas europeas, más de 175.500 personas han sido rescatadas por barcos de ONG desde entonces. No obstante, desde 2017, los actores SAR se enfrentan a una criminalización y obstrucción sistemática crecientes debido a leyes y políticas restrictivas que contradicen el derecho marítimo internacional y los derechos humanos.
Exigimos:
- La derogación inmediata de los Decretos Piantedosi y Flussi, el fin de las exigencias inhumanas a los barcos de rescate de realizar desembarcos parciales, y el cese de la asignación de puertos lejanos. Según el derecho marítimo internacional, las personas rescatadas deben desembarcar sin demora en el lugar seguro más cercano y no sufrir largos trayectos por razones políticas.
- La liberación inmediata del velero de monitoreo Nadir y el fin de la obstrucción y criminalización de las actividades SAR no gubernamentales.
- Que los Estados miembros de la UE cumplan con su deber de rescatar personas en el mar y respeten el derecho internacional. Las autoridades deben proporcionar a los barcos de ONG todo el apoyo necesario para coordinar los rescates y asumir su responsabilidad en la asistencia a personas en peligro.
- La creación de un programa europeo de búsqueda y rescate, financiado y coordinado por la UE.
- Vías seguras y legales hacia Europa para evitar que las personas se vean forzadas a embarcarse en travesías peligrosas a bordo de embarcaciones no aptas.
Firmantes:
- Association for Juridical Studies on Immigration (ASGI)
- borderline-europe, Human rights without borders e.V.
- Captain Support Network
- Cilip | Bürgerrechte & Polizei
- CompassCollective
- CONVENZIONE DEI DIRITTI NEL MEDITERRANEO
- EMERGENCY
- European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR)
- Gruppo Melitea
- iuventa-crew
- LasciateCIEntrare
- Maldusa project
- Médecins Sans Frontières
- MEDITERRANEA Saving Humans
- MEM.MED Memoria Mediterranea
- migration-control.info project
- MV Louise Michel project
- Open Arms
- RESQSHIP
- r42 Sail And Rescue
- Refugees in Libya
- Salvamento Marítimo Humanitario (SMH)
- SARAH-Seenotrettung
- Sea-Eye
- Sea Punks e.V
- Sea-Watch
- SOS Humanity
- SOS MEDITERRANEE
- Statewatch
- Tunisian Forum for Social and Economic Rights FTDES
- United4Rescue
- Watch the Med Alarm Phone
